Alejandra Marlene Nato Paredes y Otros.

Expediente 354/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
354/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2017

Partes del expediente

  • Alejandra Marlene Nato Paredes y Otros.
  • Alejandra Marlene Nato Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    ...SE DECLARA QUE EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO HA QUEDADO FIRME...NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Cancún, Quintana Roo, a diez de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Adriana Elizabeth Ramírez Romero, en su carácter de apoderada legal de los señores Alejandra Marlen Nato Paredes y Carlos Alberto Novelo Narváez, personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 8,173, pasada ante la Fe del Notario Público número 38, con residencia en esta ciudad, contra actos de la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno con el número 354/2017. DESECHAMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En primer lugar, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001, en sesión de once de octubre de dos mil uno, estableció que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 128/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, queda en relieve que la parte quejosa reclama de la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, el siguiente acto: El acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio oral mercantil 497/2016, a través del cual requirió a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días exhibiera documento que acreditara la personalidad que ostentaba la promovente como su apoderada. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en relación con el citado acto se actualiza la causa de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, Los citados preceptos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.." "Artículo 107. El amparo indirecto proceda: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que por regla general es procedente el amparo directo respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Conforme lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205651, consultable en la página 11, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Es decir, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, sino adjetivos, para ello, conviene diferenciar uno de otro. Por los primeros (derechos sustantivos) se entiende aquellos que lesionan los derechos fundamentales de la agraviada, los cuales que están tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en razón a que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio o en la resolución del procedimiento correspondiente. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente derechos fundamentales, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Se cita como apoyo, el criterio sustentado en la tesis I.13o.A.3 K, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190188, de rubro: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En este sentido, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente en lo medular señalan como acto reclamado el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio oral mercantil 497/2016, a través del cual la autoridad responsable requirió a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días exhibiera documento que acreditara la personalidad que ostentaba la promovente como su apoderada, el cual es del tenor siguiente: "Agréguese a sus autos con sus anexos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta signando por Adriana Elizabeth Ramírez Romero, quien se ostenta apodera de los demandados; en atención a su contenido, con fundamento en los artículo 1057 y 1390 bis 15 del Código de Comercio, se determina que, por el momento, no ha lugar a tener por contestada la demanda, en virtud de que la ocursante carece de facultades para representar a los demandados Alejandra Marlen Nato Paredes y Carlos Alberto Noveno Narváez en este juicio, toda vez que el mandato general conferido a la promovente mediante la escritura pública número ocho mil ciento setenta y tres, está limitado única y exclusivamente al bien inmueble sobre el cual recae la garantía hipotecaria del contrato base de la acción, por tanto, si en el presente juicio se demanda la acción personal de vencimiento anticipado de contrato, la cual busca la devolución del crédito otorgado, aquella apoderada no puede representar en este procedimiento a los demandados, debido a que la acción ejercida no incide directamente sobre el bien respecto del cual se otorgó el mandato por no tratarse de una acción real. En esas condiciones, con fundamento en los artículo 1061, fracción l, 1126, 1339 bis 11 y 1390 bis 17, del Código de Comercio, requiérase a la parte demandada, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído exhiba documento para acreditar la personalidad que ostenta la promovente como su apoderada, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo dentro del lapso concedido, se proveerá lo conducente respecto de la oportunidad del escrito de contestación de demanda." En tal virtud, resulta claro que el acto en esta vía se tilda de inconstitucional, no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación y, por ende, no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, lo anterior es así, pues puede contestar la demanda, por propio derecho, para que esa prevención deje de generarle afectación, o pudiera suceder que aun cuando el juicio se fuera en rebeldía por no contestar la demanda, la parte actora en el juicio natural no acredite su acción y se le absuelva de las prestaciones que le reclama, con lo cual tampoco se afectarían sus derechos sustantivos. En ese sentido, deberá hacer valer tales violaciones hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia que en su caso de dicte en el juicio de origen; y, en el supuesto de que sea favorable a la afectada, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso "a" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182 de la Ley de Amparo. No se soslaya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 4/2001, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", empero, tal criterio no resulta aplicable, dado que en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a dicha ley. Acorde a lo expuesto en párrafos precedentes, es incontrovertible que dicho criterio se opone a la ley de la materia vigente, en razón de que en el precepto 107, fracción V, se define que los actos en juicio que se estiman de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos. Circunstancia que llevó al Pleno de nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a emitir la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." La cual resulta de observancia obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio que ocasionen una afectación procesal en grado predominante o superior, como se consideraba al interpretar la Ley de Amparo abrogada, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación y permitió que su interpretación diera lugar a considerar como de esa característica tanto los que afectaran derechos sustantivos como los que causaran una afectación. Por lo anteriormente considerado y fundado, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta y para los mismos efectos a las personas que señala en su escrito de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ROSAURA DEL CARMEN LORIA FRANCO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso, el Actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo y entregue los oficios que de él deriven. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con el secretario Sergio Guerrero González, con quien actúa.- Doy fe.dania

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