Alejandra Guzman Avila
Expediente 1201/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Guzman Avila
Actuaciones
- Principal
Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa el oficio de cuenta, por medio del cual la citada autoridad informa que admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto que desechó la demanda de amparo promovida por -
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos copia del escrito de cuenta suscrito por la quejosa -, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve dictado en el presente juicio de amparo en el que se desechó la demanda amparo; por tanto una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse de inmediato los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso de queja hecho valer, enviándose al efecto original y copia del escrito de cuenta e informe sobre la materia de queja. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número II-1201/2019-1. Ahora bien, de su demanda de garantías se advierte que en principio señala como actos reclamados los siguientes: ".ACTOS RECLAMADOS. De la Tercera SALA Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. El ilegal emplazamiento dentro del juicio administrativo expediente número JA-740/2016-III; así como todos los actos posteriores al mismo, incluyen la sentencia dictada y en particular la cancelación de la inscripción de la escritura pública número 21638. Tomo 145, de fecha 9 de septiembre del año 2015, otorgada ante el notario público y residencia en la ciudad de León, Guanajuato; mismo que se encontraba inscrita ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado bajo el número 33 del Tomo 1094 del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro, de fecha 26 de agosto del año 2016. A la Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado. La cancelación de la inscripción de la antes mencionada escritura pública número 21638, tomo 145, de fecha 9 de septiembre del año 2015, otorgada ante el notario público número 13, licenciado -con ejercicio y residencia en la ciudad de León, Guanajuato; mismo que se encontraba inscrito ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado bajo el número 33 del Tomo 1094 del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro, de fecha 26 de agosto del año 2016; por razón de la sentencia dictada en el dentro del juicio administrativo expediente número JA-740/2016-111. La inscripción de la escritura pública número 17,340, volumen 363, otorgada ante la fe de la Notaria Publica número 94 en el Estado de Michoacán, Licenciada -; la que fue inscrita bajo el Registro 34 del Tomo 1259 del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro; la cual se refiere a la donación que -, a su menor hijo -, de un predio de mi propiedad denominado "-", localizado dentro de las comprensiones del municipio de Erongaricuaro, Michoacán, el cual tiene una extensión superficial de 48-54-64 cuarenta y ocho hectáreas cincuenta y cuatro áreas sesenta y cuatro centiáreas. La inscripción de la escritura pública número 17,341, volumen 363, otorgada ante la fe de la Notaria Publica número 94 en el Estado de Michoacán, Licenciada -, la que fue inscrita bajo el Registro 33 del Tomo 1259 del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro; la cual contiene la donación que realizo -, a su menor hijo -, de un predio de mi propiedad denominado "-", localizado dentro de las comprensiones del municipio de Erongaricuaro, Michoacán, el cual tiene una extensión superficial de 9-50-43 nueve hectáreas cincuenta áreas cuarenta y tres centiáreas..". Respecto del mismo, la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte los numerales 61, fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, del libelo constitucional, se desprende que la peticionaria de garantías, refiere bajo protesta de decir verdad que el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de la cancelación de las inscripciones de las escrituras públicas 21638, tomo 145 y 3,202 Volumen 55, por motivo de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio administrativo expediente JA-740/2016-III, del índice de la Tercera Sala Administrativa del Estado de Michoacán, juicio respecto del cual se ostenta tercera extraña. Ahora bien, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró que en el juicio de amparo I-151/2018-C, del índice de este órgano jurisdiccional, - reclamó de las mismas autoridades aquí señaladas como responsables lo siguiente: ". a) La medida cautelar dictada por la Autoridad Responsable Ordenadora, mediante auto de fecha 20 de octubre de 2016. Dentro del juicio expediente: JA-0740/2016-II, solicitada por la aquí tercera interesada, a fin de que se anotara su demanda y auto de admisión ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, respecto de los bienes raíz registrados bajo el número 33 treinta y tres del Tomo 1094 mil noventa y cuatro, del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro Michoacán. Así como todas y cada uno de los actos subsecuentes a dicha medida cautelar. b) A la Autoridad Ejecutoria, la anotación realizada (mandatada por la Autoridad Ordenadora, o solicitud de la aquí tercera interesada) que hizo en los inmuebles inscritos bajo el número 33 treinta y tres del Tomo 1094 mil noventa y cuatro, del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro Michoacán. La cual quedo registrada bajo el numero 17 diecisiete del Tomo 42 cuarenta y dos del Libro de Sentencias, en época 25 de noviembre de 2016. Actos reclamados que tienen sustento en la circunstancia de que los bienes raíz que se encuentran inscritos bajo el número 33 treinta y tres del Tomo 1094 mil noventa y cuatro, del Libro de Propiedad del Distrito de Pátzcuaro Michoacán, son de mi propiedad con fecha anterior al mandato dictado (acto reclamado en el inciso a) del presente capitulo) e inclusive a la presentación de la demanda administrativa por parte de la tercera interesada; lo que hace de suyo que a la época de la anotación marginal (acto reclamado en el inciso b( del presente capitulo) sea ilegal ya que los bienes inmuebles no eran ya propiedad de la demandada en el juicio administrativo de donde emanan los actos reclamados, por lo cual el peticionario de amparo tengo el carácter de Tercero de Buena Fe Registral." Juicio de amparo, en el que la aquí quejosa fue emplazada como tercera interesada y quien previa ratificación de escrito de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se apersonó el veinticinco de septiembre siguiente, lo que permite entender que fue en esa fecha que tuvo conocimiento del juicio administrativo JA-740/2016-III, del índice de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Luego es inconcuso que el término de quince días, comenzó a partir del día hábil siguiente y resultando evidente que si fue hasta el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve en que fue presentada la demanda, el término de quince días que dispone el numeral 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso, pues el plazo de quince días comenzó el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho y feneció el diecinueve de octubre del citado año. Por tal motivo, es incuestionable que resulta extemporánea la demanda de garantías, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el trece de agosto del año en curso, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, de título siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.-". En tales condiciones, lo que procede es DESECHAR de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento y con la finalidad de robustecer la improcedencia de la demanda de amparo, no obstante que sea suficiente el análisis de una sola causa de improcedencia, debe precisarse que también se actualiza la diversa prevista en el artículo 107, fracción I, constitucional, como en los diversos 61, fracción XII, en relación con 5°, fracción I y con el 6°, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 205-216 Tercera Parte, Materia Común, página 127, que a la letra dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, lo que se desprende de la tesis con número de registro 807072, que establece: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la aquí quejosa no resiente una afectación real y directa en su esfera jurídica toda vez que no detenta derecho alguno sobre los bienes cuyas inscripciones registradas fueron canceladas, toda vez que como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, vendió dichos inmuebles -, quien en todo caso, resintiera una afectación y quien, dicho sea de paso, promovió el juicio de amparo 151/2018-C, del índice de este Juzgado Federal, sin que obste a lo anterior lo manifestado por la solicitante de amparo en el sentido de que aquel podría efectuar reclamos en la vía judicial en su contra, toda vez que dicha posibilidad al ser futura e incierta no es suficiente para estimar actualizada una afectación a su esfera jurídica. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizado únicamente para imponerse de los autos a las personas que indica, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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