Alejandra Guadalupe Tovar Pardo

Expediente 2/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Alejandra Guadalupe Tovar Pardo
  • Paulina Medrano Tovar y Otros.
  • María Alejandra Medrano Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    - Téngase por recibido el oficio, signado por . . . por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil . . . hágase del conocimiento de las partes que mediante sesión de . . . declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de tres de enero de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo . . . se ordena su archivo definitivo . . .

  2. Principal

    - Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por . . . mediante el cual, acusa recibo del oficio por . . . el cual le fuera remitido el escrito original y copia, relativos al recurso de queja interpuesto . . .

  3. Principal

    - Visto el escrito de cuenta signado por . . . ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja . . . remítase al . . . el original del escrito de agravios, copia del mismo y copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, para la substanciación del recurso de mérito . . .

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, comunica el acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de dicho Tribunal, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en los autos del juicio de amparo directo 1122/2017 de su índice, por el que se declaró que causó estado el diverso auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, por el que dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Paulina Medrano Tovar, por propio derecho, así como Alejandra Guadalupe Tovar Pardo, por sí y en representación de la menor M.A.M.T., misma que remite con el oficio de cuenta, así como informe justificado de la autoridad señalada como responsable, un oficio de la Jueza Sexto Familiar del Estado de Querétaro, toca familiar 1027/2017, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, cuaderno de apelación 72/2017 y copia certificada del expediente 1551/2015, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Estado de Querétaro, así como notificación a tercera interesada de la demanda de amparo promovida, en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente. Vista la demanda de amparo promovida por Paulina Medrano Tovar, por propio derecho, así como Alejandra Guadalupe Tovar Pardo, por sí y en representación de la menor M.A.M.T.; contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal; 1°, párrafo primero, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117, 125, 127 y 128, de la Nueva Ley de Amparo; fórmese el cuaderno respectivo, y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 2/2018-V, que es el que le corresponde. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, pues en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. Del escrito inicial de demanda y constancias de autos, se desprende que el acto reclamado por la parte promovente, consiste en: - La resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por los Magistrados integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los autos del toca familiar 1027/2017 de su índice, que modificó la sentencia interlocutoria de siete de julio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente 1551/2015, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Estado de Querétaro. En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV primer párrafo, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente prevén: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin que pase desapercibido el contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El contenido de los preceptos legales en cita, pone de manifiesto que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es el de quince días hábiles contados de la forma siguiente: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rige; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que reclama o su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado, o su ejecución. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos, y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días posteriores a aquél. La referida regla que rige el plazo de quince días como término para promover la demanda de amparo, admite ciertas excepciones, como las siguientes, a saber: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición, el término para interponer la demanda de amparo será de treinta días; 2) Cuando en Materia Penal se reclame la sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, el término será de hasta ocho años. 3) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años. 4) En el caso de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Es ilustrativa, por identidad de razón en su contenido, la tesis que sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Del criterio señalado, se advierte la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, se desprende que la quejosa reclama la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, por los Magistrados integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los autos del toca familiar 1027/2017 de su índice, mediante la cual modificaron la sentencia interlocutoria de siete de julio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente 1551/2015, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Estado de Querétaro. Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio de amparo, que remitió la Sala responsable, relativas al toca familiar 1027/2017 de su índice, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley de Amparo, se desprende que el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se notificó por listas a las coherederas Paulina Medrano Tovar, y la menor de edad M.A.M.T., quien actúa a través de su madre Alejandra Guadalupe Tovar Pardo, la resolución de veintiséis de septiembre del mismo año, que constituye el acto reclamado, en virtud que no señalaron domicilio procesal ante el tribunal de alzada, por lo cual, las notificaciones aun de carácter personal, le surten efectos por listas. Asimismo, en dicho toca civil, obra el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, por el que la Sala responsable admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto y en razón de que las coherederas Paulina Medrano Tovar, y la menor de edad M.A.M.T., quien actúa a través de su madre Alejandra Guadalupe Tovar Pardo, no señalaron domicilio procesal en segunda instancia, determinó que las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les realizarán por lista y surtirán efectos legales al día siguiente de su publicación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 741 y 742 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; que establecen: "Artículo 741. En el escrito de interposición del recurso, el apelante señalará domicilio para recibir notificaciones en la segunda instancia y, en caso de que así lo desee, un correo electrónico para recibirlos. Lo mismo hará el colitigante en el escrito de contestación de agravios." "Artículo 742. De no cumplir las partes con lo dispuesto en el artículo anterior, las notificaciones se les harán por lista en la segunda instancia." Ahora bien, conforme a la legislación que rige el acto reclamado, tratándose de notificación por lista, ésta surte efectos al día siguiente de su publicación, sin que se cuenten aquellos días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales; lo anterior, se encuentra previsto en los artículos 120 y 128 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que prevén: "ARTICULO 120.- La segunda y ulteriores notificaciones surtirán efectos en lista para los interesados, al día siguiente de su publicación, excepto en los casos en que el interesado consulte el expediente por medio del servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial del Estado o que sea notificado por medio de correo electrónico, en los cuales surtirá efectos a partir de la fecha en que haga la consulta del expediente electrónico o de la fecha en que se envíe el correo electrónico, según sea el caso." "Artículo 128.- En ningún plazo se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, excepto los plazos que se cuenten por meses o años, los que se computarán naturales, pero si el último día fuere inhábil, el plazo concluirá el primer día hábil siguiente." Asimismo, la citada notificación por lista, se encuentra prevista en el artículo 109, fracción VI, del referido Código Procesal Civil del Estado de Querétaro, que señala: "Artículo 109. Las notificaciones se harán:. VI. Por lista;." En tal sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda, conforme a la Ley que rige el acto reclamado (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro), cuando sea notificación por lista, como en el caso aconteció, se computará a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación respectiva, en el caso concreto, si la resolución reclamada fue notificada por lista a las promoventes, el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, surtió efectos a partir del veintiocho del mismo mes y año, por lo que a partir del veintinueve de septiembre del mismo año, comienza a computarse el plazo para la presentación de la demanda. Cabe destacar que en relación a dicha notificación, resulta aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al sustentar la tesis visible en la página 249, tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, de rubro y texto: "NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO, LOS VICIOS QUE LA PUEDAN AFECTAR NO SON SUSCEPTIBLES DE ESTUDIARSE CUANDO SE RESUELVE SOBRE LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO.- Los vicios que puedan afectar a la notificación del acto reclamado no son susceptibles de analizarse al momento de resolver sobre la oportunidad de la demanda de amparo, notificación aquélla a la que debe atenderse para realizar el cómputo a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo pues, mientras no se ha declarado su nulidad mediante el procedimiento correspondiente, surte todos sus efectos legales." Lo anterior es así, pues de las constancias de autos no se advierte que la quejosa se hubiese inconformado de la notificación efectuada, así como tampoco señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia, como lo indicó la Sala responsable al admitir el recurso de apelación, lo que derivó en que se tuviera para tal efectos, los estrados del tribunal responsable. En consecuencia, toda vez que el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, comenzó a computarse para la parte promovente, a partir del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el mismo transcurrió al veintitrés de octubre del mismo año, sin contar los días treinta de septiembre, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de octubre, todos de dos mil diecisiete, por haber sido sábados y domingos, por ello inhábiles, así como tampoco el doce y trece de octubre del mismo año, el primero en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el segundo, por haberlo acordado el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como no laborable, lo que se comunicó mediante circular 25/2017, de seis de octubre de dos mil diecisiete, signada por el Secretario Ejecutivo de dicho Pleno. Por lo cual, al día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en que se presentó la demanda de amparo ante la autoridad responsable, ya había transcurrido el referido plazo de quince días que para su presentación señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que dicha demanda de amparo fue presentada como demanda de amparo directo, ante la Junta responsable, por lo que la fecha mencionada (veinticinco de octubre de dos mil diecisiete), consta del sello de recepción respectivo, así como de la certificación efectuada en la misma, por la Secretaria de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, del Presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Materia de Amparo, toda vez que a la fecha de su presentación ante dicha responsable, como ya se precisó, había fenecido el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV primer párrafo, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, en términos del artículo 113 de la misma Ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, se tiene a las promoventes designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan para ello en el proemio de su demanda y como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Guadalupe Rodríguez Samano, en virtud que cuenta con cédula profesional para ejercer la licenciatura en derecho debidamente registrada ante el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Así también, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación el presente juicio de amparo, con el fin de no entorpecer su trámite. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente. Finalmente, con el toca familiar 1027/2017, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, cuaderno de apelación 72/2017 y copia certificada del expediente 1551/2015, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Estado de Querétaro, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, para el mejor manejo del presente expediente.

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