Alejandra Leyva Alvarado
Expediente 165/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Alejandra Leyva Alvarado
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al escrito inicial de demanda, se adjuntó entre otros la documental consistente en original de certificado de nacimiento de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, expedido por el Hospital de la Piedad. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de doce de abril último, se ordenó el archivo en el presente asunto; en el entendido, de que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente (sin que obre constancia de notificación del mismo). Por tanto, notifíquese personalmente dicho proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, a la promovente, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días hábiles otorgado a la quejosa Alejandra Leyva Alvarado; en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que desahogara la prevención formulada en autos ha trascurrido, sin que la parte quejosa la haya desahogado Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada dicha demanda, y quedan sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandra Leyva Alvarado, por propio derecho, contra actos del Sistema Integral de Desarrollo para la Familia, con sede en esta ciudad y otras autoridades; regístrese con el número 165/2021-E; fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos. Prevención. Ahora bien, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción IV, así como el diverso 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa incumplió con los extremos contemplados en los numerales antes transcritos, por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, de cumplimiento a lo siguiente: Del capítulo de "D. ACTO RECLAMADO" se aprecia que la quejosa manifiesta: DE LA CORDINACION JURIDICA DE DEFENSA PARA LA DEFENSA DE LOS MENORES Y LA FAMILIA ADSCRITA A LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECECENTES DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN EL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Y A QUIEN SEÑALA COMO AUTORIDAD EJECUTORA Y CONTRA QUIENES RECLAMA LA FALTA DE INFORMACION DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO: AC/TIJ/001/91/2021, EN PERJUICIO DE LA IMPENETRANTE DEL JUICIO DE GARANTÍAS DECRETADO POR LA CC. LICENCIADA YADIRA EDITH VELAZQUEZ ROSALES, COORDINADORA JURÍDICA PARA LA DEFENSA DE LOS MENORES Y LA FAMILIA, DE ESTA MUNICIPILIDAD DE TIJUANA" Y posteriormente refiere en su capítulo de antecedentes en el que señala: EL DIA QUINCE DE FEBRERO SE DIO CONTESTACIÓN EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO AC/TIJ/001/91/2021, ANTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE NUNCA FUI DEBIDAMENTE LLAMADA A JUICIO Como puede advertirse, la quejosa reclama de manera indistinta la falta de información dentro del expediente número AC/TIJ/001/91/2021, así como la respuesta dada a su solicitud de quince de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, también hace referencia a la falta de llamamiento la falta de llamamiento a juicio. ? Por lo que en este caso, es necesario requerir a la quejosa para que aclare cuál es el acto que reclama de manera destacada, o si en su caso, son tres actos los que les atribuye esa calidad. Y en el supuesto de que indique como acto reclamado, la falta de llamamiento a juicio, deberá exponer a que autoridades les atribuye ese acto reclamado -falta de llamamiento a juicio-, responsable, para poder llamarla a juicio. Asimismo, deberá narrar, bajo protesta de decir verdad, con precisión y claridad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de dicho acto reclamado; indicando de manera destacada a qué juicio o procedimiento se refiere; y ante que autoridad, administrativa o judicial, se tramitó. En la inteligencia que deberá anexar, ocho copias de su escrito aclaratorio, toda vez que se requieren cuatro para las autoridades responsables, una para el tercero interesado, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos para el incidente de suspensión y su duplicado. Y de igual forma, deberá exhibir una copia más del escrito de demanda y del escrito aclaratorio, por cada nueva autoridad que sea designada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil seis, visible a página trescientos cuarenta y ocho, misma que a la letra versa: Haciéndole saber a la parte peticionaria el contenido de lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de la materia, para el caso de que se conduzca con falsedad, el cual dispone: ARTÍCULO 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y En el entendido que de no cumplir con lo requerido en los términos señalados y dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme lo establece el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, asimismo, haciéndose de su conocimiento que deberá exhibir la totalidad de las copias necesarias para correr traslado a las partes con el escrito aclaratorio. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis P./J. 35/2001, visible en la página setenta y nueve, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XIII, de abril de dos mil uno, cuyo rubro es: Jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001, Novena Época, Pleno, XIII, abril de 2001, página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Señalamientos de autorizados y domicilio. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en los términos amplios que establece dicha disposición a las personas que indica en su escrito de demanda, dado que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el registro correspondiente que los acredita como licenciados en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. En otro tenor, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de cuenta. Asimismo, se toma conocimiento de los correos electrónicos proporcionados por la promovente, para los efectos legales conducentes, Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo Expediente electrónico. Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales en Conjunto 1/2009 y 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónicos e impresos coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena digitalizar en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente a la promovente
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