Alejandra Indira Caravantes Vásquez

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Indira Caravantes Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la primera certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto dicho medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que promovió * * * * * * por propio derecho, contra actos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y otras autoridades universitarias; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 276/2023. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, Materia(s): Civil, página 716, con registro digital 363344, que establece: DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda". Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, este Juzgado Federal advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como el numeral 3, fracción VII, de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ley de Amparo Artículo 3. VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; Constitución Federal De la interpretación de los artículos en cita, se obtiene que, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto que se reclama fue emitido por una persona que no reviste el carácter de autoridad. En ese sentido, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que la parte quejosa señala como autoridades responsables: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. * * * * * * Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. * * * * * * Secretario General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. * * * * * * * Secretario Particular de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Atribuyéndoles el siguiente acto reclamado: IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la responsable, la violación a la Garantía Individual que se encuentra debidamente tutelada en el artículo 16 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto que todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, toda vez que mediante solicitud efectuada el día 15 de febrero de 2023 por medio de la cual solicité información para que me proporcionara y pusiera a mi disposición mi certificado de estudios de nivel medio superior, el cual fue expedido por la preparatoria número seis, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca o en su caso, se me expidiera un duplicado de dicho certificado, previo procedimiento y pago de derechos que me indicara. De lo cual, me otorgó respuesta mediante correo electrónico, enviado por el Dr. * * * * * * Secretario Particular de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde me comunicó lo siguiente: "En atención a la solicitud realizada al LCP. * * * * * * * Rector de la Universidad, me permito enviarle el archivo electrónico con la copia de la respuesta otorgada por la Secretaría General de esta Institución; solicitándole que, tal como lo menciona el documento, acuda al área correspondiente a realizar el trámite de expedición de certificación de estudios" De la respuesta otorgada por la Secretaría General de esa Institución, manifestaba no se encontraba integrado ningún certificado de nivel medio superior en mi expediente escolar y señaló que era requisito indispensable acudir de forma personal a efectuar el trámite correspondiente, en el entendido de que dichos documentos son expedidos previa solicitud de parte, dictaminación de procedencia y pagos de derechos correspondientes. En consecuencia, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a través del secretario general y el secretario particular, me dejan en incertidumbre, toda vez que no me establecen cual es el procedimiento, y solo manifiesta que debo realizar el trámite correspondiente en dicha universidad, esto como se desprende del oficio que me fue notificado vía correo electrónico el día 27 de febrero de la presente anualidad, pues solo dice lo siguiente: es requisito indispensable que la interesada acuda de manera personal a efectuar el trámite correspondiente, en la inteligencia de que estos documentos oficiales son expedidos previa solicitud de parte, dictaminación de procedencia y pago de derechos correspondientes. Ahora bien, las conductas de que se duele la peticionaria del amparo respecto de las autoridades universitarias que señala como responsables, evidentemente no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en una relación de coordinación. Esta última relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia del juicio de amparo y se ha abandonado la figura tradicional del uso de la fuerza pública. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P. XXVII/97, registro 199459, Novena Época, página 118, del rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior tenemos que, autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derecho humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado o subordinado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisos del consenso de la voluntad del afectado. En el caso en concreto, se tiene que la quejosa reclama de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y otras autoridades universitarias, un acto que emerge de la aplicación de la normatividad interna de la universidad, en relación a la forma en que debe realizarse un trámite interno solicitado por una alumna de dicha institución, y por ello, constituye un acto en un plano de coordinación indirecta, ello porque las universidades públicas, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, gozan de independencia para determinar, por sí solas, los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que presten, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que las habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que les permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. En consecuencia, el hecho de que una universidad realice actos relacionados con su autodeterminación, como los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos que presten, no conlleva que tenga el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de ese acto, no ejerce el poder público de supra a subordinación frente a los alumnos, por ello, no puede resultarles afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la actuación de aquélla se encuentra regulada por los derechos y obligaciones que surgen de la relación con sus alumnos, en el marco de su legislación. Al respecto, se cita la tesis (IV Región) 1 o . 21 A ( 10 a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con registro digital: 2022388, del tenor siguiente: UNIVERSIDADES PÚBLICAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON SU AUTODETERMINACIÓN, COMO LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución General, gozan de independencia para determinar, por sí solas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que las habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que les permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. En consecuencia, el hecho de que una universidad realice actos relacionados con su autodeterminación, como la evaluación académica de sus alumnos, no conlleva que tenga el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de ese acto, no ejerce el poder público de supra a subordinación frente a aquéllos, por ello, no puede resultarles afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la actuación de aquélla se encuentra regulada por los derechos y obligaciones que surgen de la relación con sus alumnos, en el marco de su legislación. Asimismo, por las razones en que se motiva, se cita la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, se advierte la actualización de otra causa de improcedencia que haría factible desechar la demanda, pues ésta resulta extemporánea, toda vez que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días hábiles que prevé el diverso numeral 17 del mismo ordenamiento para promover la demanda, comenzó a correr a partir del día siguiente al en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, pues no existe legislación que prevea reglas sobre las notificaciones y plazos respecto de actuaciones de las universidades. Es así que, considerando que en los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del mismo el día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, vía correo electrónico, por lo que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintiocho de febrero al veintidós de marzo del año en curso, en tanto que el escrito de demanda fue presentado vía electrónica el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO origen de este juicio. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Se tiene como autorizado legal de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, pues a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, de la demanda de cuenta, se advierte que tiene emitida a su favor la cédula profesional 9336996, expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si la quejosa otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V , de rubro y texto siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y, respecto a la restante persona que menciona, únicamente se le tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, por no haber acreditado su calidad de licenciado en derecho. Luego, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario JMMTZGLZ, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; así también, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo precedente. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Se toma nota de los números telefónicos proporcionados, los cuales serán necesarios en su caso, para entablar comunicación no procesal, sin que implique la realización de alguna notificación. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano