Alejandra Medina Ibarra

Expediente 968/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
968/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Alejandra Medina Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, por medio del cual en cumplimiento al fallo protector de la sentencia de amparo, remite diversas constancias en cumplimiento al mismo, al respecto, agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, y se acordara lo conducente una vez que cause ejecutoria el presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 27 de mayo de 2019, el cual dice: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por medio del cual remite copia certificada de las constancias con las que a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado a la parte quejosa con las constancias de referencia para que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que obra en copia simple. En otro contexto, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que la siguiente autoridad, en el ámbito de su respectiva competencia, debe realizar lo siguiente: Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Dicte el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral 1013/2016. Distribuya el mismo a los miembros de dicho órgano laboral. Señale hora y fecha para la audiencia de discusión y votación. En caso de existir diligencias pendientes por desahogar, las lleve a cabo, o en caso contrario, eleve a la categoría de definitivo dicho proyecto. El Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Una vez que se dicte el laudo, de inmediato lo notifique a las partes En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y al Actuario Notificador adscrito a dicha junta, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este Órgano Jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. En otro contexto, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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