Alejandra Joselin Varillas Carrasco
Expediente 1735/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1735/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Alejandra Joselin Varillas Carrasco
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Devolución de tomo de prueba Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En ese sentido, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo, el Juez Tercero Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; remitió constancias con las cuales se formó el tomo de pruebas I, se ordena devolver las mismas, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se apertura incidente de liquidación de sentencia para actualización. ****-parte quejosa-, da contestación a la vista otorgada mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, y al efecto realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por el quejoso, debiendo darse cuenta con ellas al momento de emitir la resolución que en derecho corresponda, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, solicita la apertura del incidente de liquidación de sentencia para actualizar el pago de las prestaciones revistas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución. Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo, refiere que se substanciarán en la vía incidental: 1. Las cuestiones que se refiere la ley, que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y que surjan durante el procedimiento. 2. Que podrán ser a petición de parte o de oficio. 3. Sobre las cuales, el órgano jurisdiccional determinará atendiendo las circunstancias del caso, si resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o se reserva para resolverlo en sentencia. Por otro lado, el artículo 67 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento que llevarán las cuestiones que se substanciarán en la vía incidental, conforme a lo siguiente: 1. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde; 2. Se dará vista a las partes por el plazo de 3 días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; 3. Atendiendo la naturaleza del acto, el órgano jurisdiccional determinara si se requiere un plazo probatorio mayor y si suspende o no el procedimiento; y 4. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los 3 días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. Por otra parte, el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar de oficio o a petición de parte, que se aperture un incidente para tal efecto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el pago de las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse cuantificando las que se generen desde que se concretó la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de miembros de instituciones policiales y hasta que se realice el pago de la indemnización. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." Por ende, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de liquidación de sentencia para cuantificar la actualización de las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO. Hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional se tiene que pagar al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia respectiva, como acontece, entre otros casos, cuando el peticionario del juicio de garantías deba ser indemnizado por la afectación que sufrió el predio de su propiedad en virtud del acto reclamado; cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ordena incrementar la pensión jubilatoria del quejoso; cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada, y cuando en acatamiento de la protección constitucional se deba reinstalar al servidor público en su empleo y pagarle las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separado de él. En estos casos puede suceder que exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto. En tales circunstancias, dicho juzgador, ciñéndose a los lineamientos señalados por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., debe abrir un incidente de liquidación, en el que las partes interesadas estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y además aleguen lo que a sus intereses convenga, el Juez precitado debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que se deba entregar al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo." Así como, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EL EFECTO DE LA EJECUTORIA CONSISTE EN EL PAGO DE CANTIDAD LÍQUIDA POR CONCEPTO DE SALARIOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE, ANTES DE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO, DETERMINAR LA CANTIDAD EXACTA QUE HA DE PAGARSE CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Tratándose de ejecutorias de amparo cuyo efecto sea el pago de una cantidad líquida por concepto de salarios, es necesario que antes de tramitar el incidente de inejecución de sentencia relativo, el juez de distrito determine la cantidad exacta que ha de pagarse, para lo cual debe solicitar a las partes -quejosa y autoridad responsable- toda la documentación que requiera para hacerlo. Lo anterior, toda vez que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda valorar si se actualiza o no la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe verificar que las autoridades obligadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo hayan contado con los elementos suficientes para ello y, en consecuencia, no puedan alegar algún pretexto para evadir su observancia." Vista para ofrecer pruebas. En tales condiciones, se otorga a las partes el plazo de tres días, para que ofrezca las pruebas que estimen pertinentes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en esta incidencia. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se tendrá por precluido su derecho y señalará fecha para la celebración de la audiencia. En otro aspecto, por cuanto hace a las pruebas que ofrece la parte quejosa, se reserva proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto fenezca el plazo de tres días otorgado a las partes mediante este proveído. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "MromanoMP", que pertenece a Martha Angélica Romano Saldaña, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y vía electrónica a la Agente del Ministerio Público adscrita .
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. La Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo, en lo que interesa, remite copia certificada del desahogo de la diligencia del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral *** de su índice, de la cual se desprende la imposibilidad que tuvo para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, dada la incomparecencia de los testigos, por lo que se concedió el plazo de tres días a la parte oferente, para que justificara la incomparecencia de sus testigos. Ahora, de actuaciones se advierte que también se señaló esa misma fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de los testigos *** sin que se advierta que la responsable se haya pronunciado respecto a dicha prueba. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: Remita copia certificada del acuerdo en que recayó la contestación de la parte demandada, o la falta de esta, al acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés; e Informe las gestiones que ha realizado para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de los testigos ***. Lo anterior, dentro del juicio laboral *** de su índice. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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