Alejandra Martinez Gomez
Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandra Martinez Gomez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por Alejandra Martínez Gómez, por propio derecho, contra actos del Magistrados que Integran la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Integración del expediente. Fórmese el expediente 886/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Determinación jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Alejandra Martínez Gómez, por propio derecho, ya que, como se explicara más adelante se actualizan una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Asimismo, en la narración a su conceptos de violación señala: Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113, de la ley de la materia, el suscrito procede al estudio de las causales de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procedería al desechamiento de plano de la demanda. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, V, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;... En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un juicio procede cuando éstos sean de imposible reparación en su persona o bienes, pero que necesariamente deben de aparecer durante la tramitación del proceso respectivo a partir del auto en que se admita la demanda y hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, porque una vez dictada ésta, no podrán repararse las violaciones que hubiesen acontecido en el transcurso del juicio, aún en el evento de que resultase favorable la resolución definitiva al afectado. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Anteriormente, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en juicio estaba regulada en el artículo 114, fracción IV. Si bien este precepto permitía la impugnación de ese tipo de actos, ello estaba acotado a que su ejecución sobre las personas y las cosas fuera de imposible reparación. Dado que conforme a la Ley de Amparo abrogada el legislador no estableció qué debía entenderse por actos de ejecución irreparable o de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por aquéllos debía entenderse los que afectaran de manera inmediata y directa derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y, como complemento de ello, que la afectación fuera de grado predominante o superior sobre las partes, tal y como se advierte de la tesis P./LVII/2004, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, pagina nueve. No obstante, conforme a la Ley de Amparo en vigor, aplicable al presente caso, el legislador precisó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio. Para tal efecto, en el artículo 107, fracción V, condicionó la procedencia a dos notas distintivas, primero, que la afectación fuera de carácter material y, segundo, que recayera sobre derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera parte. De esta manera, el legislador incorporó uno de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había considerado para los actos dictados en juicio, esto es, la afectación material a derechos sustantivos; sin embargo, no incluyó lo relativo a la afectación en grado predominante o superior, como criterio complementario. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo material, en oposición a formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes de la sentencia interlocutoria definitiva y, además, que esa afectación recaiga sobre un derecho sustantivo, en oposición a adjetivo, es decir, sobre derechos que van más allá de las reglas que regulan un determinado procedimiento o alguna cuestión inherente a él. Bajo esa tesitura, al haber cambiado sustancialmente el marco normativo sobre los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo anterior, implica que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, pero no procesales, con independencia del grado de afectación que generen, consideraciones que son exactamente aplicables a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, como del que deriva el acto reclamado. Aunado a ello, con el nuevo marco normativo la imposibilidad de reparación ahora se refiere a la afectación de un derecho sustantivo y no procesal, con independencia de si este último es reparable o no con la resolución de fondo, es decir, con anterioridad a la Ley de Amparo vigente la irreparabilidad de un acto intraprocesal dependía de si al dictarse la resolución definitiva podía repararse la violación procesal; sin embargo, eso ya no es así, pues ahora la irreparabilidad depende de si el acto intraprocesal afecta directamente un derecho sustantivo. De modo que resulta válido sostener que las afectaciones procesales en grado predominante o superior han dejado de ser parámetro para identificar los actos de imposible reparación, pues éstos únicamente pueden ser aquellos que afectan, por sí mismos, derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgador advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a la causa advertida. Razones de la improcedencia. Es importante destacar que, en esencia, la parte quejosa reclama la sentencia del recurso de reclamación de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente 9710/20-17-09-4 del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que se resolvió procedente y parcialmente fundado dicho recurso interpuesto por la aquí quejosa, confirmado el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte por el cual se desechó la demanda de nulidad. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda se desprende que mediante interlocutoria de seis de abril de dos mil veintiuno, se revocó parcialmente el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de nulidad en contra de la concesión de pensión número SP 0769876 de uno de enero de dos mil ocho emitida por el Delegado Regional Zona Poniente del Distrito Federal, ahora Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por lo que, se ordenó admitir parcialmente la demanda de nulidad. A partir de lo expuesto, se tiene como primera premisa que se está ante actos dictados en juicio, específicamente en los autos del expediente 9710/20-17-09-4 del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No obstante ello, dicha resolución no es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que la afectación que produce no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos. Es decir, esa resolución no se trata de una definitiva ni de un acto de imposible reparación en la medida en que no afecta derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte, sino que, en su caso, sólo afecta derechos procesales dentro del juicio de nulidad y, en consecuencia, la violación alegada debe, en caso de trascender al resultado del fondo, hacerla valer cuando impugne la resolución definitiva de dicho procedimiento. En ese sentido, el hecho de que en la resolución reclamada se haya confirmado el desechamiento de la instancia promovida por la ahora parte quejosa; de las propias manifestaciones de la parte quejosa se advierte que el procedimiento se encuentra en trámite, dado que se revocó de manera parcial dicho desechamiento; por tanto esa resolución que reclama, no da por concluido el juicio de nulidad. De lo que se tiene que la resolución reclamada no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, en virtud de que no se afectan derechos sustantivos del promovente del juicio de forma directa e inmediata por ser actuaciones intraprocesales, de manera que no puedan repararse las violaciones cometidas en la resolución definitiva que se dicte, por lo que no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, sino hasta la resolución definitiva que culmine con dicho procedimiento, siendo ese momento en que puede alegarse en contra de las violaciones procedimentales que acontecieron durante el mismo. Además, en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de origen resulte adversa a los intereses de la parte quejosa, estará en posibilidad de combatirla a través del juicio de amparo directo, en donde podrá expresar argumentos contra las violaciones que, a su juicio, se hayan cometido en el procedimiento respectivo, incluyendo las que estime se cometieron con la resolución que aquí reclama, de conformidad con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, ya que prevé la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento que afecten la defensa del quejoso transcendiendo al resultado del fallo; por el contrario, de resultarle favorable la sentencia, no habrá surgido afectación alguna con el dictado de la resolución reclamada. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1558, de rubro y texto siguientes: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002].En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente. Asimismo, la PC.XVI.A. J/33 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1561, del tenor literal siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002]. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal. De modo que el acto reclamado, aun cuando sea intraprocesal, no tiene una ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, e incluso las violaciones procesales que se pudieran generar son de carácter formal y vinculadas con cuestiones procesales, susceptibles de ser reparadas en la medida en que trasciendan al resultado final. Así, en la especie, el análisis de la demanda de amparo es suficientemente claro como para advertir e identificar la naturaleza de los actos reclamados, es decir, no existe la menor duda de que se trata de un acto dictado dentro de juicio, cuyas consecuencias no rebasan lo puramente procesal. De ahí que no pueda considerarse que el acto "sea" de imposible reparación, en términos de la Ley de Amparo, ya que ello en sí no impide el ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, y en todo caso, se traduce en violaciones de carácter adjetivo y procesal, susceptible de ser reclamada en conjunto con la resolución definitiva o que ponga fin al juicio natural; de manera que no puede estimarse que se trate de actos de ejecución irreparable. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta; y, (iv) existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulta exactamente aplicable. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Aunado a lo anterior, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, al resolver la contradicción de tesis 96/2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que desde la presentación de la demanda de amparo, es posible analizar la naturaleza del acto reclamado y, en caso de que se haya emitido dentro de un juicio, también se puede analizar si las afectaciones aducidas son materialmente sustantivas o meramente procesales, por lo que de acontecer esto último, se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que amerita el desechamiento de la demanda, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: este Tribunal Pleno considera que los juzgadores tienen la facultad de analizar la naturaleza del acto reclamado, al momento de recibir la demanda de amparo y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, concluir mediante elementos objetivos la actualización de una causal de improcedencia en relación con dicha naturaleza, por resultar notoria y manifiesta, en tanto que la conclusión a la que puedan llegar en ese primer momento, de ninguna forma variaría si se desahoga el procedimiento, pues la naturaleza y los efectos de ese acto procesal que deben analizarse, no pueden variar en el proceso y aun en ese caso, su análisis debe ser en el momento en el que fueron reclamados. Lo anterior dio lugar a la P./J. 32/2016 (10a.), que lleva por rubro: ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conclusión. Al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de este ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios a Marcos Rosales Morales, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo. Respecto de la demás personas que menciona dígaseles que una vez que registren su cédula profesional en el en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se acordara lo conducente; hasta en tanto, únicamente se les tiene para efectos de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de datos personales y transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión; quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
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