Alejandra Guadalupe Basulto Mangiapane
Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/08/2022
Partes del expediente
- Alejandra Guadalupe Basulto Mangiapane
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, uno de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción y/o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintidós. Se carece de notificación. Del estado de autos, se advierte que se carece de la notificación personal del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, relativa al proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio asunto. Comisiónese al Actuario Judicial. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que a la brevedad realice la notificación correspondiente, a fin de integral el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de junio de dos mil veintidós. Informa imposibilidad. Visto el oficio signado por el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual informa la imposibilidad con la que cuenta para cumplimentar la ejecutoria de amparo, precisando que corresponde a la Secretaría de Seguridad realizar las gestiones tendientes al cumplimiento ordenado en autos, y al efecto realiza diversas manifestaciones a fin de fundamentar y motivar su dicho. Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante informando lo anterior, sin que sea necesario realizar diverso requerimiento, toda vez que en auto de siete de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, y al efecto se requirió de nuevo a la misma para tal efecto.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DOCE SIGUIENTE, LA RESOLUCIÓN EN CITA, SEÑALA: QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si en el caso, las consideraciones que rigen la resolución de dieciséis de agosto pasado, en específico lo relativo a otorgar la custodia provisional de las menores a favor de la ahora tercera interesada se encuentra apegada a derecho, así como que, al controvertirse derechos de menores de edad, independientemente del carácter de quien acude en vía de amparo, si fueron o no respetados sus derechos fundamentales, así como su ejecución. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 175053 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 191/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167 Tipo: Jurisprudencia MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." II. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de los antecedentes de los actos reclamados narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, en los términos siguientes: 1. Que en razón de una relación suscitada entre el quejoso y la tercera interesada, procrearon dos hijas de nombres V.C.M.Z. y S.R.M.Z. 2. Luego, que las menores quedaron bajo la custodia de su progenitora y que, un día al pasar por ellas se percató que presentaban en sus brazos moretones y lesiones, por lo que presentó una denuncia en contra de la progenitora de éstas por maltrato infantil y, por esa razón ya no las reintegró a su domicilio. 3. Que el dos de agosto de dos mil veintiuno, presentó demanda de juicio civil sumario en contra de la ahora tercera interesada, por la custodia provisional y definitiva, alimentos y perdida de la patria potestad, demanda a la que se asignó el número 1200/2021, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en donde, por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, le fue otorgada la custodia provisional de sus menores hijas. 4. El dieciocho de agosto pasado, le fue notificada la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que decreta la custodia provisional de sus mejores hijas a favor de su progenitora ahora tercera interesada. (Acto reclamado) 5. Y, el veinticuatro de agosto siguiente, se llevó a cabo la diligencia de entrega de las menores a favor de la tercera interesada. (Acto reclamado) Para justificar su pretensión el quejoso aportó, entre otras, actas de nacimiento de sus menores hijas; copias simples de la denuncia y su ampliación respecto a las agresiones que dice sufrió por parte de la progenitora de sus menores hijas, así como del auto de nueve de agosto pasado, en el que se le otorgó la custodia provisional de sus hijas; copias simples del expediente 1200/2021 del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, así como copias simples y certificadas del expediente del que derivan los actos reclamados y, testimonial a cargo de Alicia Espinoza Lara e Ignacio Morales Núñez (ésta última fue desechada en la audiencia constitucional). Los documentos descritos que fueron exhibidos en copias simples, carecen de valor probatorio pleno, en virtud de que, dada las características propias de los mismos, al tratarse de copias simples, son susceptibles de modificación o alteración, por lo que no crean convicción en el ánimo de la juzgadora en cuanto a lo que en ellos se contiene. Por su parte, respecto de aquellos que fueron ofrecidos en copias certificadas, cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. III. Conceptos de violación. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". IV. Decisión sobre la litis constitucional de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno y su ejecución de veinticuatro de agosto siguiente. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer, como se verá: En efecto, se llega a esa conclusión, en virtud de que, la parte quejosa refiere, que conforme a los artículos 14 y 16 Constitucionales, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones y demás derechos sino es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y mediante mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su proceder. Así como que, la autoridad responsable violentó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 721 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ya que, en los asuntos de patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencia, el juez de oficio dictara las medidas que considere adecuadas para respetar la dignidad de las niñas, niños y adolescentes y el pleno ejercicio de sus derechos, cuidando que no se comprometa la seguridad física y desarrollo emocional de los mismos. Se concluye en lo anterior, al tenerse en consideración que, no se combate lo expuesto en la resolución reclamada, pues se hicieron argumentos genéricos, omitiendo exponer los motivos o razones particulares por las que se considera se trasgredieron los derechos fundamentales del hoy quejoso. En efecto, se aduce lo anterior, al tenerse en consideración que la responsable al otorgar la custodia provisional de las menores, destacó, esencialmente, lo siguiente: - Que en el caso, era pertinente conceder la medida solicitada relativa a la custodia provisional de las menores, dado que, de la narrativa del escrito inicial de demanda, se advertía, la existencia de un posible riesgo a la integridad de las menores, que de no atenderse y de no proceder a ejecutar lo solicitado, implicaría, colocarlas en un estado de riesgo. - Que no obstante, que entre los contenientes existió un pacto a fin de que el hoy quejoso conviviera con sus menores hijas, al no haberse presentado ante un órgano jurisdiccional con motivo de solución de conflicto entre los progenitores conllevaría a la ejecución de actos que ponen en riesgo la integridad de las menores, lo que desde luego atentaría en contra del interés superior de éstas. - Asimismo, se determinó que, en atención a la edad de las menores y, en razón de que la perdida de custodia de la accionante no había sido la idónea y legal, concluyó, que esa privación de convivencia con su progenitora afectaba el desarrollo emocional de forma repentina, generando daños de imposible reparación a las menores. - Que en el caso, no podía negarse la medida solicitada, puesto que ello conllevaría a impedir el goce y disfrute de la custodia de la progenitora afectando la seguridad y generando un daño irreparable a las menores. - Que atendiendo a la edad de las menores, la guarda y custodia debía ser ejercida por parte de la madre, aunado a las circunstancias en que se dio la separación forzada y, no a través de convenios. - Que con la finalidad de salvaguardar las prerrogativas de las menores y, en pro de un derecho a un sano desarrollo de la personalidad, concluyó que era procedente otorgar la medida solicitada. Argumentos que no son cuestionados en los motivos de inconformidad, habida consideración, que el hoy quejoso se limita en sostener que la responsable desatendió el artículo 721 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sin expresar en qué forma fue violentado el precepto legal en cita, de igual manera, tampoco expone argumentos tendentes a exponer lo inexacto de las consideraciones que rigen al acto reclamado, esto es, en su caso, que no es verdad que la custodia le hubiera sido rebatada en forma indebida, o como es inexacto que sus hijas se encuentren en peligro al estar bajo su custodia, así como el hecho de que no fuera verdad que la edad de las menores fuera determinante para que éstas estén bajo la custodia de su progenitora. Por ende, ello trae como consecuencia, que los argumentos que rigen al acto reclamado deben quedar intocadas. De igual forma, se advierte, que los argumentos hechos en vía de conceptos de violación, no tienden a exponer alguna ilegalidad o vicio de constitucionalidad que se contenga en la diligencia de ejecución de la orden de custodia provisional, de forma tal, que a su vez, deba considerarse que esa diligencia debe permanecer intocada. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 269435 Instancia: Tercera Sala Sexta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Sin que, en el caso, se desatienda que por tratarse de un asunto en el cual se ventilan cuestiones inherentes a derechos de menores, procede, la aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja, con independencia de la parte que acuda a instar el juicio de amparo; no obstante, no se encuentran motivos o razones, que conlleven a determinar la existencia de alguna violación a los derechos fundamentales de las menores, con motivo de la instauración de la medida cautelar concedida (custodia provisional). Lo anterior, dado que no se desatiende que el hoy quejoso, al narrar los antecedentes del acto reclamado, señaló, haber apreciado en sus hijas la existencia de moretones, así como que, presentó una denuncia penal en contra de la progenitora de éstas por lesiones y, que atribuyera el uso de enervantes a la hoy tercera interesada; sin embargo, ello, solo se trata de meras afirmaciones unilaterales carentes de material probatorio que así lo acredite, cuenta habida, que solo exhibió copias simples de la denuncia y ampliación a que alude. Por el contrario, cabe destacar, que obran agregadas en autos copias certificadas de la carpeta de investigación 3080/2021, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos en razón de Género, de las que se advierte, se le atribuyen al hoy quejoso conductas de agresión y en donde, incluso, se dictaron medidas de protección a favor de la madre de las menores, consistentes, entre otras, en la prohibición de acercarse al domicilio de ésta, tales elementos probatorios, resultan idóneas para poner de manifiesto la existencia de un antecedente que denota una situación especial que justifica y hace necesario como se destaca en el acto reclamado el otorgamiento de la medida cautelar solicitada a favor de la hoy tercera interesada. De igual forma, no se desatiende, que el hoy quejoso refirió haber promovido diverso juicio en el que se le concedió la custodia provisional de sus menores hijas, no obstante, esa circunstancia resulta irrelevante para determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado, habida consideración, de que el acto reclamado solo resolvió respecto a la pretensión de otorgar la custodia provisional, más no así, la de dilucidar cuál de los contendientes tiene mejor derecho para que le fuera concedida la custodia de las menores. Aunado a que, no se tiene certeza de que a la fecha, esa determinación se encuentre subsistente, máxime, si se tiene en cuenta, que de las copias certificadas allegadas en el juicio de amparo que nos ocupa, relativas al juicio de origen, se advierte el escrito por el que el quejoso dio contestación a la demanda entablada en su contra, del que, entre otras cuestiones, se desprende que opuso la excepción de litispendencia, derivada, precisamente, del procedimiento que aduce éste presentó y, en el que, se le otorgó a su vez, la custodia provisional de sus menores hijas. En otro orden de ideas, en el caso, debe analizarse en suplencia de la deficiencia de la queja, en pro y beneficio de los derechos fundamentales y superiores de las menores, el derecho de éstas para convivir con su progenitor, ello, en virtud, de que se omitió su estudio por parte del Juez de origen al resolver sobre la custodia provisional, lo anterior, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que del acuerdo reclamado de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ni de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que se haya fijado un régimen de visitas y convivencias con el progenitor al cual no se otorgó la custodia provisional de las menores. Ahora bien, por su relevancia al caso concreto, es menester acudir al contenido de los artículos 567, 573 y 575 del Código Civil del Estado de Jalisco, disponen lo siguiente: "Artículo 567. Niñas, niños y adolescentes deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Son niñas y niños las personas menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.". "Artículo 573. El régimen de visitas y convivencia constituye un derecho de las personas menores de edad que tiene por objeto regular y organizar el contacto, estancias y comunicaciones entre ellos y sus progenitores o adoptantes, familiares o parientes cuando los padres no convivan entre sí o cuando su convivencia haya cesado, caracterizado por una distribución igualitaria y racional del tiempo acordado voluntariamente entre ellos o en su defecto por decisión judicial. Las personas menores de edad tienen el derecho de visitas y convivencia por tratarse de un derecho autónomo al de la guarda y custodia así como de patria potestad y superior a la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la guarda y custodia. Los padres tienen el deber de visitar y convivir con sus hijos para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno filial. Cuando los menores de edad se encuentren sujetos a la tutela o guarda y custodia de alguna institución, éstas deberán vigilar dicha convivencia. El régimen de visitas y convivencia sólo podrá restringirse o suspenderse mediante declaración judicial cuando de conformidad con la ley se determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Los padres y las personas que ejerzan la guarda y custodia personal o institucional deberán abstenerse de realizar cualquier acto que promueva en las personas menores (sic) edad o mayores incapaces el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia la persona con quien tienen derecho de visitas y convivencia". "Artículo 575. El juez podrá decretar en todo momento las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de convivencia de las personas menores de edad, para tal efecto establecerá las condiciones que permitan, de ser posible, la subsistencia de los vínculos afectivos de la relación paterno filial, para lo cual podrá decretar las siguientes medidas de protección: I. Someter al padre o la madre a tratamiento profesional; II. Conceder al padre o la madre visitas y convivencia asistida o supervisada por institución pública; III. Prohibir al padre o la madre salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez; IV. Restringir las visitas y convivencia y autorizar otras formas de comunicación que permitan preservar los lazos familiares; V. Suspender temporalmente los derechos de visita y convivencia; y VI. Las demás medidas de apremio y medidas de protección que establezca la legislación civil.". De la interpretación sistemática de los preceptos jurídicos transcritos, se desprende, entre otras cuestiones, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de interés superior, puesto que deben ser objeto de atención, cuidado y reconocimiento. Asimismo, se observa que constituye tanto un derecho de aquéllos, como un deber de los progenitores, visitar y convivir unos con otros, para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación filial, lo cual debe guardar autonomía de la guarda y custodia y de la patria potestad, e inclusive debe estar por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre dicha guarda y custodia, lo que encuentra sustento en la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2004703 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. CCCVI/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1051 Tipo: Aislada GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." En esa tesitura, se concluye que en la decisión adoptada por la responsable se omitió velar por el respeto al derecho de convivencia con el progenitor al cual no se otorgó la custodia provisional que asiste a las menores ya que fue emitida una decisión provisional respecto de su guarda y custodia. Esto es así, ya que acorde a los preceptos del Código Civil del Estado de Jalisco trascritos, la autoridad responsable está obligada a buscar siempre como primera opción, el preservar el derecho de convivencia que tienen los niños, en el entendido de que ésta no resulte más perjudicial que benéfica; ello, en observancia al interés superior del menor, ya que se trata de un derecho que les es reconocido constitucionalmente. Por tal motivo, es que las autoridades cuentan la facultad que les otorga el numeral 575 del ordenamiento en comento, a fin de que decreten las medidas necesarias para garantizar el derecho de convivencia de los niños; siendo así que, en relación a ello, el precepto aludido contempla un catálogo de medidas de protección para que, el juez que conozca de un asunto donde el derecho de convivencia de un menor pueda verse mermado, escoja la más óptima, con la finalidad de tratar de preservar lo mayormente posible ese derecho que tienen los niños, en ponderación a la situación que se pudiera considerar adversa. Efectivamente, si el Juez responsable admitió a trámite la controversia de que se habla, al resolver sobre la guarda y custodia debió considerar que su resolución tendría como consecuencia privar a las menores de convivir con alguno de sus progenitores, y en todo caso, se encontraba obligado a otorgarle el derecho de convivencia con las menores. Por tanto, debe concluirse que el daño que se ocasiona al menor al perderse totalmente los lazos filiales, puede ser incluso mayor que el que resientan al convivir con sus progenitores, además que, el tiempo de calidad, momentos y experiencias que se pierdan durante el transcurso del tiempo en que se omita fijar un régimen de convivencia, no serán restituibles o reparables en ningún momento. En ese orden, la omisión del Juez responsable de no resolver sobre el régimen de visitas y convivencias, con fundamento en lo establecido en artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, trasgrede lo establecido en el artículo 16 constitucional, pues no justifica en modo alguno esa omisión. En esas condiciones, toda vez que los actos reclamados, constituyen una medida provisional encaminada a evitar actos de imposible reparación y de preservar la materia del juicio natural, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, por consiguiente, que lo que procede es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia Federal a Luis Alberto Morales Espinoza. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. En las narradas condiciones, lo procedente es conceder la protección de la justicia federal para el efecto de que el Juez responsable, realice lo siguiente: ? Deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, reitere lo decidido en cuanto a otorgar la medida cautelar de custodia provisional de las menores en favor de su progenitora y, una vez hecho lo anterior, determine, para ello, atendiendo al material probatorio existente en autos, un régimen de visitas o convivencia del progenitor de las menores para con éstas, en la forma en que considere más adecuada para las menores, considerando para ello, que dicha convivencia se lleve a cabo de forma asistida en alguno de los centros especializados para tales efectos, o bien, a través de algún medio electrónico, lo anterior, deberá determinarlo con plenitud de jurisdicción. SÉPTIMO.- Formato de lectura fácil. Acorde a lo dispuesto por los artículos 3 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, en relación a los artículos 71, 73, 74, 82 y 83, fracción III, de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, debe facilitarse la participación de los niños en los procedimientos judiciales y administrativos en los que se ventilen aspectos que estén relacionados con su esfera jurídica, para lo cual debe proporcionarse información clara, sencilla y comprensible a través de formatos accesibles de fácil lectura. Debido a ello, estos formatos deben realizarse con un lenguaje simple y directo, en el que se evite los tecnicismos, así como los conceptos abstractos, empleándose palabras cotidianas, personificando el texto lo más posible. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 159/2013, estimó que el acceso pleno de determinadas personas, por sus circunstancias de desarrollo, a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de ellas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales pueda comprenderse lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, señaló que es una obligación del Estado, proporcionar a los niños información adecuada utilizando un lenguaje que puedan entender, tanto el menor como su familiares y cuidadores en alcance al principio protegido por el artículo 3, párrafo I, de la Convención de los Derechos del Niño y, así crear las condiciones necesarias para que expresen su punto de vista. De esa manera atendiendo a que, entre las partes, del natural, versan los derechos de dos menores de edad, se explican las consecuencias de lo fallado del modo siguiente: 1. Al analizar su caso, este juzgado decidió que tienen la razón. 2. El Juez que lleva el asunto de sus papás, lo resolverá atendiendo también la convivencia que ustedes deben tener con su progenitor, ya que éste no estará en todo momento con ustedes, para que así, puedan convivir y jugar con él en los días que el juez determine. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra los actos de las autoridades Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otra, indicados en el considerando segundo, por los razonamientos y para los efectos vertidos en el considerando último de esta sentencia.
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