Alejandra Llanes Pasos alias Alejandra Llanes De Castro

Expediente 598/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
598/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Alejandra Llanes Pasos alias Alejandra Llanes De Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto dictado el seis de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Envíese al archivo.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de siete inmediato anterior, suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, de la cual se advierte que le fue imposible llevar a cabo la notificación del proveído de seis de agosto del año en curso, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que el acuerdo de seis de agosto actual así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realicen a la parte quejosa ****, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****también conocida como *****, contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otra autoridad, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 598/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO u OMISIÓN (sic): PRIMERO.- La orden Emitida por su señoría El C. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, dictada en el auto de Fecha - del mes de Julio del año 2018 donde ordena el desalojo del inmueble localizado en Lote 16, Manzana 06 Zona 27 calle Laguna de Bacalar, Colonia Centro, Municipio de P. Othón Blanco, Chetumal Quintana Roo. Dictada dentro del Juicio 01443/2013 relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO y su ejecución. SEGUNDO.- Las violaciones de irreparable daño cometidas en el procedimiento de Ejecución y Desalojo Dictada dentro del Juicio 01443/2013 relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO que la quejosa quedo en completo estado de indefensión por la autoridad ordenadora ya que la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos válidamente celebrados, en la modalidad relativa a que, cuando en la confrontación de dos actos válidos, uno produzca mayor utilidad a los fines del derecho y otro una menor, debe prevalecer el primero y abandonarse el otro, y en el tópico planteado, Además, debe tomarse en cuenta el principio non reformatio in peius, pues está prohibido que el juzgador agrave la situación jurídica de las partes ya que consisten en las siguientes: A) El avalúo exhibido por la parte actora en el juicio hipotecario de donde naturalmente ius proviene el acto reclamado que sirvió como base para el remate totalmente improporcional (sic) del inmueble hipotecado pues no fue realizado por corredor público institución de crédito o perito autorizado por la ley, ya que bajo protesta de decir verdad no obra en autos constancia de ello ya que se presentará ante esta autoridad peritaje realizado por experto en la materia para cumplir los parámetros establecidos por el código civil vigente para el Estado de Quintana Roo. B) La autoridad responsable nunca previno notifico personalmente o dio vista para qué ofreciéramos un perito en valuación y equilibrar la balanza jurídica que debe existir en todo juicio de orden civil derecho Francés que absorbe la corte mexicana con la finalidad de defendernos respecto al arbitrario avaluó presentado por la actora. TERCERO.- Ya que es de explorado Derecho lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que EL HOMBRE NO PUEDE EXPOLOTAR AL HOMBRE, en sentido amplio ya que esta acción seria en retroceso a lo que proyecta ser una Justicia con principio rector de Equidad de que no se puede lucrar a través del Tribunal Superior de Justicia despojándome de mi inmueble valuado en casi $3,000,000.00 /MN (Tres millones de pesos moneda nacional), por un interés, en la inteligencia de (sic) que el interés esta rebasando la suerte principal del presente asunto a criterio de la suscrita no guarda proporcionalidad dado La calidad de orden público de la normativa rectora, sino el fundamento para considerar, mediante la interpretación funcional. La pertenencia de la normativa en comento al orden público no implica su aplicación rígida y mecánica a todos los casos, pues esa calidad no le impone imperatividad, sino que le encomienda la custodia de los principios y valores inmersos en tal orden público, de modo que, cuando la aplicación de alguna o varías de esas disposiciones, en casos concretos, atente contra dichos fines, aquéllas deben ceder para dar paso a la plena satisfacción de esto. Aunado a lo anterior de que me encuentro en calidad de garante hipotecario tal y como obra en los autos del expediente 01443/2013 por lo que en el sentido lógico jurídico a establecido la corte reiteradamente que; para lograr el cobro de un crédito garantizado por un deudor solidario y una hipoteca, el acreedor tendrá a su alcance la acción real hipotecaria si pretende ejercer la acción real derivada del contrato accesorio, y la ejecutiva o la ordinaria mercantil, tratándose de una acción personal derivada del contrato de crédito; sin embargo, éstas son independientes y no pueden conjuntarse, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la impartición de justicia será en los plazos y términos que fijen las leyes, y que el fundamento jurídico de cada una es diverso y, por ende, su regulación también lo es, de manera que desconocerlo implicaría transgredir la seguridad jurídica, pues si bien es cierto que el actor tiene derecho a que se le administre justicia, también lo es que el demandado lo tiene en cuanto a que ello ocurra en la vía determinada al efecto. Por lo anterior, ante el incumplimiento de la obligación de pago, no es dable que a través de la vía hipotecaria, cuyo sustento radica en el ejercicio de una acción real, el acreedor intente simultáneamente una personal de carácter ejecutivo en contra del deudor solidario, ya que los términos y las condiciones que las rigen son distintos, de manera que ni por economía procesal pueden intentarse conjuntamente en la misma vía." Esto es, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio especial hipotecario 1443/2013, por medio del cual se ordena el desalojo del bien inmueble identificado como lote 16, manzana 06, zona 27 calle Laguna de Bacalar, de la colonia Centro de esta ciudad de Chetumal Quintana Roo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Como se advierte del precepto transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos expresamente, esto es, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto o cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento. Del dispositivo transcrito, se deducen dos supuestos de improcedencia del juicio de garantías, a saber: 1) Cuando exista consentimiento expreso del acto reclamado (esto se da cuando en forma indubitable el quejoso manifiesta su conformidad con el acto); y 2) Cuando exista consentimiento presumible, es decir, cuando la conducta del quejoso, aunque no en forma expresa, revela su voluntad de conformarse con el contenido, ejecución o las consecuencias del acto de autoridad. Ahora, en el segundo de los supuestos, hay que tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido dos características que deben darse para que opere la causal de improcedencia en estudio, siendo éstos, los siguientes: La existencia de un acto anterior consentido y, La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora en el caso en concreto, este juzgador estima que se actualizan los supuestos previamente citados. Ello es así toda vez que, en la estadística de este órgano jurisdiccional existe el diverso juicio de amparo indirecto 711/2017, promovido por la misma quejosa contra el siguiente acto reclamado: El acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 1443/2013, en el que se ordena poner en posesión de la parte actora el bien inmueble rematado la cual, refiere el quejoso, constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, y violaciones procesales. Así, el dieciséis de enero del año en curso, este Juzgado de Distrito dicto sentencia definitiva en la cual sobreseyó el asunto al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. En ese sentido, agréguese copia debidamente certificada de la resolución referida en el párrafo precedente. Atento a lo anterior, se puede advertir que la parte quejosa debió de promover la demanda de amparo en el término establecido para ello, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 1443/2013, en el que se ordena poner en posesión de la parte actora el bien inmueble identificado como lote 16, manzana 06, zona 27 calle Laguna de Bacalar, de la colonia Centro de esta ciudad de Chetumal Quintana Roo, motivo por el cual, se tiene que el acto que pretende reclamar en el presente juicio es consecuencia directa del proveído de siete de septiembre del año próximo pasado, dado que no hubiese nacido a la vida jurídica de no ser por el anterior. En ese contexto, el consentimiento existe por el inejercicio del juicio de amparo indirecto contra el auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez que este juicio, es el que legalmente puede impedir la firmeza de tal determinación, ya que constituye el medio jurídicamente eficaz para revocarlo, modificarlo o dejarlo insubsistente, pues es solamente la presentación de la demanda de amparo indirecto, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. En ese tenor, toda vez que quedó evidenciada la existencia de un acto anterior consentido, como lo fue la determinación dictada el siete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al no presentar la demanda de amparo indirecto en los plazos establecidos en la ley de la materia, y como consecuencia de ello, se sobreseyó el juicio de amparo 711/2017, lo que implica que tácitamente lo consintió, y es evidente que el acto del que ahora se duele la gestionante del amparo, es consecuencia directa de un acto tácitamente consentido. Esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Baca Godoy, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y enh términos restringidos a Rosa Esther Torrez Hernández, Ricardo Constancio Salinas Aguilar y Enrique Alejandro Castro Llanes. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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