Alejandra Lizárraga Gutiérrez

Expediente 731/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
731/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Alejandra Lizárraga Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... se tiene por consentido el auto que tuvo por cumplida la sentencia... se ordena enviar al archivo el expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    ... se agregan oficio y anexos mediante los cuales la autoridad responsable informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo se ordena dar vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciará sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    CAUSA EJECUTORIA Y SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR CUMPLIMIENTO.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Zulema María Gutiérrez Gutiérrez, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, informe justificado y diversas probanzas que obran en autos; asimismo, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con el escrito registrado bajo número 8948. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Ahora, de las documentales que obran en el sumario se desprende que les surte el carácter de terceros interesados a "IACNA MEXICO SERVICE COMPANY, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que son la contraparte (demandados) del quejoso dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; sin embargo, no obstante de que no hayan sido emplazados a este juicio, no ha lugar a diferir la celebración de la audiencia, toda vez que al reclamarse violaciones al artículo 17 constitucional, la resolución que se dicte no les causa ningún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 531 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, Tomo VI, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro es: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA." Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por los autorizados legales de la parte quejosa, mediante el cual hacen diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismos que se tomarán en cuenta en la etapa procesal correspondiente, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, la Secretaria certifica que la autoridad responsable, presentó pruebas documentales, mismas que obran agregadas en autos. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia naturaleza, las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria certifica que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita formularon alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede y por formulados los alegatos aludidos en la misma. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 731/2019, y; R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda Por escrito de demanda recibido el diez de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Alejandra Lizárraga Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión y trámite Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, la que se admitió a trámite mediante auto de once de junio de dos mil diecinueve, con formación del expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno bajo el número 731/2019, en el que además se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado consiste en lo siguiente: El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 572/2019, del índice de la junta responsable, mediante el que se fijaron las nueve horas del treinta y uno de octubre del presente año, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones. Tercero. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues así lo manifestó su presidenta al rendir el informe justificado. Lo anterior, se robustece con la copia certificada que dicha autoridad responsable anexó a su informe justificado, a la cual se otorga valor probatorio pleno a la luz de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causas de improcedencia es cuestión preferente y de orden público, como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y este juzgador no advierte de oficio se actualice alguna, por lo que procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. Quinto. Conceptos de violación Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el Máximo Tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar la transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea por las partes; tal como se sostiene en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Estudio de fondo Es fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, y suficiente para conceder la protección constitucional, pues se viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta y con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, ya que desatiende los plazos establecidos en la misma para señalar la fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En cuanto a dicha prerrogativa, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto constitucional trascrito, se advierte como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. El derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia consagrado a favor de los gobernados se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; La justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Por su parte la imparcialidad significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y; La justicia gratuita estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si el citado derecho constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Tales consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Por su parte, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo prevé el tiempo y forma en cómo se ha de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, de cuya interpretación se advierte que cuando el Tribunal del trabajo reciba una demanda laboral, dictará acuerdo de admisión, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas; audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; acuerdo que será notificado personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia, cuando menos. También se advierte, que cuando quien demanda es la parte trabajadora o sus beneficiarios y la junta advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda deberá señalarle los defectos u omisiones en que haya incurrido y prevendrá a la parte promovente para que los subsane dentro de un término de tres días, lo anterior, significa que la demanda deberá admitirse de forma inmediata y si existe prevención ésta deberá notificarse al siguiente día para que la parte actora la subsane al tercer día y con ello, pueda cumplirse el extremo de emplazar a las partes a la audiencia con diez días de anticipación por lo menos, con lo cual se atiende a los principios de concentración y sencillez en el proceso laboral. Ahora bien, de las constancias del juicio laboral de origen, se advierte que en efecto, la junta responsable por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, fijó las nueve horas del treinta y uno de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo. Lo anterior, trae como resultado un estancamiento procesal, con evidente trasgresión a los principios de inmediatez y celeridad que rigen en el procedimiento laboral, retardando con su actuación la administración de justicia laboral, violando con ello el derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional en perjuicio del peticionario de amparo, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que, al no cumplir con tal mandato, la responsable conculca el derecho fundamental señalado en perjuicio del quejoso. Séptimo. Efectos de la concesión En esas condiciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados de acuerdo con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la fecha señalada en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 572/2019, para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, fije una nueva atendiendo al plazo que establece el referido numeral, esto es, dentro de los quince días siguientes a aquél en el que se dé cumplimiento a esta sentencia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, párrafo primero, 74, 75, párrafo primero, 77 y 217 de la Ley de Amparo, así como el precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Lizárraga Gutiérrez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 572/2019, por las razones precisadas en el considerando sexto y para los efectos indicados en el considerando séptimo, de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Zulema María Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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