Alejandra Joselyn Mena Chi

Expediente 468/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
468/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Joselyn Mena Chi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    III-Agréguese el escrito de cuenta, firmado por ********************mediante el cual, manifiesta ampliar su demanda de amparo, respecto de nuevas autoridades y actos reclamados. Pronunciamiento respecto a la suspensión provisional, correspondiente a lo peticionado en el escrito de ampliación de demanda Con una copia del escrito de ampliación de demanda, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 468/2023-III-A, de donde deriva este incidente de suspensión, promovido por ******************** contra actos que atribuye al juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo (del sistema tradicional), y, otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, último párrafo, 130, 131, 136, párrafo primero, y 138 de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la presente medida cautelar [que tiene su origen derivado del escrito de ampliación] se tramita por cuerda separada en este cuaderno único [ya formado con motivo del escrito inicial de demanda]. En el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, aquellos recepcionados de forma electrónica no se incorporarán al expediente físico. Al respecto, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Informe previo Con apoyo en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo al juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, actuario adscrito al Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Registro Público de la Propiedad delegación Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo, Registro Público de la Propiedad delegación Tulum, de Quintana Roo, y Registro Agrario nacional, en el estado de Quintana Roo, que deberán rendir preferentemente por medios electrónicos y dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de este acuerdo; de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de ********************, que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de ********************, valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe correspondiente. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a las autoridades responsables al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garantice que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia incidental A fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone a diferir la audiencia incidental del presente asunto, señalada para tener verificativo a las 9:00 horas del 1 de diciembre de dos mil veintitrés y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las 9:10 horas del 13 de diciembre de dos mil veintitrés. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Precisión del acto reclamado Jurisprudencialmente se ha establecido que para fijar los actos en materia de amparo debe realizarse una interpretación integral de la demanda. También se ha establecido que al analizar los alcances de la intención del promovente no deben atenderse los calificativos o enunciación que se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda inicial interpretada en comunión con sus argumentos de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, en relación con el 157, de la Ley de Amparo, se advierte como actos reclamados: a) La falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ********************promovido por ******************** b) Todo lo actuado en el juicio de sucesión intestada de origen, incluso la sentencia mediante la cual se declaró como única heredera a la citada ********************, como cónyuge supérstite y con nombramiento de albacea, del cual aceptó el cargo definitivo y presentó protesta de su legal desempeño, por lo cual, le fue discernido con todas las facultades y obligaciones inherentes. c) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, de los bienes inmuebles a favor de la citada ******************** Pronunciamiento sobre la suspensión Para efectuar un análisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, conforme a los artículos 107, fracción X, Constitucional, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, deben colmarse los requisitos siguientes: Para efectuar un análisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, conforme a los artículos 107, fracción X, Constitucional, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, deben colmarse los requisitos siguientes: 1. Petición de parte. 2. Existencia del acto reclamado. 3. Naturaleza del acto reclamado. 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo. 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." En cuanto a la actualización de dichos requisitos, se precisa lo siguiente: El primero [1], para este punto basta realizar una lectura del escrito de ampliación demanda, para determinar que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos. Con esto se colma el requisito previsto en la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo. El segundo [2]; debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, donde manifestó que al imponerse de los autos del juicio de sucesión intestada ********************del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se percató de que había constancias que indicaban que los bienes de su padre ya habían sido adjudicados en su totalidad a su, esposa, sin haberla llamado al juicio como heredera de su padre; de modo que hasta esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1993, de rubro "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". El tercero [3], este juzgado federal estima que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la falta de emplazamiento al expediente ********************relativo al juicio de sucesión intestada promovido por ******************** ********************; se trata de un acto omisivo, pues la autoridad a la que se le atribuye se abstiene de emplazar a la parte quejosa la existencia del juicio de origen. Al respecto, debe destacarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, estableció que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. En efecto, determinó que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Ante lo cual, estableció que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Sin embargo, precisó que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Consideraciones que se encuentran insertas en la tesis 1a./J.70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." En ese contexto, debe tenerse en cuenta que en el caso, al tratarse el acto reclamado identificado con el inciso a), de un acto omisivo, pues la autoridad responsable a la que se le atribuye, se abstiene de emplazar a la parte quejosa al juicio de origen; por tanto, no es susceptible de suspenderse, puesto que se le otorgaría efectos restitutorios plenos, los cuales dejarían sin materia el juicio principal, precisamente porque de concederse, el efecto coincidiría exactamente con una sentencia estimatoria. De modo que en el caso resulta procedente negar la suspensión provisional que se solicita respecto de tal acto. Ahora, por cuanto hace a los diversos actos reclamados señalados con los incisos b) y c), consistentes en todo lo actuado en el juicio de sucesión intestada ********************, incluso la sentencia mediante la cual se declaró a ******************** ******************** como única heredera en su carácter de cónyuge supérstite del de cujus y nombramiento de albacea que aceptó y presentó protesta de su legal desempeño, el cual le fue discernido con todas las facultades y obligaciones inherentes; y, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los bienes inmuebles a favor de ********************; debe tenerse en cuenta su naturaleza, sobre lo cual, debe decirse que se tratan de actos consumados. Así se estima, porque se agotaron desde el momento de su emisión, por lo que es improcedente conceder la suspensión provisional peticionada, debido a que ya fueron emitidós por las autoridades responsables; en tales condiciones, con apoyo además en el numeral 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se impone negar la suspensión provisional peticionada. Además, porque la sentencia definitiva emitida en el juicio de sucesión intestada ********************, mediante el cual se declaró a ******************** ******************** como única heredera en su carácter de cónyuge supérstite, con nombramiento definitivo de albacea con las facultades y obligaciones inherentes; es meramente declarativa, pues no implica una ejecución posterior para su eficacia, pues el derecho de donde emana tal reclamación no contiene efectos positivos, ya que no hay nada que ejecutar, como consecuencia de esa declaración. Ciertamente, si el acto reclamado en amparo carece de ejecutabilidad, no es susceptible de suspenderse en términos de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pues su naturaleza declarativa emana solo de la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DECLARATIVOS. Contra los actos simplemente declarativos, es improcedente conceder la suspensión puesto que dichos actos se ejecutan desde la fecha en que la declaración se hace y, por consiguiente, quedan fuera del alcance jurídico de la suspensión". Asimismo es orientador, el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTOS DECLARATIVOS. La suspensión es improcedente contra los actos simplemente declarativos, sin efectos positivos, ya que no hay nada que ejecutar, como consecuencia de esa declaración; como sucede cuando un Juez prohíbe al síndico de una liquidación que disponga de determinados fondos de la quiebra, y contra el auto que le niega la apelación, interpone el recurso de queja y este es desechado." Sobre el tema, el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza de los actos lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Ahora, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que, en materia de suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria. El referido artículo 147 dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En ese orden, los artículos 107, fracción X, constitucional y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que los justiciables sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Si bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se pronunció en cuanto a que la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide la procedencia de la suspensión, ello lo realizó con los siguientes argumentos esenciales: - La naturaleza de los actos reclamados, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. - En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. - Dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después. - Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensivos puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Derivado de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Como se observa, la naturaleza de los actos [ya sea positiva, declarativa o negativa] no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar; sin embargo, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Ante esas premisas, la sentencia definitiva emitida en el juicio de sucesión intestada ********************, mediante el cual se declaró a ******************** ******************** como única heredera en su carácter de cónyuge supérstite, con nombramiento definitivo de albacea con las facultades y obligaciones inherentes; es una determinación meramente declarativa sin efectos positivos, por lo que sus efectos se consuman con su propia emisión y por ende, no procede conceder la suspensión solicitada. No obstante lo anterior [naturaleza de los actos: consumados y declarativos]; es factible el análisis de los restantes requisitos, por cuanto a sus efectos y consecuencias, en lo que respecta al acto reclamado señalado en el inciso c), consistente en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Delegación Tulum y Felipe Carrillo Puerto, y el Registro Agrario Nacional, todos en el Estado de Quintana Roo, de los bienes inmuebles a favor de ******************** ********************; pues como se verá, implica actos positivos que son susceptibles de suspender. Pero para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo. El cuarto [4], la parte quejosa aduce una afectación a su interés jurídico, al referir, bajo protesta de decir verdad, que es hija del de cujus ********************, y que al imponerse de los autos del juicio de sucesión intestada ********************del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se percató de que había constancias que indicaban que los bienes inmuebles de su padre ya habían sido adjudicados en su totalidad a su esposa supérstite ******************** ********************, sin haberla llamado al juicio como heredera de su padre; y que por ello, la inscripción de los bienes inmuebles de su padre a favor de esta última, le irroga una afectación. Incluso, al solicitar la medida suspensiva, de manera destacada solicita que la responsable cancele la inscripción realizada respecto a los inmuebles de su fallecido padre. Sin embargo, no adjunta prueba alguna para acreditar que es hija del de cujus ********************, y por ende, la afectación consecuente, que le permitiera obtener la medida cautelar que insta, pues la documental que obra en autos consistente en su credencial de elector, únicamente acredita que está registrada en el padrón electoral, más no así, que tenga el parentesco que ostenta. De modo tal, que no genera convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados. Ciertamente, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el promovente supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, corresponde a la parte peticionaria del amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución del acto reclamado. De ahí que, si la quejosa no exhibió prueba idónea alguna para acreditar el parentesco que dice tener con el de cujus ********************; es evidente que no justificó ni indiciariamente su interés suspensional y por eso la medida que requiere resulta improcedente. Máxime, que el artículo 131, segundo párrafo de la Ley de Amparo, establece que en ningún caso, el otorgamiento de la suspensión podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; de modo tal, que no es factible conceder la medida cautelar si el promovente no acreditó de manera indiciaria, tener un derecho previamente constituido para solicitar la suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, resulta innecesario hacer en análisis del quinto elemento relativo a "la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público", pues a nada práctico conduciría su estudio, si como ha quedado establecido no acreditó su interés en forma presuntiva, para efectos del otorgamiento de la medida cautelar. En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la ley de la materia, se niega la suspensión provisional solicitada. Copias Con fundamento en el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, por conducto de la persona que autoriza para tal efecto, previa constancia de recibo que se deje en la constancia de notificación que al efecto se levante. En el entendido que, atendiendo al contenido de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Cabe precisar que, únicamente, en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para el actuario A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Notifíquese por lista electrónica a las partes, vía electrónica al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    SINTESIS DEL ACUERDO-con fundamento en el artículo 111, fracción II1 , de la Ley de Amparo, procede admitir a trámite la 1 Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: ampliación de demanda de amparo de que se trata en los términos que se precisan líneas arriba y dese vista con el ocurso de ampliación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Pronunciamiento en el cuaderno único del incidente de suspensión Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión que solicita el quejoso; en consecuencia, con copia de la ampliación de demanda de amparo, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo2 , se ordena tramitar la medida cautelar en el cuaderno único ya aperturado [con motivo de la suspensión que se solicitó en el escrito inicial de demanda]. Solicitud de informe justificado respecto de la ampliación de demanda Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo preferentemente por medios electrónicos, a la brevedad posible y máximo dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Diferimiento de audiencia constitucional A fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone a diferir anticipadamente la audiencia constitucional del presente asunto, señalada para tener verificativo a las diez horas con cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las diez horas con cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, vía electrónica al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado; y, por oficio a las autoridades responsables.

  3. Incidental

    Agréguese los telegramas y oficio de cuenta, mediante los cuales rinden sus informes previos las autoridades responsables siguientes En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos al celebrar la audiencia respectiva. Notifíquese.

  4. Incidental

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que mediante acuerdo de 17 de octubre del año en curso, se recibieron los informes previos de las autoridades responsables actuario adscrito al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto y juez de Juicio Oral Familiar y Civil adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, donde ambos negaron la existencia del acto reclamado y refirieron que "no existe registrado expediente alguno relacionado con la misma", refiriéndose a la quejosa Alejandra Joselyn Mena Chi. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa refiere que no es parte del expediente 50/2020 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo, sino que fue promovido por Diana Ortiz Aztatzi, quien fue declarada como única heredera de los bienes de su padre, en tanto la quejosa nunca fue llamada al mismo, para hacer valer sus derechos como hija legítima del autor de la sucesión. Lo anterior, evidencia que las referidas autoridades no rindieron su informe previo, respecto de los actos que la quejosa reclama en su escrito de demanda. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte, que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión contra sentencia de veintisiete de julio del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que la expresada resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. El efecto del fallo protector es el siguiente: "[.] El director en Jefe del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional: - Deberá autorizar la apertura y liberación de la clave del sistema informático. - Hecho lo anterior, deberá informar al Delegado Estatal del Registro Agrario de Quintana Roo, para que inscriba y expida el título correspondiente. - La delegación estatal deberá expedir y entrega el certificado y título que prevé la Ley, relativo a la solicitud en el expediente administrativo 23220010899, correspondiente a la parcela número 214 del ejido Tulum, Quintana Roo y se le entregue a la parte quejosa [.]." Al respecto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al director en Jefe del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, acredite ante este juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a la autoridad responsable.

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