Alejandra León Aragón

Expediente 678/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
678/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Alejandra León Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    III... Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte agraviada no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto. ... el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención formulada el catorce de los actuales, en virtud de que exhibe copia completa del acta de audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en la que el Juez responsable declaró la deserción de los informes solicitados al Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, Archivo General Agrario, Seguros Monterrey New York Life y Banco Invex. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. Es así en virtud de que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Ahora, el acto reclamado se emitió en la audiencia de diecisiete de mayo pasado en la que el juez responsable declaró la deserción de los informes solicitados al Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, Archivo General Agrario, Seguros Monterrey New York Life y Banco Invex. Al respecto, dicha actuación no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha determinación, solo implica la deserción de los informes solicitados a diversas autoridades, lo que refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues éste tiene efectos de carácter procesal. Se afirma lo anterior, en virtud de que la audiencia reclamada no da pauta en automático a obtener una sentencia adversa a sus intereses; de manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como tal aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable, o si ésta le fuera desfavorable, la violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido por la Constitución General o los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, los artículos 170 y 172, fracción III, de la Ley de la materia, establecen expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo y con ello evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con la sentencia correspondiente, al impugnarla, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda.

  3. Principal

    VII... Téngase recibido el oficio y anexo remitidos por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo.

  4. Principal

    X... Visto el estado procesal de autos, se advierte que el treinta de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del presente asunto, sin que se proveyera sobre el destino de los cuadernos incidentales; por ello, en términos del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que fueron concedidas ambas medidas cautelares. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, siguiendo los lineamientos que establece el Acuerdo General citado. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

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