Alejandra Hernández Rodríguez
Expediente 172/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alejandra Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ, por lo que, se le tiene por dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, y al respecto, preciso lo siguiente: -Que si era su deseo que se tramitara incidente de suspensión respectivo de los actos reclamados. Una vez cumplido lo anterior, se procede al análisis de la demanda de garantías promovida por ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ, contra el acto que reclama al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Capital, Zacatecas, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías tuteladas por los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 172/2016-II-4, que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, este resolutor considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, la impetrante de garantías debió de interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Los dispositivos legales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, textualmente disponen: C.P.E.U.M.: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" (.) "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" (.) Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En efecto, el juicio de amparo biinstancial por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida por tal a aquella que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano; sin embargo, de acuerdo a los numerales transcritos, establece como exigencia sine quo non (sin la cual no) el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber, cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique per se (por sí) afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. También, existe excepción cuando el acto reclamado sea impugnado en la vía indirecta, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. Entonces, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducido, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad. Luego, en el caso sometido a examen, la parte quejosa reclama ante esta instancia de control constitucional el auto y/o proveído de once de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital, dentro de los autos del juicio civil hipotecario 107/207, en donde medularmente dispuso que no procedía la admisión del incidente en los términos solicitados por ser intranscendente. Sin embargo, tal auto reclamado debió ser impugnado por la quejoso de forma previa, mediante la interposición del recurso de revocación, de acuerdo a lo estatuido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, en su numeral 367, al tratarse de un auto de trámite emitido con posterioridad al dictado de la sentencia de once de julio del año dos mil trece, dictada dentro juicio hipotecario 107/2007. "Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." Se afirma lo anterior, pues el recurso de revocación constituye un medio de impugnación ordinario con efectos suficientes para revocar o modificar los producidos por el acuerdo reclamado, traduciéndose así en un recurso sencillo y rápido, cuya eficacia resulta acorde a los requisitos establecidos por el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. "Artículo 25.- Protección Judicial" "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (.) Por otra parte, no se percibe se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se adelantó, al tratarse de un auto de trámite emitido con posterioridad al dictado de la sentencia de once de julio del año dos mil trece; no implica afectación a su libertad personal, ni directa ni indirecta, tampoco se trata de una persona ajena al procedimiento, por ser él, la propio quejosa, quien una vez emplazada dentro del juicio natural bajo el carácter de demandada, solicitó incidente de nulidad de actuaciones en el juicio civil hipotecario 107/2007, que fuera desechado de plano por intranscendente, por la autoridad responsable el once de marzo de dos mil dieciséis, y que constituye el acto reclamado. En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar el acuerdo reclamado, los cuales no se califican, era menester que la impetrante de amparo lo recurriera con la interposición del recurso ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto reclamado), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la presente demanda de amparo propuesta. Cobra aplicación al presente caso en lo conducente, la tesis 1a./J.113/2013(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, tomo I, libro 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido) De igual forma, resulta congruente, la jurisprudencia 1a./J. 14/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 443, tomo XXI, materia civil, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ, contra el acto que reclama al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Capital, Zacatecas, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. No es óbice que la parte quejosa argumente en su demanda de amparo que agotó el principio de definitividad por haber promovido el incidente de nulidad de notificaciones, sin embargo de la demanda de amparo se desprende que el acto impugnado lo constituye un proveído mediante el cual se le desecho el citado incidente y respecto del cual como ya se dijo procedía promover el recurso de revocación.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ, contra actos del Juez Primero del Ramo del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas; que estima violatorios en su perjuicio las garantías que consagran los artículos 1º, 14 y 16, Constitucionales. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 172/2016-II-4; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: El artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Se hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [ . ] Por su parte, el numeral 128, fraccione I, de la Ley de la Materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo. Siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y [ . ] Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Del análisis de la demanda de amparo, se advierte precisamente de los puntos petitorios que la quejosa solicita se pida a la autoridad responsable su respectivo informe previo, mas sin embargo no formula capítulo de suspensión. En consecuencia, se requiere a la peticionaria de garantías para que manifieste si es su deseo que se tramite el incidente de suspensión respectivo, y en caso afirmativo deberá exhibir dos copias más de su escrito de demanda, lo anterior a fin de formar los cuadernos incidentales. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se tramitara su demanda sin incidente de suspensión. Finalmente, ténganse por autorizados a los licenciados Lauro Martínez Flores, Iraida Albertina García López, Francisco Javier Cabañez Escobedo y Roberto Ibrahim Sánchez Gil, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover, toda vez que no proporcionan en su demanda los datos de los documentos que los autorizan para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto, el ubicado en calle Matamoros número 125, zona centro de esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE,SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL AVISO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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