Alejandra Martin Michavila
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandra Martin Michavila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio; glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales. Asimismo, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva del acto reclamado a la responsable, provéase respecto de la DESTRUCCIÓN DE AMBOS INCIDENTES; por tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecinueve de septiembre del presente año, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al menor de edad de iniciales A.M.M. Asimismo, por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, en el que las autoridades responsables, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión. A efecto de restituir al menor quejoso en el goce de sus derechos fundamentales la autoridad responsable y las que se vinculan al cumplimiento de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, deberán: El Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestione a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Por su parte, la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos, y Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán -a quienes también se vincula al cumplimiento- deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres de la niña quejosa, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad del menor quejoso, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia. Lo anterior, dado que el criterio de interpretación que se basa en el principio del interés superior del menor, implica que toda decisión que pueda afectar a las personas menores de edad, sea tomada de manera informada, descartando en la medida de lo posible o evitando en mayor grado un perjuicio en su persona, en su bienes y demás derechos, de manera que tomando en cuenta que si las personas menores de edad son aptas para recibir la vacuna, su aplicación puede producirles notorios beneficios, como evitar que la enfermedad COVID-19 les produzcan lesiones de consideración, siempre y cuando se determine clínica y medicamente que son aptos para recibir el biológico respectivo. Así pues, la decisión de aplicar o no la vacuna al quejoso, no debe tomarse con base en especulaciones, sino con datos científicos derivados de la opinión de los expertos que en su caso se determine Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 7/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento"." Así, como se aprecia que esencialmente los efectos para los cuales se emitió la sentencia de referencia es incluir al niño quejoso en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, a fin de que fuera inoculado con el esquema completo de la vacuna Pfizer/BioNTech contra la enfermedad COVID-19. Ahora bien, como se dijo en el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora federal que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y Municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, pues como quedó evidenciado, las autoridades federales y estatales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad entre cinco a once años (rango de edad en la que se encontraba el menor de edad quejoso, a la fecha que se emitió la sentencia), con la vacuna Pfizer/BioNTech, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de las dosis de la vacuna, inició el veintiocho de junio del año en curso, en esta ciudad, donde tiene su domicilio el menor aludido. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, y toda vez que resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que el dieciséis de junio en curso, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado. Aunado a ello, toda vez que del acta de nacimiento exhibida en autos, se aprecia que a la fecha el menor quejoso en este asunto cuenta con la edad de ******************** y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que la menor de edad quejosa puede ser presentada para su valoración, a partir del veintidós de agosto de esta anualidad en un horario de nueve a doce horas, al Hospital de la Amistad a cargo del doctor Agustín Alejandro Nova Valdez, Director Médico del Hospital de la Amistad Corea-México. Dese vista de lo anterior a la parte quejosa. Tómese en consideración lo manifestado por la autoridad responsable en su oficio de cuenta y resérvese acordar lo conducente hasta en tanto las restantes autoridades responsables se pronuncien por cuanto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
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