Alejandra Martínez Hernández

Expediente 1819/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1819/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Martínez Hernández
  • Motal Panorámico S.A

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguense el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante los cuales allega copia certificada del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y de la resolución incidental contra actos del Actuario en el expediente 47/E03/2000 dictada el treinta ulterior, con lo que pretende cumplir la ejecutoria dictada en el presente asunto. ...con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo con el oficio de cuenta y su anexo dése vista a las partes por el término de tres días computado a partir de que el presente proveído sea notificado para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con base en los elementos que obren en el expediente y en los datos aportados por la autoridad. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta se advierte que las partes fueron notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que se hayan inconformado con dicho fallo; por lo tanto, con fundamento en el cardinal 2 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de aquella ley se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes...con fundamento en los arábigos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo cumpla la ejecutoria de amparo, o bien, informe los actos realizados para ese efecto, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciséis y con fundamento en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente agréguese el escrito firmado por el apoderado de la quejosa y sobre el particular infórmese que deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO ******************** S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo********************; promovido por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra los actos que reclama del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad; y, Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado, ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "LA RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022, dictada dentro del expediente ********************." Segundo. Previa aclaración de la demanda, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ********************. Cuarto. (existencia del acto reclamado). El Auxiliar Jurídico de la junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso las partes no hacen valer causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta autoridad advierte alguna que deba hacerse valer de oficio. No se soslaya que el juicio de amparo que se promueve, fue emitido dentro del período de ejecución; sin embargo, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En atención a que en el caso concreto, en la resolución relativa al recurso de revisión de actos de ejecución del actuario, la junta responsable determinó: "PRIMERO:- Se declara PROCEDENTE el Recurso de Revisión en contra de actos del Actuario, planteado por el apoderado legal de la parte actora incidentista (demandada en el juicio principal, mediante escrito de fecha 16 de enero del 2022, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 11 de enero de 2002; por las razones y consideraciones asentadas en el considerando que antecede a los presentes puntos resolutivos. SEGUNDO.- Y en consecuencia queda sin efectos la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 11 de enero de 2002, debiéndose continuar con el procedimiento de ejecución." Por tanto, sí la resolución reclamada tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el laudo, sino por el contrario, no ejecutar el mismo; es indudable, que en el caso concreto procede el juicio de amparo indirecto. Al respecto se cita el criterio sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3737, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FUNDADA LA REVISIÓN DE LOS ACTOS DEL ACTUARIO EJECUTOR POR VICIOS EN EL EMBARGO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con los actos dictados después de concluido el juicio, que el primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo contempla una regla general consistente en que contra los actos dictados después de concluido el juicio sí procede el juicio de amparo indirecto cuando el acto tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como por ejemplo, la resolución que fija en cantidad líquida la condena, porque su objeto es cuantificarla y no ejecutar dicha sentencia. Por otro lado, el segundo párrafo de dicha fracción prevé una regla específica, relativa a que procede el amparo indirecto contra los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, pero solamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y, tratándose de remates, únicamente podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este último supuesto, consideró que existen casos de excepción de procedencia del juicio de amparo indirecto, por ejemplo, cuando el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata, como son los dictados en ejecución de sentencia que son independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que pueden generar al quejoso una afectación directa e inmediata a sus derechos sustantivos, verbigracia, cuando la persona física que actuó como autoridad reclama la imposición de una multa, en cuyo caso, debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto o patrimonio de la dependencia de gobierno, por lo que esa sanción es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física, afectando su esfera jurídica; caso en el que determinó que se puede aplicar, por analogía, la fracción IV del citado numeral. Asimismo, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la contradicción de tesis 348/2010 de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 90/2011, de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR.", determinó que debe atenderse a la ratio legis del artículo y fracción en comento, que consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de juicios de amparo. De ello se concluye que cuando el acto reclamado se hace consistir en la resolución incidental dictada en el procedimiento de ejecución, mediante la cual se declara fundada la revisión de los actos del actuario ejecutor por vicios en el embargo, interpuesta por el demandado que resultó condenado en el laudo, se está en el supuesto de que en su contra procede el juicio de garantías, por tratarse de un acto que no pretende impedir la ejecución, sino por el contrario, al promover el juicio constitucional, el actor podrá cuestionar la legalidad de esa determinación, a efecto de que subsista el embargo para cumplir la condena decretada a su favor." (Lo resaltado es nuestro) Asimismo, por identidad jurídica se cita la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 810, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Sexto. Análisis sistemático de los conceptos de violación. Al no existir alguna causa de improcedencia que obligue al sobreseimiento en el presente juicio de garantías, procede a analizar los conceptos de violación externados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en atención a que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no ordena que deban transcribirse en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, que al rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son fundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, aunque para ello se supla de oficio, la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Con la finalidad de precisar lo anterior, se procede al análisis de las constancias vinculadas con el acto reclamado, que adjuntó la autoridad responsable como apoyo a su informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las que se advierte lo siguiente: 1.- El siete de diciembre de dos mil uno, el Presidente de la Junta responsable despachó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la empresa demandada Motel Panorámico, Sociedad Anónima, por la cantidad de $46,117.54. 2.- El once de enero de dos mil dos, el actuario adscrito a la autoridad responsable, llevó a cabo la diligencia encomendada, en la que embargó el inmueble de la empresa demandada. 3.- Por escrito de dieciséis de enero de dos mil dos (foja 159), el licenciado ********************, en su carácter de apoderado legal de la parte demandada, a promover recurso de revisión de actos de ejecución, respecto de los actos del actuario, consistente en la diligencia de once de enero de dos mil dos, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado por el Presidente de la Junta responsable. 4.- Por auto de once de marzo de dos mil dos (foja 164), el Presidente de la junta responsable fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos ante dicha presidencia, por cuanto hace a la procedencia o improcedencia del citado recurso de revisión. 5.- El dos de abril de dos mil dos, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en relación con el recurso de revisión de actos de ejecución del actuario, ante la Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 6.- El siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 385), la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, resolvió el recurso de revisión de actos en contra del actuario. Al respecto, en el considerando primero, la junta responsable expuso: "PRIMERO.- La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión en contra Actos del C. Actuario, lo anterior con fundamento en lo que disponen los artículos 761, 762, 763, 849, 850, fracción I, 851, 852, de la Ley Federal del Trabajo." Los citados artículos contenidos en la Ley Federal del Trabajo vigente en la fecha en que se promovió el recurso de revisión (2002), disponen: Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá. Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley. Ahora bien, del contenido de la fracción II, del artículo 850 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época de la promoción del recurso de revisión, se advierte que de la revisión conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y, en el caso concreto, la revisión de actos de ejecución del actuario, la admitió a trámite el Presidente de la Junta responsable, asimismo, llevó a cabo la audiencia incidental de pruebas y alegatos, es indudable que el facultado para resolver dicho recurso lo es el Presidente de la Junta y no ésta en pleno, pues le compete a dicho presidente, la facultad de revocarlos, confirmarlos o modificarlos. Luego, si la Junta en pleno resolvió el recurso de revisión de actos de ejecución del actuario, sin que los preceptos que invoca en la resolución reclamada le otorguen facultades para resolver dicho recurso, es indudable que transgrede en perjuicio del solicitante del amparo sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución y por ende, el artículo 850, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época de la promoción del recurso de revisión. Por consiguiente, al estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que la Junta responsable: 1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del juicio laboral número ********************. 2.- Emita una nueva resolución en la que determine que no tiene facultades para resolver el recurso de revisión contra actos de ejecución del actuario y por ende, remita el expediente al Presidente de la Junta a efecto de que se pronuncie sobre el recurso de revisión. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. En términos y para los efectos que se precisan en la parte final del último considerando, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclama del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy ocho de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. En esta fecha se generó el oficio a la autoridad correspondiente. Conste.JUICIO DE AMPARO ******************** S E N T E N C I AVistos, para resolver, los autos del juicio de amparo********************; promovido por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra los actos que reclama del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad; y, Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado, ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "LA RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022, dictada dentro del expediente ********************." Segundo. Previa aclaración de la demanda, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ********************. Cuarto. (existencia del acto reclamado). El Auxiliar Jurídico de la junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso las partes no hacen valer causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta autoridad advierte alguna que deba hacerse valer de oficio. No se soslaya que el juicio de amparo que se promueve, fue emitido dentro del período de ejecución; sin embargo, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En atención a que en el caso concreto, en la resolución relativa al recurso de revisión de actos de ejecución del actuario, la junta responsable determinó: "PRIMERO:- Se declara PROCEDENTE el Recurso de Revisión en contra de actos del Actuario, planteado por el apoderado legal de la parte actora incidentista (demandada en el juicio principal, mediante escrito de fecha 16 de enero del 2022, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 11 de enero de 2002; por las razones y consideraciones asentadas en el considerando que antecede a los presentes puntos resolutivos. SEGUNDO.- Y en consecuencia queda sin efectos la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 11 de enero de 2002, debiéndose continuar con el procedimiento de ejecución." Por tanto, sí la resolución reclamada tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el laudo, sino por el contrario, no ejecutar el mismo; es indudable, que en el caso concreto procede el juicio de amparo indirecto. Al respecto se cita el criterio sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3737, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FUNDADA LA REVISIÓN DE LOS ACTOS DEL ACTUARIO EJECUTOR POR VICIOS EN EL EMBARGO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con los actos dictados después de concluido el juicio, que el primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo contempla una regla general consistente en que contra los actos dictados después de concluido el juicio sí procede el juicio de amparo indirecto cuando el acto tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como por ejemplo, la resolución que fija en cantidad líquida la condena, porque su objeto es cuantificarla y no ejecutar dicha sentencia. Por otro lado, el segundo párrafo de dicha fracción prevé una regla específica, relativa a que procede el amparo indirecto contra los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, pero solamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y, tratándose de remates, únicamente podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este último supuesto, consideró que existen casos de excepción de procedencia del juicio de amparo indirecto, por ejemplo, cuando el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata, como son los dictados en ejecución de sentencia que son independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que pueden generar al quejoso una afectación directa e inmediata a sus derechos sustantivos, verbigracia, cuando la persona física que actuó como autoridad reclama la imposición de una multa, en cuyo caso, debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto o patrimonio de la dependencia de gobierno, por lo que esa sanción es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física, afectando su esfera jurídica; caso en el que determinó que se puede aplicar, por analogía, la fracción IV del citado numeral. Asimismo, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la contradicción de tesis 348/2010 de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 90/2011, de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR.", determinó que debe atenderse a la ratio legis del artículo y fracción en comento, que consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de juicios de amparo. De ello se concluye que cuando el acto reclamado se hace consistir en la resolución incidental dictada en el procedimiento de ejecución, mediante la cual se declara fundada la revisión de los actos del actuario ejecutor por vicios en el embargo, interpuesta por el demandado que resultó condenado en el laudo, se está en el supuesto de que en su contra procede el juicio de garantías, por tratarse de un acto que no pretende impedir la ejecución, sino por el contrario, al promover el juicio constitucional, el actor podrá cuestionar la legalidad de esa determinación, a efecto de que subsista el embargo para cumplir la condena decretada a su favor." (Lo resaltado es nuestro) Asimismo, por identidad jurídica se cita la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 810, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Sexto. Análisis sistemático de los conceptos de violación. Al no existir alguna causa de improcedencia que obligue al sobreseimiento en el presente juicio de garantías, procede a analizar los conceptos de violación externados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en atención a que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no ordena que deban transcribirse en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, que al rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son fundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, aunque para ello se supla de oficio, la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Con la finalidad de precisar lo anterior, se procede al análisis de las constancias vinculadas con el acto reclamado, que adjuntó la autoridad responsable como apoyo a su informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las que se advierte lo siguiente: 1.- El siete de diciembre de dos mil uno, el Presidente de la Junta responsable despachó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la empresa demandada Motel Panorámico, Sociedad Anónima, por la cantidad de $46,117.54. 2.- El once de enero de dos mil dos, el actuario adscrito a la autoridad responsable, llevó a cabo la diligencia encomendada, en la que embargó el inmueble de la empresa demandada. 3.- Por escrito de dieciséis de enero de dos mil dos (foja 159), el licenciado ********************, en su carácter de apoderado legal de la parte demandada, a promover recurso de revisión de actos de ejecución, respecto de los actos del actuario, consistente en la diligencia de once de enero de dos mil dos, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado por el Presidente de la Junta responsable. 4.- Por auto de once de marzo de dos mil dos (foja 164), el Presidente de la junta responsable fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos ante dicha presidencia, por cuanto hace a la procedencia o improcedencia del citado recurso de revisión. 5.- El dos de abril de dos mil dos, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en relación con el recurso de revisión de actos de ejecución del actuario, ante la Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 6.- El siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 385), la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, resolvió el recurso de revisión de actos en contra del actuario. Al respecto, en el considerando primero, la junta responsable expuso: "PRIMERO.- La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión en contra Actos del C. Actuario, lo anterior con fundamento en lo que disponen los artículos 761, 762, 763, 849, 850, fracción I, 851, 852, de la Ley Federal del Trabajo." Los citados artículos contenidos en la Ley Federal del Trabajo vigente en la fecha en que se promovió el recurso de revisión (2002), disponen: Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá. Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley. Ahora bien, del contenido de la fracción II, del artículo 850 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época de la promoción del recurso de revisión, se advierte que de la revisión conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y, en el caso concreto, la revisión de actos de ejecución del actuario, la admitió a trámite el Presidente de la Junta responsable, asimismo, llevó a cabo la audiencia incidental de pruebas y alegatos, es indudable que el facultado para resolver dicho recurso lo es el Presidente de la Junta y no ésta en pleno, pues le compete a dicho presidente, la facultad de revocarlos, confirmarlos o modificarlos. Luego, si la Junta en pleno resolvió el recurso de revisión de actos de ejecución del actuario, sin que los preceptos que invoca en la resolución reclamada le otorguen facultades para resolver dicho recurso, es indudable que transgrede en perjuicio del solicitante del amparo sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución y por ende, el artículo 850, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época de la promoción del recurso de revisión. Por consiguiente, al estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que la Junta responsable: 1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del juicio laboral número ********************. 2.- Emita una nueva resolución en la que determine que no tiene facultades para resolver el recurso de revisión contra actos de ejecución del actuario y por ende, remita el expediente al Presidente de la Junta a efecto de que se pronuncie sobre el recurso de revisión. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. En términos y para los efectos que se precisan en la parte final del último considerando, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclama del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede y toda vez que de la certificación realizada por el Secretario se desprende que la audiencia constitucional celebrada dentro del expediente 1819/2022, se celebró a las once horas del veintidós de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Alejandra Martínez Hernández, representante legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se dicte sentencia dentro del presente asunto. En atención a lo anterior, dígasele que una vez que las labores de este juzgado lo permitan, se dictará la sentencia correspondiente, la cual será notificada de manera personal. Una vez dictada la resolución constitucional, sin posterior acuerdo, glósese el presente cuadernillo de antecedentes al expediente del que deriva. Notifíquese.

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