Alejandra Martínez García
Expediente 1592/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1592/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/09/2023
Partes del expediente
- Alejandra Martínez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio suscrito por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, en el que se acompaña testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 872/2023, interpuesto por el quejoso Arturo Caro Ortega, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que la superioridad resolvió el recurso interpuesto en los siguientes términos: "PRIMERO. Quedan intocadas tanto el sobreseimiento, como la desestimación de la causa de improcedencia, así como la concesión de amparo por lo que hace a los actos reclamados al Gobernador Constitucional y al Congreso del Estado de Nayarit. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa Arturo Caro Ortega, respecto de los actos reclamados por la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por los efectos precisados en el último considerando de la resolución impugnada." En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades tal circunstancia; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, requiérase a la siguiente autoridad (artículo 192 de la Ley de Amparo): - Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.47 MARTIN NARVAEZ SOSA Asimismo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en carácter de superior jerárquico, de conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días contados, a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, conmine a la autoridad, para que cumpla en sus términos con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, debiendo remitir las constancias que demuestren que dio la orden. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las responsables, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo (artículo 193 de la Ley de Amparo). Sin que sea necesario requerir a las diversas responsables "Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y Congreso del Estado de Nayarit", para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable requerida para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado es la señalada en párrafos anteriores. Se establece lo anterior, ya que las autoridades legislativas o reglamentarias, no realizan los actos de aplicación de las normas, por lo que resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en su proceso de creación, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), ya que no implica por parte de éstas la realización de un acto concreto en el cumplimiento al fallo protector, ni están obligadas a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.1 1 Es aplicable la tesis P. CXXXVII/96, con registro digital 200006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en el Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Novena Época, de contenido: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA ENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Apercibimientos A la autoridad responsable y su superior jerárquico, en caso de incumplimiento: Se les impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de Circuito para continuar con el trámite para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, bajo la precisión de que dicho trámite puede concluir con la separación de su puesto y su posterior consignación. (artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo). Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil veintitrés, la unidad de Medida y Actualización equivale a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cien veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades correspondientes.....
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...SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO POR JORGE ISAAC GARCÍA LÓPEZ, ACTUARIO JUDICIAL, MEDIANTE AVISO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...
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Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Alejandra Martínez García, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.
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En diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniere respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE; que no obran documentos exhibidos en el presente juicio y que no se aperturó incidente de suspensión; igual forma, para fines del informe de visita, se asientan los datos siguientes:....................... El secretario. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de los establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Secretario de Administración y Finanzas en el Estado de Nayarit, todos con residencia en Tepic, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación y expedición, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete en el Periódico Oficial del Estado; en particular, los artículos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46, de dicha legislación. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La promulgación, orden de publicación y ejecución de los dispositivos señalados en el inciso a). 3. Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 4. Director General del Fondo de Pensiones para Los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. c) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), a partir de la primera quincena de febrero de dos mil veintitrés hasta la primera quincena de marzo de dos mil veintitrés, sobre los recibos de nómina de la parte quejosa, como trabajadora pensionada, por el concepto con clave 504. d) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), como fecha de conocimiento del primer acto de aplicación (treinta de marzo de dos mil veintitrés), consistente en el descuento de $1,338.24 (mil trescientos treinta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), sobre el recibo de nómina de la parte quejosa, como trabajadora pensionada, por el concepto con clave 504. (.)" Mediante sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Cruz Elena Rodríguez Reyes, en los siguientes términos: "1. No se aplique a la parte quejosa, tanto en lo presente, como en lo futuro, los artículos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, publicada el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 2. El Secretario de Administración y Finanzas, el Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, así como el Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Nayarit, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar las gestiones necesarias para devolver a la parte peticionaria del amparo, las cantidades que le fueron descontadas en los recibos de nómina de treinta de marzo y quince de abril de dos mil veintitrés, con números de folio 231162 y 233700, en los que consideró como deducción de sus remuneraciones el concepto "FONDO P", con número de clave 504, por la cantidad de $1,338.24 (mil trescientos treinta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), cada uno, con motivo de la aplicación de los indicados preceptos, así como las cantidades que en lo subsecuente se hubieran descontado por dicho concepto. Cabe precisar que la devolución de las sumas relativas deberá llevarse a cabo a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que, de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este juzgado, debidamente certificadas para acreditar el cumplimiento del fallo protector. Sin que sea necesario requerir a las diversas responsables "Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit" y "Congreso del Estado de Nayarit", para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que las autoridades responsables requeridas para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado son las señaladas en párrafos anteriores. Se establece lo anterior, ya que las autoridades legislativas o reglamentarias, no realizan los actos de aplicación de las normas, por lo que resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en su proceso de creación, hasta su entrada en vigor (iniciativa, estudio, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación), ya que no implica por parte de éstas la realización de un acto concreto en el cumplimiento al fallo protector, ni están obligadas a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general). No se soslaya que el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no fue señalada como autoridad responsable; sin embargo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, 16 por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora.". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia antes indicada y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días, informara sobre su cumplimiento. Por medio de los oficios registrados con los folios 17036 y 17136, las responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria y para demostrarlo, remitieron copia certificada de diversas constancias, de las que se advierte que realizaron lo siguiente: 1. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit: a) Realizó las gestiones necesarias para devolver a la parte peticionaria del amparo, la cantidad que le fue descontada en los recibos de nómina de treinta de marzo y quince de abril de dos mil veintitrés, con números de folio 231162 y 233700, en el que consideró como deducción de sus remuneraciones el concepto "FONDO P", con número de clave 504, por la cantidad de $1,338.24 (mil trescientos treinta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), cada uno, con motivo de la aplicación de los indicados preceptos, así como las cantidades que en lo subsecuente se hubieran descontado por dicho concepto. 2. La Directora General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. a) El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, realizó la devolución de las aportaciones al Fondo de Pensiones mediante trasferencia bancaria por la cantidad de $5,352.96 (cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos 96/100 moneda nacional), por concepto de las cuatro quincenas que le fueron descontadas. b) En la citada data, le notificó a la quejosa sobre la desincorporación de su esfera jurídica los artículos 11, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; asimismo se le informó que no realizara descuento alguno a su pensión por concepto de aportación al fondo de pensiones. 3.- El Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas en el Estado de Nayarit, todos con residencia en Tepic. a) Hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la Dirección General de Fondo de Pensiones realizó la transferencia bancaria el veintiséis de junio del año en curso, a la quejosa María Cruz Elena Rodríguez Reyes, por la cantidad de $5,352.96 (cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos 96/100 moneda nacional), misma que le fue descontada por el concepto 504 (fondo de pensiones). Por lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento que las autoridades responsables dijeron haber dado a la sentencia de amparo, sin que una vez transcurrido dicho plazo, haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos, pues se dio respuesta a la parte quejosa y se emitió el dictamen de pensión correspondiente, el cual fue en sentido positivo y fue debidamente notificado. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, el dos de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de expedientes conservables, artículo 17, fracción III, inciso a), se establece que este expediente ES CONSERVABLE, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables y al Ministerio Público Federal Adscrito. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/3322/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
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