Alejandra Marisela Esparza Arias
Expediente 2184/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2184/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/09/2018
Partes del expediente
- Alejandra Marisela Esparza Arias
Actuaciones
- Principal
Confirma sentencia. Visto el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 3523/2017, y copia certificada de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, emitida en la revisión principal 168/2018, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Enrique Vizcaíno de Aguinaga, Enrique Vizcaíno Zepeda, Enrique Díaz del Castillo Vizcaíno, Juan Pablo Hernández Vizcaíno, Karina Díaz del Castillo Vizcaíno, Luis Eduardo Hernández Vizcaíno, María Cristina Hernández Vizcaíno, María Fernanda Gómez Vizcaíno, Nathalia Díaz del Castillo Vizcaíno, y Stephanie Díaz del Castillo Vizcaíno, así como a Trivice, Sociedad Anónima de Capital Variable y fideicomiso celebrado el veintiséis de julio de dos mil cuatro, contra los catos y autoridades precisados en el considerando segundo de la resolución recurrida". Providencias. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Causa ejecutoria. Lo anterior permite concluir que la sentencia dictada el veinte de febrero de dos mil dieciocho (fojas 205 a 219), en la que se concedió el amparo y protección solicitados, ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley, de conformidad en lo dispuesto por los numerales 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar lo siguiente: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima. Se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, sin que se desincorpore totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia. Se le devuelva la cantidad enterada en cada uno de los recibos oficiales, que realizó la parte quejosa por concepto del impuesto predial sobre diversos bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete), en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, deberá efectuar la devolución a los contribuyentes por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados, restituyendo a la aludida parte el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento. Ahora bien, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de amparo, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. En atención a lo anterior, corresponde a la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, dar cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad de referencia, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, dé cumplimiento puntual al fallo protector dictado en autos, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. VI. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, al omiso, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene a la referida Secretaría, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.
- Principal
Zapopan, Jalisco; veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Firmeza de resolución. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (folios 84 y 85), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito signado por Gustavo Eduardo Torres Gutiérrez, en su carácter de apoderado de la parte quejosa, mediante el cual, expone su inconformidad con las gestiones realizadas por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Se tienen por hechas las manifestaciones, mismas que se tomarán en consideración al momento en que este juzgador dicte resolución en la que se decidirá si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla, ya que se encuentra transcurriendo el término de tres días que le fue concedido a las partes en proveído de diez de agosto pasado.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a treinta de julio de dos mil dieciocho. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil dieciocho (folios 62 y 63), se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el veinte y veintitrés de julio de dos mil dieciocho, respectivamente (fojas 67 y 68, 71 a 73). Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (folios 32 a 38), se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: ".para el efecto de que la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, acredite que formuló el proyecto de laudo en el juicio laboral ********************, de su índice, y que lo elevó a la categoría de definitivo dentro del plazo que establece la ley obrera, haciéndolo del conocimiento oportuno de las partes." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable (folios 48 a 61), se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el trece de julio de dos mil dieciocho, dictó el laudo, dentro del juicio laboral de origen; sin embargo, omitió remitir las constancias de notificación realizadas a las partes. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo NO ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Vincular autoridades. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Notificador adscrito a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las notificaciones realizadas a las partes ordenadas en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no haya sido señalada como autoridad responsable dentro del presente sumario; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es de orden público, por tanto, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Época: Octava Época Registro: 208849 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: II.1o.P.A.153 K Página: 554 SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Por otra parte, en acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien resulta ser el superior jerárquico del Actuario Notificador adscrito a la citada Junta, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese.
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