Alejandra Irigoyen Cervantes

Expediente 1373/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1373/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2017

Partes del expediente

  • Alejandra Irigoyen Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé en artículo 86, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de siete de agosto del año en curso. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el actuario del juzgado, de la que se advierte que no pudo notificar a la tercero interesada Jenny Téllez Pineda, el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, en atención a que hasta la fecha no ha señalado domicilio en San Andrés Cholula, Puebla o en Puebla, Puebla, para ese efecto. En atención a que transcurrió el término concedido a la tercero interesada para que señalara domicilio en Puebla, Puebla o en San Andrés Cholula, Puebla, para oír y recibir notificaciones, sin que hasta la fecha lo haya hecho, no obstante encontrarse debidamente emplazada desde el veinte de julio de dos mil diecisiete, se hace efectivo el apercibimiento decretado el siete del mismo mes y año, y se ordena su notificación del auto de siete de agosto de dos mil diecisiete por medio de lista, así como las notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Alejandra Irigoyen Cervantes promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral D-4/75/2017. Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su informe justificado negó la existencia del acto omiso reclamado; asimismo, de las constancias remitidas, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral D-4/75/2017, notificándolo a las partes el treinta y uno de julio del mismo año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con fecha veintisiete de junio de dos ml diecisiete, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral D-4/75/52017, notificándolo a las partes el treinta y uno de julio pasado; por lo tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridades que han quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Alejandra Irigoyen Cervantes promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral D-4/75/2017. Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su informe justificado negó la existencia del acto omiso reclamado; asimismo, de las constancias remitidas, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral D-4/75/2017, notificándolo a las partes el treinta y uno de julio del mismo año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con fecha veintisiete de junio de dos ml diecisiete, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral D-4/75/52017, notificándolo a las partes el treinta y uno de julio pasado; por lo tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridades que han quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra pendiente de perfeccionar la prueba de inspección ocular ofrecida por la persona moral quejosa denominada "Inmobiliaria Reymad" Sociedad Anónima de Capital Variable; en tal virtud, a fin de dar oportunidad a lo anterior la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con diecinueve minutos del once de agosto de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE.

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