Alejandra Graciela Sanchez Tapia

Expediente 837/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
837/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Alejandra Graciela Sanchez Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de amparo hubiese recurrido el auto de veintitrés de noviembre del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Diego Wilfrido Ibarra Sánchez, en su carácter de asesor jurídico de la parte quejosa, mediante el cual solicita una prorroga a fin de dar cumplimiento a la vista ordenada en auto de cinco de noviembre actual, en atención a que no le fue posible comunicarse con la directa quejosa, misma que se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". En consecuencia, por así solicitarlo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concede al promovente una prórroga por el plazo de tres días, a partir de que fenezca el termino obsequiado en primer término, para que se encuentre en aptitud de que le sea explicado a la parte quejosa de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Notifíquese personalmente a Diego Wilfrido Ibarra Sánchez, en su carácter de asesor jurídico de la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de seis de octubre de dos mil veinte, se advierte que la quejosa ***, refiere: "designo como defensor público federal". De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). En ese sentido, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 208/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Asimismo, estableció que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. En esa tesitura, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 4° fracciones I y II y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública1 , requiérase al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico o defensor público a ***, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Por lo que, tal nombramiento tendrá que hacerlo del conocimiento de este órgano constitucional, asimismo, deberá de informar el domicilio en donde pueda ser notificado de manera personal. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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