Alejandra Iliana Huerta Rodríguez
Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandra Iliana Huerta Rodríguez
- Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos
Actuaciones
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Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Javier Hernando Romero Ulloa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. Acto reclamado: ".Lo constituye esencialmente, el Acta de Sesión extraordinaria de fecha ocho de enero de dos mil veinte, llevada a cabo por la autoridad responsable, en un "supuesto" cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, relativa al recurso de revisión radicado bajo el Toca 9/2018 y que derivó del juicio de amparo número 1870/2011 y sus expedientes acumulados, substanciado en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos y por el indebida, inconstitucional e ilegalmente, determina dejar sin efectos el nombramiento del suscrito a mi respectivo cargo de Juez de Control, Juicio Oral y ejecución de sanciones en el Estado de Morelos.". SEGUNDO. El cuatro de febrero de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 136/2020, realizó prevención a la demanda de amparo, la que una vez desahogada, el catorce del mismo mes y año, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la que mediante engrose de once de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió sobreseyendo el juicio de garantías. CUARTO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa a través de su autorizado, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de enero de ese año. QUINTO. El siete de abril de dos mil veintidós, se recibió oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que mediante sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento. SEXTO. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se ordenó agregar el oficio descrito en líneas anteriores, se realizó requerimiento a la autoridad señalada como responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y fue señalada hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: ° La sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, celebrada por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en la que determinaron dejar sin efectos el nombramiento del quejoso como Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones en el Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que en sesión extraordinaria llevada a cabo el veintiocho de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable dejó insubsistente el acta de ocho de enero de dos mil veinte, e instruyó al Magistrado Visitador, para el efecto de que se llevara a cabo la entrega recepción a los jueces entre estos al hoy quejoso Javier Hernando Romero Ulloa, como Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, adscribiendo al citado quejoso en la sede judicial de Cuautla, Morelos. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí parte quejosa reclama en la instancia constitucional el acta de ocho de enero de dos mil veinte, y como consecuencia su destitución del cargo que ostentó; sin embargo, con la actuación señalada en el párrafo que antecede, es decir, el acta de sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil veinte, la resolución reclamada quedó superada, así como sus consecuencias relativas al reconocimiento de los derechos derivados de la reincorporación como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con sede en Cuautla, Morelos, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos conforme a lo establecido en el diverso juicio de amparo 1870/2011 del índice de este Juzgado de Distrito, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Cobra aplicación por los argumentos que la sustentan, la jurisprudencia VIII.1o. J/28, con registro digital 169736, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA UN LAUDO CON EL QUE SE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTA UN ACUERDO PLENARIO POR EL CUAL LA TIENE POR NO CUMPLIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA JUNTA RESPONSABLE AÚN NO HAYA DECLARADO LA INSUBSISTENCIA DE AQUÉL. El acuerdo plenario emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito por el cual tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa respecto de un laudo dictado por la Junta en acatamiento a ella, debe ser observado ineludiblemente por ésta; en tal virtud, cualquier juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo con el que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, con independencia de que la autoridad responsable todavía no haya declarado la insubsistencia de ese laudo, pues con el aludido acuerdo cesan los efectos de éste, al ordenar que quede sin efectos y se pronuncie uno nuevo en el que se cumplan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de esta ley." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia, lo conducente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo respecto de dichos actos reclamados, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; ahora, del informe rendido se advierte que con fecha doce de agosto de dos mil veintidós, se dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/1019/17-III, asimismo, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se notificó personalmente a la parte actora aquí quejosa dicha determinación, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada; documentales que por ser de carácter público hacen prueba plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que la parte actora aquí quejosa Alejandra Iliana Huerta Rodríguez, en el presente juicio reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la denegación de justicia consistente en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/1019/17; sin embargo, como ya se estableció la autoridad responsable con fecha doce de agosto de dos mil veintidós, se dictó la resolución en forma de laudo dentro del referido expediente laboral, asimismo, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se notificó personalmente a la parte actora aquí quejosa de dicha determinación, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se les realizaran mediante oficio en su residencia oficial. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, de acuerdo con las manifestaciones que vierte y las copias certificadas que remite, de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad a Yenni Elizabeth Flores Vázquez, como apoderada legal de la parte quejosa. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha le está transcurriendo el plazo a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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