Alejandra Guadalupe Cancino Ruíz
Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Alejandra Guadalupe Cancino Ruíz
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3, fracción II del mencionado cuerpo normativo en materia administrativa; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Por tanto, regístrese la presente demanda con el número de juicio de amparo indirecto 393/2023; fórmese los expedientes electrónicos y físicos referidos para los efectos dados; y regístrese en el libro de gobierno respectivo, como medida interna de control de la información. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Ahora bien, siendo que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, que conforme al artículo 3, fracción XII, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha representación es otorgada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; por tanto, emplácese a dicha autoridad en los términos antes indicados, para los efectos legales a que haya lugar. Con una copia simple de la demanda de amparo fórmese y tramítese el incidente de suspensión, en los mismos términos que este juicio de amparo principal, por separado y sin necesidad de formar duplicado alguno, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo; Ahora bien, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la acumulación del juicio 393/2023 al 349/2023, por haber sido éste el primero en haberse presentado, por lo que jurídicamente califica como el más antiguo para efectos de la acumulación. Por tanto, la acumulación permitirá al juzgador resolver los litigios en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones; ello, en aras de proteger los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial. En relación con lo anterior, cabe señalar que por disposición expresa de la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, por lo que debe recordarse que la supletoriedad de este último ordenamiento opera, en el caso del juicio de amparo, cuando la ley a suplir no contempla la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente, entre otros supuestos. Así, la acumulación de juicios decretada de oficio, se encuentra contemplada en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero.". "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental.". De lo anterior, se desprende que al haberse promovido los juicios de amparo de referencia en contra de las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados; por tanto, con fundamento en el artículo 66 de la ley de la materia, resulta procedente la acumulación del presente juicio 393/2023 al diverso juicio 349/2023. Ello, atendiendo a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, pues el suscrito se encuentra obligado a analizar los derechos de los justiciables como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el quejoso. Como consecuencia de lo anterior, dese cuenta con copia de este acuerdo en el juicio de amparo 349/2023, a fin de proveer lo conducente. Sin que sea el caso requerir su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, en atención a la acumulación ordenada en los párrafos precedentes. Así también, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto (legal y humana), así como las documentales que adjunta al escrito de demanda, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, a efecto de que sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a su costa la copia certificada que solicita en un solo tanto, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. En otra tesitura, de conformidad con el artículo 263, fracción II 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, También, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, con apoyo en el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y, con apoyo en los artículos 125, 128, 130 y 138 de la ley de la materia, tramítese por el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 393/2023, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades. Ahora bien, siendo que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, que conforme al artículo 3, fracción XII, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha representación es otorgada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; por tanto, emplácese a dicha autoridad en los términos antes indicados, para los efectos legales a que haya lugar. En términos de los artículos 138 fracción III, 139 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; Para lo cual, se exhorta a las autoridades responsables, en la medida de lo posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, el suscrito procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados que hizo consistir en: La aprobación del inconstitucional "Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)" publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La discriminación de la persona suscrita, quien actualmente laboral en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Campeche, como personal calificado necesario que mandata la constitución para un órgano ejecutivo de carácter delegacional (desconcentrado) del Instituto Nacional Electoral (INE), para realizar la atribución constitucional de la Organización de las elecciones, al no aplicar una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. La inconstitucionalidad de la afectación y limitación de mis remuneraciones, así como la restricción de considerar mis labores como "trabajo calificado" o "especializado en su función". El trato desigual y discriminatorio al personal de la rama administrativa, previendo que su relación laboral sea normada a través de disipaciones distintas a las contenidas en el estatuto del servicio Profesional Electoral Nacional (estatuto). A las autoridades ejecutoras se reclama -de forma destacada- lo siguiente: La aplicación de los artículos y transitorios del decreto que se combate, así como los efectos y consecuencias que se deriven de las mismas, en relación con la desaparición del personal de la rama administrativa del INE al que pertenezco como Asistente Local de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Campeche, como lo es la separación de mi empleo. La ejecución del Acuerdo ***, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que da inicio formal a la organización y aprobación de trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos de dicho instituto y crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023. Respecto de los citados actos reclamados, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional, en virtud que la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de la Ley, y no de ésta en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que podría perjudicar a la impetrante de amparo, lo cual constituye la materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Ahora bien, respecto a las consecuencias de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 132, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, toda vez que se encuentran satisfechos los requisitos previstos en el primer numeral citado, esto es, la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de no concederse dicha medida se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, medida cautelar que SE CONCEDE para para que no se materialicen los efectos y consecuencias de las normas impugnadas, y como corolario de lo anterior, no se aplique al peticionario de amparo tales disposiciones. Esto se decreta fundamentalmente con el fin de evitar la posible afectación a los derechos político electorales de la ciudadanía derivado de la alteración operativa y presupuestaria del propio Instituto Nacional Electoral; a los derechos humanos a la intimidad, privacidad y la propia imagen de las personas cuya información personal forma parte del Registro Federal de Electores y que presuponen la integridad del Padrón Electoral por parte del Instituto Nacional Electoral, así como posibles afectaciones de derechos humanos de naturaleza laboral de los servidores públicos adscritos al órgano constitucional autónomo. Lo anterior es así, ya que el actor se duele de que, mediante el decreto reclamado, entre otros aspectos fundamentales, se están suprimiendo indebidamente áreas y recortando personal del Instituto Nacional Electoral, lo cual impedirá el efectivo ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía previstos en el artículo 35 constitucional, pues supondrá la baja o remoción de servidores públicos que actualmente están adscritos para llevar a cabo tal función electoral bajo los principios constitucionales que la rigen, e impediría preservar la integridad del Padrón Electoral en las condiciones que exige el texto constitucional, máxime que quienes actualmente forman parte de esas estructuras se verían afectados en sus derechos laborales. Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se pretende preservar la materia del juicio y asegurar que los efectos y consecuencias del decreto impugnado no se ejecute de manera irreparable en perjuicio de la ciudadanía y de los servidores públicos adscritos al Instituto, además de garantizar provisionalmente la situación jurídica y el derecho o el interés del actor. Tampoco se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida puesto que, con ello, se garantiza el acceso a los derechos políticos electorales de la ciudadanía, la equidad en la contienda, los derechos humanos de todas las personas que formen parte del Padrón Electoral, así como los derechos laborales del personal, y se conserva la estructura orgánica y funcionamiento que ya tenía el Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto se resuelve, en definitiva, el presente asunto. Máxime que con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, de ser fundados los conceptos de invalidez, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita no tendría efectos retroactivos, ya que éstos sólo operan para la materia penal. En atención a lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que cita en su demanda que se ubica en esta ciudad capital. Del mismo modo, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, las cuales, se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia incidental. Por el contrario, en cuanto a la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto (legal y humano), dígase a la quejosa que no ha lugar de admitirlas, toda vez que no se encuentran previstas en el numeral invocado en el párrafo que antecede. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. Sin que sea el caso expedir la copia de la suspensión definitiva que solicita, toda vez que la misma no ha sido emitida, por lo que, una vez llegada dicha etapa procesal y reiterada sea su petición, se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
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