Alejandra Mejía Resendiz

Expediente 1804/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1804/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
22/10/2015

Partes del expediente

  • Alejandra Mejía Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa número 98/2015; en consecuencia, acúsese recibo de estilo. Ahora, por cuanto hace a la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino que: ."Es infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa , por conducto de su autorizada, contra el auto precisado en el resultado segundo de esta resolución". Consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...IV

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo de Distrito, de cuyo contenido se desprende que acusa recibo del diverso 8035, con el que le fueron remitidas las constancias relativas al recurso de queja, interpuesto por ALEJANDRA MEJÍA RESÉNDIZ, en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil quince, que desecho la demanda de garantías, mismo que admitió y radicó bajo el número 98/2015... MESA IV

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del auto dictado el veinticuatro de julio de dos mil quince del presente asunto, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I. inciso a) 98, 99, 100 y 101 de la ley de amparo; ríndase el informe justificado sobre la ,materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, mas no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el escrito original del escrito de queja, copia del mismo y las copias certificadas que la parte quejosa señala y que son necesarias para la sustanciación del recurso interpuesto... MESA IV

  4. Principal

    Visto; el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecisiete de julio de dos mil quince, remite copia certificada de la resolución emitida en autos del juicio de amparo 1395/2014-II. Misma que constancia que remitió el el Administrador Local Jurídico de Querétaro, del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, del análisis de las constancias referidas en el párrafo que antecede, se advierte que la demanda de amparo interpuesta por el quejoso Alejandro Mejía Reséndiz, es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DESECHAMIENTO: En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de garantías, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. La segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de garantías del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." En este mismo sentido, por las razones que contiene, la tesis 1a. XIX/93, perteneciente a la octava época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994, página 8; con rubro y texto: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable." Y, finalmente, la tesis XII.1o.4 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Enero de 1996, página 305, con rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó esencialmente que le fue impuesta una multa por el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en autos del juicio de amparo 1395/2014-II, sin que el auto mediante el cual fuera apercibido, le haya sido debidamente notificado, pues fue hasta que recibió la notificación de la resolución pronunciada en el recurso de revocación RR-60/15, emitida por el Administrador Local Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, que tuvo conocimiento del acto que reclama. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Entonces, con la crónica de antecedentes procesales plasmada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se constata que se trata de actos que emanan del citado juicio de amparo número 1395/2015-II, promovido por IVÁN GONZÁLEZ LARA, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones de una autoridad jurisdiccional federal en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, ya que la ley no distingue, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor. De igual manera es aplicable la Tesis IV.1o./K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Son aplicables todos los anteriores criterios en forma análoga, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Por tanto, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia antes invocadas, en relación a cada uno de los actos reclamados. . .IV

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