Alejandra Iglesias Arreola

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Iglesias Arreola
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
  • Director del Centro de Rehabilitación Cívica Total

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es depurable.

  3. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 335/2021-IV, promovido por Juan Manuel González en representación de Alejandra Iglesias Arreola, contra actos de las autoridades, Director de Seguridad Vial y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido mediante el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, el primero de mayo de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado ese mismo día, Juan Manuel González en representación de Alejandra Iglesias Arreola,, promovió juicio de amparo, en contra de las autoridades, Director de Seguridad Vial y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó el acto relativo a la privación ilegal de su libertad personal fuera de procedimiento judicial. Segundo. Mediante proveído de primero de mayo del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se registró bajo el expediente 335/2021-IV, se requirió a las autoridades responsables informe relativo a la suspensión de plano, así como su respectivo informe con justificación y se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, señalándose día y hora hábil para el desahogo de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Federal se encuentra legalmente facultado para resolver esta controversia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, tienen su domicilio dentro del ámbito territorial en el cual se ejerce jurisdicción. Segundo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del sumario, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del análisis al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que el acto reclamado se hace consistir en la privación de la libertad de la quejosa, derivada del arresto administrativo realizado a la quejosa, el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, por autoridades administrativas de esta ciudad. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Tercero. Las autoridades responsables, Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado solicitado negaron los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cabe señalar que la autoridad responsable, Director del Centro de Recuperación Cívica Total, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló que la quejosa, el uno de mayo del año en curso, fue arrestada por los agentes de Tránsito Municipal, a consecuencia de haber sido sorprendida cometiendo una falta administrativa, consistente en la conducción de un vehículo, sobrepasando los límites de alcohol permitido, quien fue presentada ante el Juez Cívico en turno, quien instauró un procedimiento administrativo en términos del artículo 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, emitiendo dicha autoridad una sanción a la quejosa, consistente en arresto por veinticuatro horas. Como apoyo de su informe con justificación, remitió copia certificada del oficio de puesta a disposición y diverso oficio dirigido al Juez Cívico en turno adscrito al Centro de Recuperación Cívica, en el cual se solicitó que se emitiera la orden de la salida provisional de la quejosa, en atención a la suspensión de plano de los actos reclamados, que fue concedida en el juicio de amparo en que se actúa. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que se tratan de actuaciones expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ende, se tiene probado el acto relativo que reclama la quejosa, consistente en el arresto administrativo, emitido por la autoridad administrativa, Juez Cívico en turno, adscrito al Centro de Recuperación Cívica Total, de esta ciudad. No obstante lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsables, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Lo anterior, es así, en virtud de que de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó correr traslado con el oficio 060/2021, signado Directora del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de quince días contados a partir de su legal notificación, manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad responsable ordenadora, Juez Cívico en turno, adscrito al Centro de Recuperación Cívica Total, de esta ciudad, sin que lo hubiera hecho en el plazo que le fue concedido para dicho efecto. Por tanto, es evidente en el caso que no existe autoridad responsable a quien pueda atribuirse la emisión del acto reclamado, en razón de que la quejosa omitió ampliar su demanda respecto a la autoridad ordenadora, Juez Cívico en turno, adscrito al Centro de Recuperación Cívica Total, de esta ciudad,, a pesar de que se le requirió para ello, como se advierte de la certificación efectuada por el Secretario de Juzgado, realizada en la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 108, fracción III, del citado ordenamiento legal. Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación XLVII, página 1195, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, no oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Tomo II, del mes de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se localiza en la página 468,"AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." De igual forma, orienta a lo expuesto, la tesis de Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 164185, visible en la página 2199, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 115, 123 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Único. De conformidad con la parte final del considerando tercero de este fallo, se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido en representación de Alejandra Iglesias Arreola. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´JMMB

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte, específicamente del informe justificado rendido por la Directora del Centro de Recuperación Cívica Total, en esta ciudad, la participación de una nueva autoridad, en el caso, Juez Cívico comisionado al Centro de Recuperación Cívica Total, en la localidad; por lo que, se previene a la parte quejosa, corriéndole traslado con el contenido del informe en cita, para que en el término de quince días, manifieste si es su deseo aclarar o ampliar la demanda de amparo por lo que respecta a la responsable en cita y los actos emitidos por la misma, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respeto en el plazo otorgado, se continuará con la secuela procesal del presente asunto. Lo anterior, con apoyo en la Tesis de jurisprudencia 2a./J.112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para su celebración el día de hoy, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el señalamiento de la fecha para la audiencia constitucional se fijó fuera del plazo que establece la Ley de Amparo en su artículo 115, segundo párrafo; sin embargo, dicha circunstancia se debe a la carga de trabajo existente en este juzgado federal, así como la limitación del personal y horarios reducidos, con los cuales los órganos jurisdiccionales se encuentran laborando, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto al periodo de su vigencia por el similar 9/2021. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

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