Alejandra Medina Aleman

Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Medina Aleman
  • María Minerva Serrano Mesta
  • MARÍA MINERVA SERRANO MESTA y Otros.
  • Araceli Contreras Partida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a sus antecedentes para que obre como legalmente corresponda el escrito de Gerardo Covarrubias Huizar, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales anexadas al escrito de demanda. Devolución de documento original. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, como lo solicita el promovente, hágasele la devolución de dichos documentos, previa copia certificada que a su costa se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia, autorizando para que en su nombre y representación la reciba a las personas que indica; en el entendido que si tratándose de documentos exhibidos en copia, se deberá dejar copia simple del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de dieciséis de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo"; Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998 página 241, registro digital 196442, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este orden de ideas, la parte quejosa reclamó en el juicio de amparo la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo y de notificarlo, en el juicio laboral 287/2017 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión acudiendo a esta instancia constitucional; sin embargo, del informe con justificación y de las documentales exhibidas en apoyo a éste, se desprende que los integrantes de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, emitieron acuerdo el doce de agosto de dos mil veintidós, en el que determinaron que una vez que se tenga certeza jurídica de las investigaciones que practicará la Fiscalía General de la República en diversas carpetas de investigación, dicho Tribunal laboral acordará lo procedente sobre la petición de señalar audiencia y dictar resolución al incidente de liquidación de laudo; por lo que, negó acordar favorable la solicitud de la parte aquí quejosa. En consecuencia, es evidente que aun cuando la autoridad responsable no emitió acuerdo favorable a la pretensión de la parte aquí quejosa, es decir, aun cuando subsiste la omisión reclamada, ya fue modificado el entorno dentro del cual se suscitó porque la autoridad laboral dictó acuerdo en el que determinó no resolver lo relativo al incidente de liquidación de laudo en el juicio de origen, hasta en tanto tenga noticia de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la Republica sobre posible desvió de recursos oficiales del Instituto demandado aquí tercero interesado, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional -la omisión de resolver el incidente de liquidación y su notificación-, no sería posible resolver sobre esto, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la suspensión del procedimiento de ejecución en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Sin que obste a lo anterior que en el presente asunto se haya decretado la suspensión del procedimiento, virtud a que encuentra tramitando un incidente de falta de personalidad promovido por la parte tercero interesada, puesto que las causales de sobreseimiento son de orden público y estudio preferente; en ese sentido, atendiendo al sobreseimiento decretado en el presente asunto, se declara sin materia el incidente de falta de personalidad. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo"; Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998 página 241, registro digital 196442, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este orden de ideas, la parte quejosa reclamó en el juicio de amparo la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo y de notificarlo, en el juicio laboral 287/2017 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión acudiendo a esta instancia constitucional; sin embargo, del informe con justificación y de las documentales exhibidas en apoyo a éste, se desprende que los integrantes de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, emitieron acuerdo el doce de agosto de dos mil veintidós, en el que determinaron que una vez que se tenga certeza jurídica de las investigaciones que practicará la Fiscalía General de la República en diversas carpetas de investigación, dicho Tribunal laboral acordará lo procedente sobre la petición de señalar audiencia y dictar resolución al incidente de liquidación de laudo; por lo que, negó acordar favorable la solicitud de la parte aquí quejosa. En consecuencia, es evidente que aun cuando la autoridad responsable no emitió acuerdo favorable a la pretensión de la parte aquí quejosa, es decir, aun cuando subsiste la omisión reclamada, ya fue modificado el entorno dentro del cual se suscitó porque la autoridad laboral dictó acuerdo en el que determinó no resolver lo relativo al incidente de liquidación de laudo en el juicio de origen, hasta en tanto tenga noticia de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la Republica sobre posible desvió de recursos oficiales del Instituto demandado aquí tercero interesado, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional -la omisión de resolver el incidente de liquidación y su notificación-, no sería posible resolver sobre esto, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la suspensión del procedimiento de ejecución en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Sin que obste a lo anterior que en el presente asunto se haya decretado la suspensión del procedimiento, virtud a que encuentra tramitando un incidente de falta de personalidad promovido por la parte tercero interesada, puesto que las causales de sobreseimiento son de orden público y estudio preferente; en ese sentido, atendiendo al sobreseimiento decretado en el presente asunto, se declara sin materia el incidente de falta de personalidad. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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