Alejandra Lucila Pech Kuk

Expediente 1333/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1333/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Lucila Pech Kuk y Otros.
  • Alejandra Lucila Pech Kuk

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1932/2021 suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, al que acompaña en apoyo al citado informe las constancias conducentes del juicio laboral 824/2020. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; " La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aún cuando subsiste, ya no ésta surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la junta responsable de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 824/2020. Sin embargo, de las copias certificadas que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, remitió en apoyo a su informe justificado y al diverso oficio 1932/2021 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se le otorgó a la parte actora el término de tres días para que proporcionara el domicilio correcto de la parte demandada en el juicio laboral 824/2020, con el apercibimiento que no proporcionar el dicho domicilio, se tendría por no interpuesta la demanda laboral, y posteriormente en audiencia de veintiséis de octubre del presente año, al no haber sido proporcionado por la parte actora el domicilio correcto de la parte demandada en el juicio laboral 824/2020, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, hizo efectivo al apercibimiento realizado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, tuvo por no interpuesta la demanda laboral promovida por la aquí parte quejosa y ordenó el archivo como asunto totalmente concluido por carecer de materia. En esa tesitura, es inconcuso que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior en la medida de que la autoridad responsable, en audiencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, ordenó archivo del juicio laboral 824/2020, como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia, actualizándose la improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues al haberse ordenado el archivo del juicio de origen, es inconcuso que aun cuando subsisten los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal alguno, por no poderse concretar ni en perjuicio de la quejosa, ni de los terceros interesados. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, por encontrar una aplicación en lo conducente, se cita la tesis VI.2ºT.38 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 829, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones al derecho humano que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, se reitera, si la materia de este juicio de amparo consiste en la omisión de la junta responsable de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 824/2020; es incuestionable que al tener por no interpuesta la demanda en dicho juicio laboral de origen y al darse por concluido el mismo, el objeto material del acto reclamado y sus consecuencias han dejado de existir. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede y a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de resolver con pleno conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de tres días computados legalmente, informe si a la presente fecha ya emplazó a la parte demandada en el juicio de origen, y de haberlo realizado remita las constancias certificadas que así lo acrediten, apercibida que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1604/2021 suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone el citado oficio y anexos a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

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