Alejandra Gutiérrez Gómez

Expediente 551/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
551/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Gutiérrez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el Secretario de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, acusa recibo del oficio por el cual se le devolvieron las documentales que allegó a este juzgado en el informe justificado; por tanto, se ordena que obre como constancia, en razón de que el presente asunto, se encuentra totalmente concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    Colima, Colima, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, solicita se le envíen copias certificadas de las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias que solicita; asimismo, indíquesele que el uso que le dé al citado documento, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase.

  3. Principal

    Colima, Colima, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, causó estado el presente juicio ordenándose el archivo del mismo; sin que se haya ordenado la devolución de los autos relativos al toca ****** y el expediente ******, mismos que allegó la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado en el amparo directo ******, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. En razón de lo anterior, remítanse las citadas constancias relativas al toca ****** y el expediente ******, a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Cúmplase.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio 235/2021-A, que suscribe la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado de este Circuito, al que anexa el amparo directo 226/2021, de su índice, el cual contiene la demanda de amparo que firma Alejandra Gutiérrez Gómez, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Elva Griselda Gómez Aguilar, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, así como dos tantos de la demanda de amparo, los autos del toca 705/2020 y el expediente 1755/2014. Acepta conocimiento. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de este Circuito, con fundamento en lo establecido en los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima se avoca a conocer de la demanda en cuestión. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 551/2021-I. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de quince de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 705/2020, por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por la cual se revocó la sentencia interlocutoria de veinte de enero de dos mil veinte, y se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada, la cual deriva del juicio civil ordinario 1755/2014-119C, del índice del Juzgado Primero Mixto Civil Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima. Desechamiento. En este contexto, es preciso destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley) impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, el cual previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los artículos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la ley. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracción V, de la ley, prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De estos preceptos se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actosprocesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio, que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento, la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Para comprender el alcance interpretativo de estas normas con referencia a los actos de imposible reparación, conviene mencionar que han existido una gran variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el punto de vista jurisprudencial, determinó en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. En ese contexto, surgieron varios criterios que admitían la posibilidad de que el amparo resultara procedente contra violaciones procesales en grado predominante o superior, que, sin afectar propiamente los derechos sustantivos de la persona, producían un perjuicio de similar magnitud que justificaba la procedencia del amparo. Sin embargo, esta situación ya no es así, pues a partir de la vigencia del actual artículo 107, fracción V, de la ley, se precisa el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden resultar aplicables aquellas jurisprudencias del máximo tribunal del país en las que admitió la posibilidad de controvertir actos que afectaban derechos procesales o adjetivos en grado predominante o superior, ya que se originaron en el contexto de una legislación como la abrogada Ley de Amparo, que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente se deben prescindir de dichas jurisprudencias para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo los que produzcan una violación de carácter predominante, debe reclamarse, en su momento, a través del amparo directo, o bien, del amparo adhesivo. A partir de las premisas apuntadas, se concluye que la reclamada no constituye un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la ley, en razón de que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues, en su caso, concurre en un plano procesal. Lo anterior es así, porque el hecho de que la sala responsable haya revocado la interlocutoria de la resolución recurrida de quince de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 705/2020, y declarado improcedente la excepción de cosa juzgada, la cual deriva del juicio civil ordinario 1755/2014-119C, del índice del Juzgado Primero Mixto Civil Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, y no le trastoca algún derecho que rebase lo puramente procesal, que no sea susceptible de repararse, en su caso, cuando se impugne la resolución definitiva dictada en el juicio de origen. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 12/2018 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio 2018, Tomo I, página 6, Materia (s): Común, registro 2017109, cuyo rubro dice: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." En efecto, la afectación que dice resentir es meramente formal y reparable si obtiene una resolución favorable, o bien, combatible a manera de procesal cuando se impugne el fallo definitivo que dirima el expediente natural. De ahí que se estima que el acto reclamado no produce una afectación irreparable a derechos sustantivos, dado que se trata de cuestiones de naturaleza adjetiva o procesal. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracción V, de la ley, interpretado en sentido contrario, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.

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