Alejandra Marina Gamez Piñón

Expediente 838/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
838/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Marina Gamez Piñón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada del proveído del nueve de noviembre del presente año, dictado en el juicio laboral número 1233/2022, donde reprogramó fecha más cercana para la audiencia de conciliación, la cual tendrá verificativo el veintinueve de los actuales, a las diez horas con treinta minutos; asimismo, advierte que el expediente laboral se encuentra turnado al área correspondiente a fin de poder notificar y emplazar a la parte codemandada, por lo que una vez que lo realice lo informará a este órgano jurisdiccional. De lo anterior toma nota este juzgado y se tiene a la autoridad responsable, comunicando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada de la audiencia de conciliación de veintisiete de septiembre de este año, dictado en el juicio laboral número 1233/2022. Análisis de constancias De la documental que exhibe la responsable, se advierte que no pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación debido a que no se pudo emplazar a la codemandada y ordenó realizar la diligencia de notificación correspondiente, señalando las diez horas con quince minutos del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, para la audiencia de conciliación, tendiente a que las partes lleguen a un arreglo conciliatorio que ponga fin al conflicto laboral; de donde se colige que, con esa fecha remota, la autoridad responsable no se encuentra observando lo determinando en la sentencia de amparo, en torno a la restitución de los derechos previstos en el artículo 17 Constitucional en perjuicio de la aquí quejosa y donde se le constriñe para que: "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no se ha llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada restante, realice las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación en la fecha señalada dentro del juicio de origen. En el concepto de que si llegada la fecha no ha llevado a cabo el emplazamiento en mención, señale nueva fecha dentro del término que establece el artículo 97 de la de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.". Se requiere a la responsable En consecuencia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro de término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1) Deje sin efectos la hora y fecha que señaló para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y señale una más próxima donde pueda dar un margen prudente para emplazar a la parte demandada y observar el término que establece el artículo 97 de la de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 2) Una vez que cuente con las constancias de emplazamiento a la parte codemandada y señale la nueva fecha para la audiencia de conciliación, deberá remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. Sin que pase inadvertida la manifestación que vierte la autoridad responsable en la audiencia de veintisiete de septiembre de este año, dictada en el juicio laboral de origen, en el sentido de que la lejanía de la nueva fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, obedece a la desmedida carga de trabajo que enfrenta y que resulta desproporcional a los recursos materiales y humanos con que cuenta; empero, si bien esa manifestación se pudiera considerar para analizar la imposibilidad en un pronto cumplimiento de la sentencia de amparo, no puede llegar al extremo de desconocer completamente lo determinado en el fallo protector y que pudiera redundar en un desacato por parte de la responsable. Motivo por el cual, la autoridad responsable deberá constreñir su actuación a lo establecido en la sentencia de amparo y de esa forma, restituir a la parte quejosa en el derecho vulnerado. Subsisten apercibimientos En el entendido de que subsisten los apercibimientos que inicialmente le fueron formulados en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de veintidós de agosto del año que corre, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento del Tribunal responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no se ha llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada restante, realice las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación en la fecha señalada dentro del juicio de origen. En el concepto de que si llegada la fecha no ha llevado a cabo el emplazamiento en mención, señale nueva fecha dentro del término que establece el artículo 97 de la de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.." NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiséis de julio de la presente anualidad, dictado en el expediente del juicio de amparo V-838/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante el licenciado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-838/2023 promovido por********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Sin que constituya un obstáculo para la celebración de la presente audiencia constitucional, el que se encuentre corriendo la vista hacia la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puesto que el diferimiento de la audiencia por tal cuestión sólo debe hacerse en su beneficio cuando deba aportar pruebas para desvirtuar lo aseverado por la responsable, situación que en el caso no es necesaria atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, de ahí que no requiere de prueba adicional, por lo que en vez de diferir la audiencia constitucional y retardar la solución del asunto, se privilegie el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con impartir justicia de manera pronta y expedita. Sin que con ello se desentiendan las jurisprudencias P./J54/2000 y 1ª/J.112/2006, pues del estudio analítico de las ejecutorias de las que derivaron se colige que su espíritu no es diferir la audiencia constitucional en todos los casos de manera indiscriminada, pues ello atentaría contra el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita, sino antes bien sólo cuando las partes puedan ofrecer pruebas para desvirtuar lo plasmado en el informe justificado lo que en el caso no es necesario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que acompaño a su demanda la parte quejosa y que anexó a su informe de ley la autoridad responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 519/2023 recibido por este juzgado el siete de julio del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-838/2023, promovido por********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, mismo del que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal,********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que señaló en su escrito de demanda y el acto que precisó de la siguiente manera: ".Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado se reclama la acción y omisión del Tribunal, de no ajustar su actuar en los términos legales, dilatando el procedimiento, en este caso el señalamiento de una fecha remota y no pronta para la celebración de la audiencia de conciliación, así como la omisión ordenar emplazar al demandado." Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de tres de julio de la presente anualidad, se registró la demanda con el número V-838/2023, y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La fecha remota señalada por el tribunal responsable a fin de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, así como la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente la fecha remota señalada a fin de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, así como la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio de origen. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉXTO. ESTUDIO DE FONDO. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al haber señalado una fecha fuera de los términos para la celebración de la audiencia de conciliación y la omisión de no emplazar a la parte demandada en el juicio ordinario laboral ********************, toda vez que desde auto de doce de enero de la presente anualidad, el tribunal responsable tuvo por recibida la demanda laboral. Asimismo, en data dieciséis de febrero de la presente anualidad, señaló las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de mayo de la presente anualidad, para el desahogo de la audiencia de conciliación a la vez ordeno notificar y emplazar a la parte demanda, sin que se haya logrado el emplazamiento de uno de los demandados, de ahí que, en diverso proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, se tuvo a la aquí parte quejosa proporcionando el domicilio actual y correcto donde puede ser emplazada a juicio la parte demanda Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por lo que, de nueva cuenta fijó las once horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de conciliación. Además, con la presunción del acto reclamado de la autoridad responsable y las documentales que remitió la parte quejosa al libelo constitucional, se advierte la etapa procesal del juicio de origen, en el que se encuentra pendiente el desahogo de la audiencia de conciliación y el emplazamiento de la demandada Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Es decir, el estado procesal de los autos del juicio laboral subyacente revela que, en efecto, se señalaron las once horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; además, se ordenó el emplazamiento del tercero con interés Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por ello, si el tercero con interés en cita no ha sido emplazado en el juicio natural (ya que no existen datos objetivos que lo acrediten), la consecuencia lógica es que tampoco ha dado contestación a la demanda y, al ser así, tampoco se ha desahogado la audiencia de ley prevista en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Además, cabe precisar que dicha dilación procesal en que ha incurrido el tribunal responsable comprende dos periodos, a saber: 1) Realizar el emplazamiento y 2) Señalar fecha y hora ajustadas a la Ley en cita para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral ********************. En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que los ordenamientos laborales disponen la obligación de que la autoridad laboral acate los términos establecidos para el desarrollo del procedimiento laboral natural en todas sus etapas. En ese orden, primero se estima necesario tener presente el contenido del artículo 17, segundo párrafo constitucional, así como el numeral 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que en lo conducente disponen: El dispositivo previsto en la Constitución Federal establece: "Artículo. 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Por su parte, el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen lo siguiente: "ARTICULO 97. Tan pronto reciba la demanda o el primer escrito relativo a un conflicto individual, colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, citará a las partes dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo. Es decir, para que en el juicio natural se pueda señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, resulta importante, en primer término, haber realizado el emplazamiento correspondiente a quien reviste el carácter de demandados o terceros con interés en dicho procedimiento. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de procurar que en dicha audiencia avenir a las partes a fin de celebrar convenio entre las mismas, como lo refiere el artículo 97, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo. Para ello, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, tan pronto como reciba la demanda, previa verificación a que refiere el numeral 101 BIS, de la Ley en cita, deberá citar a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación, en la que procurará avenir a las partes. Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 constitucional se tutela a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el de acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto; pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que no se puede ejercer al margen de los cauces establecidos por el legislador. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se desprende la fecha remota señalada por el Tribunal responsable para la celebración de la audiencia de conciliación, así como la omisión de emplazar legalmente al tercero con interés Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a fin de que estén en aptitud de dar contestación a la demanda laboral, ha generado una dilación injustificada en el procedimiento laboral de origen, pues la fecha establecida fuera de los términos que marca la ley, así como la falta de dicho llamamiento no se ha podido desahogar la audiencia de conciliación, lo que indudablemente ha violentado el derecho fundamental de la parte quejosa, consistente en el acceso efectivo a la justicia. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006, interpretó la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, esencialmente, definió que la violación a dicha garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, con dos vertientes: -La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, - La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. De ahí que se estime fundado el motivo de inconformidad en el cual la peticionaria del amparo argumenta que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, transgredió en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que, se reitera, a la fecha la indicada responsable ha incumplido con su obligación de celebrar la audiencia de conciliación, en virtud de que señaló una fecha fuera de los términos establecidos en la Ley y no ha realizado el emplazamiento de la parte demandada Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Sin que obste a lo anterior que la responsable pueda justificar el retardo del trámite del juicio laboral en la cantidad excesiva de trabajo con que cuenta y/o la carencia de recursos materiales y humanos, toda vez que en este sumario constitucional no obra probanza alguna con la cual se corrobore tales circunstancias, por lo que los aspectos señalados no justificarían el retardo en la impartición de justicia detectado. Más aún, este órgano jurisdiccional federal como garante de la Constitución debe vigilar el irrestricto acatamiento a los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna y, por su parte, las autoridades laborales deben proveer lo necesario a fin de tramitar y concluir el juicio dentro de los plazos y términos que establecen los cuerpos normativos a los que debe sujetarse, debiendo en su momento dictar laudo que resuelva la cuestión planteada. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para el efecto de que: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no se ha llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada restante, realice las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación en la fecha señalada dentro del juicio de origen. En el concepto de que si llegada la fecha no ha llevado a cabo el emplazamiento en mención, señale nueva fecha dentro del término que establece el artículo 97 de la de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACION DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITUA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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