Alejandra Loya Guerrero

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Loya Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente juicio y remite testimonio de la resolución donde confirmó la sentencia que negó el amparo. Glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que dispone el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las normas en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el medio de impugnación que indica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 903/2022, promovido ..., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Admisión. El treinta y uno de agosto siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la representación social adscrita; se requirió informe justificado; se indicó la inexistencia de parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social Federal no intervino; se tuvo por rendido el informe de ley; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados son. La determinación emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio oral civil ..., por el Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, que no admitió las providencias precautorias solicitadas por la quejosa. El proveído dictado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el propio proceso y por la misma autoridad, que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el pronunciamiento judicial indicado en el punto previo. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad judicial responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se admitió en la vía oral civil la demanda instada por la ahora quejosa. 2. Previa solicitud de providencias precautorias, la autoridad judicial responsable proveyó lo siguiente: "(.) Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito que presenta la parte actora, visto su contenido, respecto a la solicitud de providencias precautorias, no ha lugar a admitir, ya que de conformidad a los artículos 235, fracciones II y III, y 239 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, la necesidad de la medida en el embargo precautorio debe acreditarse por quien lo pida, y tal prueba estriba en que por medio de testigos o de documentos, demuestre el promovente de la providencia, que su deudor trata de ocultar o de enajenar los únicos bienes en que se ha de practicar la diligencia de embargo; de manera que si en el caso no aparece que se hubiera rendido esa prueba, la providencia precautoria resulta improcedente." Esta determinación judicial integra la materia de los actos reclamados. 3. Inconforme, la solicitante interpuso recurso de revocación al cual recayó la siguiente determinación: "(...) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de la parte actora, por su propio derecho, tomando en consideración que la promovente interpone recurso de revocación, contra el auto de fecha dieciséis de agosto del dos mil veintidós; resulta oportuno señalar, que el presente asunto es un juicio especial previsto por el Título Décimo Séptimo, del Código adjetivo civil, vigente en la Ciudad de México, denominado del JUICIO ORAL CIVIL, mismo que en su artículo 969 párrafo tercero, enfáticamente señala que contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de proceso oral civil no se dará recurso alguno. En consecuencial, lo jurídico es desechar de plano el medio de impugnación ya referido, en términos del artículo citado." Dicha determinación también integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación respecto del primer acto reclamado. A) Contrario a lo resuelto, es innecesario acreditar el temor fundado de dilapidar bienes, pues debe presumirse el riesgo de disponerlos u ocultarlos, atendiendo a los fines de la medida precautoria, que es permitir el efecto práctico de la sentencia que llegara a dictarse. B) En la contradicción de tesis 21/2018 el Pleno Civil del Primer Circuito sostuvo que debe presumirse el riesgo de disposición, cuando las providencias precautorias versen sobre dinero depositado en instituciones de crédito, como también se pronunció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada de registro 2018168. Si el embargo precautorio se solicitó sobre fondos económicos de la demandada, no es exigible ofrecer medios probatorios alternos para acredita el temor fundado. C) Las pruebas presentadas demuestran la transferencia de fondos a la enjuiciada, además, se manifestó bajo protesta de decir verdad que esta última no tiene derecho a recibirlos en pago. Los conceptos de violación son infundados, lo cuales se analizaran como fueron agrupados porque atañen a temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. A este respecto, cabe destacar el contenido del artículo 16 constitucional, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y de legalidad. La fundamentación es el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". No asiste razón a la inconforme en el motivo de inconformidad marcado con la letra A), porque el temor fundado es un requisito de las medidas precautorias que debe acreditarse, y por ende no es susceptible de presumirse del resultado del proceso. En efecto, las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Ahora, los artículos 235, 236, 237 y 238 del Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, prevén las providencias precautorias que se pueden decretar en un juicio civil, en los siguientes casos: I) por temor de que se ausente u oculte la persona demandada; II) cuando ésta pueda ocultar o dilapidar los bienes en los que deba ejercitarse una acción real, o III) cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviera otros bienes sobre los que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene. Lo que implica que para su otorgamiento es necesario que se actualice alguna de las tres hipótesis previstas. Los requisitos de las providencias precautorias están regulados en el diverso artículo 239 de la propia codificación, donde el legislador estableció como condición necesaria de procedencia: 1. El derecho para solicitarla (aun aparente), y 2. La necesidad de la medida (peligro en la demora). Sobre esa base se contesta a la parte quejosa que los requisitos señalados en la codificación aplicable, no pueden deducirse simultáneamente entre sí, ni apelar a los fines del proceso. Es así porque el legislador impuso como requisito al solicitante de la medida el deber acreditar el derecho que se tiene, para que la autoridad judicial imponga al demandado actos de molestia, mediante la afectación de sus recursos financieros depositados en cuentas bancarias. Esto es, la propia ley establece directamente como requisito la demostración del peligro en la demora (periculum in mora), así como la apariencia de tener derecho a la medida (fumus boni iuris), como condición de procedencia, lo cual a su vez impone al juzgador el deber de revisar que las pruebas aportadas tengan tal objetivo. Por el contrario, al apelar al efecto práctico del posible resultado del proceso reflejado en la sentencia para relevar al solicitante de una base probatoria sobre los requisitos de procedencia, conlleva la posibilidad de adoptar medidas discrecionales al amparo únicamente de la solicitud de quien busque imponer discrecionalmente, obligaciones en un tercero. A causa de prevenir ese escenario, es que resulta racional exigir al beneficiario de la medida precautoria, la exhibición de pruebas que presuntivamente acrediten los requisitos señalados, para permitir el ejercicio de valoración judicial que acoja como nota de validez, la solicitud cautelar y de forma legítima afecte al ejecutado. Sobre esa base, es que no asiste razón al inconforme al pretender deducir del eventual resultado del proceso, la demostración del peligro en la demora, pues es necesaria su demostración, incluso presuntiva de la verosimilitud de la infracción a los derechos alegados, ya que la simple invocación de la instauración del proceso, significa desatender injustificadamente la aplicación de la norma; en tal orden de ideas, no asiste razón a la inconforme. También es infundado el concepto de violación marcado con la letra B), porque aunque los precedentes citados sostuvieron que debe presumirse el riesgo de disposición, cuando las providencias precautorias versen sobre dinero depositado en instituciones de crédito, también fijan requisitos que previamente deben satisfacerse. En efecto, aun asumiendo que los precedentes invocados por la quejosa que resolvieron asuntos del orden mercantil, resultaran aplicables al caso que versa en la materia civil, de su lectura se obtiene que la presunción a que se refiere la quejosa por sí sola no hace procedente la medida precautoria. Por el contrario, ambos precedentes son enfáticos en imponer requisitos al solicitante para demostrar aspectos inherentes al objeto, alcance, necesidad y verosimilitud del derecho alegado y la aptitud de la medida cautelar, entre otras, probar la existencia de un crédito exigible y la imposibilidad de asegurar bienes diversos a los fondos depositados en cuentas bancarias. De donde se sigue que la presunción de ocultación de fondos que hace posible acoger cautelarmente la retención de cuentas bancarias, debe ser precedida por la demostración presuntiva de la verosimilitud y/o credibilidad del derecho alegado, porque sobre tales circunstancias sería viable afectar al ejecutado. Circunstancia que se explica, si se considera que el aseguramiento de cuentas bancarias como medida precautoria en un juicio civil implica la privación del derecho del ejecutado a disponer de sus fondos, y esa circunstancia de ninguna manera será reparada con alguna actuación posterior, en tanto que el gobernado no puede ser restituido del tiempo que duró el congelamiento de las cuentas, ni el perjuicio resentido por la imposibilidad de utilizarlas en su beneficio o de su objeto social. Por ello, la determinaciones que ordenen tal providencia encierran una afectación y debe ser sustentada no solo en una presunción, como se sugiere en los conceptos de violación basada en las condiciones de ejercicio de la solicitud, por el contrario, deben cumplir con la base mínima de requisitos que acrediten el derecho a fijar esa situación cautelar justificada; en tal orden de ideas es infundado el concepto de violación. Finalmente, es infundado el concepto de violación marcado con la letra C), porque aunque las pruebas ofrecidas demuestren una transferencia de fondos a la enjuiciada, y se hubiere manifestado bajo protesta de decir verdad que no tiene derecho a recibirlos en pago, la solicitante no acreditó la apariencia del buen derecho. Esto es, la quejosa solicitó retener fondos de la enjuiciada, para asegurar la devolución del numerario que depositó para adquirir un bien mueble, no entregado, y para acreditar ese derecho ofreció como pruebas: las documentales públicas consistentes en la cédula profesional del autorizado en el juicio de origen y el comprobante electrónico de pago, las documentales privadas consistentes en comprobante de transferencia bancaria, emitido por una institución financiera, una carpeta de investigación, la confesional de la demandada, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana. Empero, esas pruebas no tienen el alcance de acreditar la apariencia de gozar de un derecho exigible a la parte demandada, porque no demuestran la obligación del presunto vendedor de transferir la propiedad del bien, que la actora afirma haber adquirido, que es un elemento de existencia de la operación de compraventa conforme al artículo 2248 del Código Civil local. En cuanto a la cédula profesional demuestra el cumplimiento a los requisitos para ejercer una profesión; las constancias bancarias aunque se refieren a un pago relacionado al bien presuntamente adquirido, no se respaldan en un pacto obligatorio entre las partes que vincule el aparente pago con la operación alegada; la carpeta de investigación no informa de la demostración de un hecho ilícito, la confesional depende de un resultado que no se ha dado, la instrumental y presuncional se supedita a una revisión conjunta del expediente, que a la fecha no favorece al solicitante. Además, debe considerarse que acorde a los hechos narrados en la demanda que originó el juicio de origen, la operación que motivó los fondos cuya devolución se litiga, se realizó por medio de una red social, cuyos mensajes constan transcritos en el expediente y solo han sido reconocidos por la actora, por ello esas circunstancias por sí solas no tienen el alcance de implicar algún hecho jurídico del cual derive una relación contractual, porque esa información no ha sido reconocida por los presuntos interlocutores, y de asumir que es verídica impediría al demandado ejercer sus derechos de audiencia, defensa, seguridad jurídica y contradicción. Máxime que en el caso de las redes sociales, existe la posibilidad de encontrar comportamientos abusivos, como son la comunicación bilateral y el intercambio de mensajes, opiniones y publicaciones entre los usuarios, razón por la cual la o el receptor de esos contenidos puede estar expuesto a hechos que pueden no ser verídicos. En tal virtud, contrario a lo alegado, no se acreditan presuntivamente los requisitos previstos en el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles aplicable a esta Ciudad, esto es, el derecho de solicitar (aun aparente), y la necesidad de la medida (peligro en la demora), y por ello resultan infundados los conceptos de violación. Sirve de apoyo, en lo conducente la tesis aislada I.12o.C.15 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2015970, de la Décima Época, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DIRIGIDAS A MANTENER UNA SITUACIÓN DE HECHO. ES POSIBLE DECRETARLAS EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL, A PETICIÓN DEL INTERESADO, SIEMPRE QUE ACREDITE TENER INTERÉS LEGÍTIMO PARA SOLICITARLAS Y EL JUEZ HAGA UN EXAMEN PRELIMINAR DEL DERECHO ALEGADO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. De la interpretación conforme de los artículos 235, 238 y 239 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con los artículos 18 y 19 del CódigoCivil para esta ciudad, se infiere que el juzgador cuenta con amplias facultades para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del juicio, así como para evitar que se defrauden derechos de terceros y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas de la legislación adjetiva civil mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de asegurar la ejecución material de la sentencia y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales y evitar que se defrauden derechos de terceros durante la secuela procesal del juicio natural. Ahora bien, para la consecución de dichos objetivos, el juzgador puede adoptar las medidas que estime pertinentes, sin que el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, lo autorice para dejar de resolver lo solicitado. En ese sentido, cuando las medidas cautelares dirigidas a mantener una situación de hecho resulten acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva, el juzgador puede impedir que se defrauden derechos de terceros o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que, en función de los principios que rigen a aquéllas, cuando quien acredite tener interés legítimo para solicitarlas formule la petición atinente, el juzgador en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la medida cautelar dirigida a mantener una situación de hecho, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a emitirse en el juicio ordinario civil." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo. Sexto. Conceptos de violación, respecto del segundo acto reclamado. Contrario a lo resuelto, el artículo 969 párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles local, no impide recurrir las determinaciones que se dicten en el proceso oral civil. De modo que el juzgador responsable debió acudir a la regla del diverso 684 para distinguir que los autos que no son apelables, deben ser revocables, en razón de la cuantía. El A Quo aplicó las reglas del proceso oral mercantil, donde no procede recurso alguno, que no es el caso porque es un asunto oral civil. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Ahora bien, contrario a lo alegado por la parte quejosa, sí hay disposición expresa aplicable al juicio oral civil, conforme al cual se indica que contra las resoluciones pronunciadas por los juzgadores que instruyan esos asuntos, no se dará recurso alguno, como se lee de la norma aplicada en el acto reclamado: "TITULO DECIMOSEPTIMO Del Juicio Oral Civil CAPITULO I Disposiciones Generales ARTICULO 969 Se tramitarán en este juicio todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales, cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, así como las contiendas sobre derechos personales cuya suerte principal sea inferior a dicha cantidad. La cantidad referida en el párrafo anterior se actualizará en la forma prevista en el artículo 62 de este Código. El Consejo de la Judicatura tendrá la obligación de hacer saber a los juzgados, tribunales y publicar en el Boletín Judicial para conocimiento general, los montos que se obtengan de la indexación para los efectos del párrafo anterior, así como de todas aquellas cantidades que en este código deban actualizarse en los términos referidos. No se sustanciarán en este juicio las controversias relativas a las materias familiar y de arrendamiento inmobiliario. Contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de proceso oral civil no se dará recurso alguno. Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, se estará al segundo párrafo del artículo 157. Los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias se tramitarán en términos de los capítulos I y VI, respectivamente, del título quinto de este código. (...)" Como se advierte, el artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad señala claramente que contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de proceso oral civil, no se dará recurso alguno y la finalidad de esta disposición es que ese tipo de negocio judicial sea resuelto con celeridad y así evitar un proceso excesivamente prolongado. En tanto que de su contenido debe entenderse que al referirse a los jueces de proceso oral civil, comprende todo órgano jurisdiccional que intervenga en la sustanciación de un juicio oral civil, lo cual se aclara porque la quejosa tiene el carácter de actora en el proceso, y ello conlleva que instó la acción bajo las reglas procesales aplicadas en el acto reclamado. Lo que implica que la tramitación del procedimiento oral civil debe seguirse sin recursos, porque la ley ordena expresamente que su instrucción se verifique de forma irrecurrible, como una regla que debe regir sobre la intervención de las partes, que a su vez constituye el ámbito de aplicación de dicha regla. Sobre esa base, es que tampoco asiste razón a la parte quejosa al sugerir la aplicación de las reglas del orden mercantil, a los asuntos tramitados en la vía oral civil y calificar la procedencia de los recursos en función de la cuantía del negocio, porque ello además de conllevar el desconocimiento de la ley, implica generar una regla que el legislador prohibió expresamente. En tal orden de ideas, contrario a lo estimado por la parte quejosa, la regla de irrecurribilidad corresponde al proceso que instó y dado que la autoridad responsable desechó el recurso bajo la consideración de su improcedencia por el tipo de asunto, es claro que esa decisión es acorde a la constitución, por lo cual son infundados los conceptos de violación. Importa señalar que las normas de proceso tienen el carácter de imperativas, lo cual conlleva que son de orden público, obligando a las partes y al juez a estarse a lo dispuesto en ellas y prohibirles alterarlas, modificarlas o renunciarlas, lo que pone de manifiesto que tal artículo se inclina por el principio dispositivo. En términos del indicado principio, que además orienta los juicios de derecho privado, los particulares son quienes encauzan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en el mismo se ventilan y afectan sus propios intereses. Luego, tratándose de cargas procesales, un incumplimiento representa una omisión en la verificación de un requisito de tal naturaleza (procesal), por el contrario, el cumplimiento (de una carga procesal) constituye una condición para que el litigante consiga los fines que persiguen la satisfacción de su propio interés, de manera que, la insatisfacción de esa condición, produce como consecuencia que el interesado no obtenga tales propósitos. De lo cual se sigue que las cargas procesales son un deber de las partes en el juicio, a quienes, en términos del principio dispositivo, corresponde el impulso del procedimiento, pues el funcionamiento de éste es una concatenación sucesiva de etapas, donde la procedencia y naturaleza de éstas, depende de la manera en como se concluyó la anterior. Por ello, las cargas procesales relacionadas con el impulso procesal se establecen, normalmente, con base en términos cuya realización y consecuencias son fatales, lo cual reflejado en el proceso implica la improcedencia de las acciones o pretensiones que se insten sin acatar las reglas previstas expresamente para el tipo de asunto. Además, el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concreta en la posibilidad de ser parte dentro en un proceso judicial y a promover la actividad judicial, para permitir a los litigantes obtener una decisión jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas. Empero, debe puntualizarse que no resulta equivalente el derecho debatido, que el procedimiento para decretarlo, pues sólo el primero es el que efectivamente pertenece a las partes, y son los litigantes quienes tienen la facultad de decidir la forma en que quieren que sea debatido. Es decir, debe partirse de que el proceso judicial es objeto de derecho público, y por ello, por regla general las partes ya no pueden disponer de él, ni alterar las reglas de procedencia de los recursos en general. Apoya lo expuesto la tesis aislada 1a. CLVII/2009, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en la Novena Época, de registro 166488, que dice: "CARGAS PROCESALES RELACIONADAS CON EL IMPULSO PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE ESTABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. En los juicios de derecho público, en los que normalmente se ventilan cuestiones que interesan y afectan a toda la sociedad, prevalece el principio inquisitivo del procedimiento, en términos del cual, el juzgador tiene la facultad y la función de llegar a la verdad de los hechos mediante el empleo de todos los medios a su alcance. En cambio, en los juicios de derecho privado, donde se afectan únicamente intereses particulares, como son, salvo excepciones muy concretas, los juicios del orden civil, debe prevalecer el principio dispositivo sobre el inquisitivo, pues en términos del primero, son las partes quienes encauzan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan sus propios intereses; de manera que el juez debe conformarse con llegar a la mayor veracidad posible respecto de los hechos controvertidos, a través de los medios de convicción y argumentos que aporten las partes. Esto es, en este tipo de procedimientos pesa sobre las partes el impulso procesal; de ahí que al regular estos juicios, atento al mencionado principio dispositivo, el legislador puede establecer cargas procesales relacionadas con el impulso procesal, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, el cual es una concatenación sucesiva de etapas en que la procedencia y naturaleza de cada una depende de la manera en que concluyó la anterior." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a ..., por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, en términos del diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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