Alejandra Graciela Maldonado Santillán

Expediente 499/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
499/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Alejandra Graciela Maldonado Santillán

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 1265/2019, del Magistrado Presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y Secretaria de Acuerdos y Amparos adscrita, registrado en oficialía de partes con el número 4509/2019, con el que remite cuaderno de amparo el cual contiene: escrito de presentación, demanda de amparo promovida por la quejosa Alejandra Graciela Maldonado Santillán, proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, sello notificador, constancia de emplazamiento, citatorio, constancia de citatorio, emplazamiento por lista, lista de acuerdos y certificación; dos copias de demanda de garantías; oficio 1264/2019, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; toca civil 270/2018-III; y, los autos del expediente 547/2011; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Alejandra Graciela Maldonado Santillán, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE: TERCERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL (SIC) ESTADO DE HIDALGO".- "IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la resolución de fecha 4 de abril del 2019 (.)".- Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el hoy tercero interesado Jesús Ureña Romero, demandó a Rogelio Cerón Pérez, en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones, radicándose el mismo en el entonces Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el número 547/2011. Seguido que fue el juicio por todo sus trámites, la juez de origen dictó sentencia definitiva el veintiséis de agosto de dos mil once, la cual causó ejecutoria el veintiséis de septiembre de ese mismo año e iniciando con ello el correspondiente procedimiento. Así las cosas, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la juez del conocimiento entre otras cosas acordó lo relativo a una promoción presentada por la hoy quejosa Alejandra Graciela Maldonado Santillán, quien adquiere el carácter de tercerista en el juicio al haber interpuesto Tercería Excluyente de Dominio. Por lo anterior, la hoy impetrante de garantías, promovió la regularización del procedimiento el dos de agosto de dos mil dieciocho (fojas 198 a 201 del expediente 547/2011). En consecuencia, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, emitió el auto respectivo en el sentido de declarar nulo todo lo actuado a partir del proveído de tres de mayo de dos mil doce, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 547/2011. Inconforme con dicho fallo, el ahora tercer interesado Jesús Ureña Romero, interpuso recurso de apelación, del cual por razón de turno tocó conocer a la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien el cuatro de abril del año actual, en los autos del toca civil 270/2018-III de su índice, resolvió revocar el proveído emitido por el juez de origen, no acordando de conformidad lo solicitado por notoriamente improcedente. Luego, en contra del fallo antes indicado, la amparista promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 270/2018-III de su índice, misma que revocó el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, (el cual se encuentra ya en la etapa de ejecución por así haber quedado indicado párrafos que anteceden), emitido por el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el sentido de no acordar de conformidad lo solicitado por la impetrante de garantías al ser notoriamente improcedente; en tal virtud, dicha resolución no es de las que pone fin al juicio, y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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