Alejandra Lizbeth Leandro Juárez
Expediente 667/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandra Lizbeth Leandro Juárez
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
.... el oficio signado por el Jefe del Departamento de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y anexo que lo acompaña, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, las medidas tomadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente asunto.... requiérase nuevamente al Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por conducto del cabildo, para que dentro del término de cinco días contado a partir de que quede notificado del presente acuerdo, proceda en los términos señalados en proveído de doce de julio del año en curso...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Alejandra Lizbeth Leandro Juárez, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 667/2019/IV-A. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. En términos de lo anterior, se precisa que los actos reclamados por la quejosa en su demanda de garantías, consisten en: a) La resolución de dieciséis de abril del año en curso, dictada en el expediente civil 912/2018/II del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró la ilegalidad del emplazamiento del demandado Elvis Abimael Flores Reyes y se ordenó la reposición del procedimiento; así como su ejecución. Por tanto, se estima que en relación con los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo . Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se inició el juicio constitucional dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el numeral 18, ambos de la ley de la materia. Ahora bien, el numeral 17 establece, como regla general, que la demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 prevé tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el referido plazo genérico de quince días, la primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; la segunda hipótesis consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el promovente se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado; y la tercera estriba en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de la materia. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el lunes dieciséis de junio de dos mil diecinueve, mediante lista de acuerdos electrónica, la cual consultó vía internet. Confesión ésta que atento a lo regulado en los preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio, por lo que cobra aplicación la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo tanto, si bien es evidente que el dieciséis de junio del año en curso fue domingo y no lunes como aduce la quejosa, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente hábil de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, que lo fue el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del diecisiete de junio al cinco de julio de la presente anualidad, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio de la presente anualidad, ya que resultaron inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el doce de julio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, tal y como se advierte del sello de recibido que obra plasmado en la demanda de amparo, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido en exceso al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo. Por lo anterior, la presentación de la demanda de amparo en relación a la resolución de dieciséis de abril del año en curso, dictada en el expediente civil 912/2018/II del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró la ilegalidad del emplazamiento del demandado Elvis Abimael Flores Reyes y se ordenó la reposición del procedimiento, se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo en el consentimiento tácito de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 837, Tomo XXII, Novena Época, noviembre de 2005, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN EN DÍA INHÁBIL, EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS COMIENZA AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE AQUÉL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado contemple algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o confirmar la resolución que se controvierte, por lo que, de no agotarse tal medio de impugnación se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De ahí, que se considera que el acto aquí reclamado es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación, previsto por los artículos 509, 510 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y por lo tanto, el presente juicio deviene improcedente, pues a través de tal medio ordinario de defensa, el acto reclamado puede modificarse, confirmarse o revocarse. En ese orden de ideas, es evidente que la resolución de dieciséis de abril del año en curso, dictada en el expediente civil 912/2018/II del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró la ilegalidad del emplazamiento del demandado Elvis Abimael Flores Reyes y se ordenó la reposición del procedimiento, se ubica dentro de la hipótesis prevista por los citados artículos 509, 510 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y por ende, previo al juicio de garantías, debe ser combatido a través del recurso de apelación previsto en tales artículos, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Tampoco se estima, que al estar inmersos los intereses de un menor, ello sea una excepción para no cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues si bien pudiera considerarse que los actos reclamados son de imposible reparación, la irreparabilidad del mismo y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aún en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado, pues el interés superior del menor no constituye una justificación válida para soslayar los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable las causas de improcedencia citadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda, como su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roly Domínguez Romero, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone dicho precepto a Felipe Arturo Iparrea Martínez, Pedro Damián Atilano, Yessica Zavaleta Vázquez y Yolanda Amaro Melgarejo, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
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