Alejandra González Rubio

Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
309/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Alejandra González Rubio
  • Juez Tercero En Materia Civil de Morelia, Michoacan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el diez de junio de dos mil veintidós, en el presente juicio; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar los tres tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 309/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Alejandra González Rubio, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Celerino Guzmán Albor, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 4, 6, 8, 14, 16, 17 y 129 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 1410, 1411, 1412 del Código de Comercio, 5 y 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como 39, 40, 694 y 911 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto -previo cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciocho de marzo de la presente anualidad-, desechó la demanda por lo que respecta al acto atribuido al Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Morelia, Michoacán, y por otro lado, la admitió a trámite respecto de diversos actos y autoridades, registrándola con el número 309/2022, se ordenó el emplazamiento de las autoridades responsables y del tercero interesado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional: La falta de notificación en la etapa de ejecución y la orden de adjudicación en favor del tercero interesado Ramón Romero Mendoza, respecto del inmueble o inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil 394/2013 del índice del Juzgado Tercero en Materia Civil de Morelia, Michoacán. Cabe señalar que de un análisis integral de la demanda de amparo, en especial del primero de los conceptos de violación, se advierte que aquello de lo que se duele la quejosa es el auto por el que se ordena la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble rematado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, con motivo de la adjudicación directa realizada en favor de Ramón Romero Mendoza, en audiencia de remate en su cuarta almoneda, pues refiere que si bien, se le concedió un término para el cumplimiento voluntario, en ningún momento le notificaron dicho requerimiento. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al .dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron expresamente al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que anexó el juez a su informe justificado consistentes en legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 394/2013, con las cuales se ordenó formar tres tomos de prueba, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de éste último ordenamiento. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del juicio de origen. De las constancias remitidas por la responsable, consistentes en el testimonio del juicio ejecutivo mercantil 394/2013, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: El dieciocho de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 394/2013, promovido por los endosatarios en procuración de Fernando Guzmán Pérez, frente a Celerino Guzmán Albor, representado por su albacea María de Lourdes Guzmán Pérez, en la cual se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas; al pago de gastos y costas; y, se ordenó hacer transe y remate del bien embargado. Dicha resolución fue confirmada mediante ejecutoria emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el veinticinco de marzo de dos mil catorce. Por auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, se pusieron los autos en estado de ejecución; y, en ese sentido, se emitieron las sentencias interlocutorias de liquidación de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, diez de septiembre de dos mil diecinueve; siete de octubre de dos mil veinte y cinco de abril de dos mil veintiuno. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo al actor cediendo los derechos de los documentos fundatorios de la acción y sus accesorios a favor de Ramón Romero Mendoza -aquí tercero interesado-. Seguido el trámite procesal, se celebraron las audiencias respectivas y en la audiencia de remate en cuarta almoneda, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se adjudicó a favor del actor Ramón Romero Mendoza, el inmueble ubicado en la calle Nicolás Ballesteros, número 71, de la colonia Primo Tapia en esta ciudad, en la suma de $3´170,234.86 (tres millones ciento setenta mil doscientos treinta y cuatro pesos 86/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor que sirvió de base para la subasta. Lo anterior, sin requerir al adjudicatario cantidad alguna, toda vez que -se dijo- la suma en la cual fue adjudicado el inmueble es ligeramente inferior a las prestaciones a que ha sido condenada la sucesión demandada tanto en sentencia definitiva como en las interlocutorias de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, diez de septiembre de dos mil diecinueve, siete de octubre de dos mil veinte y cinco de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, que en total asciende a $3´280,382.52 (tres millones doscientos ochenta mil trescientos ochenta y dos pesos 52/100 m.n). Dicha audiencia se declaró firme en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno; como consecuencia de ello, se ordenó requerir a la parte demandada, mediante notificación personal, la entrega voluntaria de la escritura correspondiente al bien inmueble adjudicado en favor del actor. Notificación que de acuerdo a las constancias que obran en autos del juicio de origen fue practicada a Alejandra González Rubio, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Celerino Guzmán Albor, mediante instructivo que se dejó fijado en el domicilio que señaló para recibir notificaciones, el seis de agosto de dos mil veintiuno. Hasta aquí la narración de los antecedentes. QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Mediante pedimento ministerial de tres de mayo de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto el acto reclamado. Sin embargo, esta juzgadora advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el numeral 18 de la Ley de la materia dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.30/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. Lo mismo ocurre cuando al quejoso -siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo-, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que el quejoso se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción que la propia Ley de Amparo contempla en el referido artículo 17. En el particular, la quejosa Alejandra González Rubio reclama la orden de entregar de manera voluntaria las escrituras correspondientes al bien inmueble adjudicado en favor del actor Ramón Romero Mendoza, contenida en el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que contempla dicho numeral. Esto es así, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; no se controvierte la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión; el acto reclamado no priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no es un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ni la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Asimismo, para efectos de computar el plazo mencionado, se tiene que en el caso se surte la primera hipótesis que contempla el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rige. En el caso, la quejosa tuvo conocimiento de la orden de entrega de escrituras decretada en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, desde el seis de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que le fue practicada la notificación personal -en el domicilio que señaló para tal efecto-, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo indirecto le comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, esto es, a partir del diez de agosto de dos mil veintiuno, concluyendo el treinta de agosto de ese mismo año, toda vez que la notificación aludida surtió sus efectos el nueve de agosto de esa anualidad; lapso que se computa sin tomar en consideración los días inhábiles. En esa temática, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, según sello de recepción respectivo, a esa data ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa pudiera promover la demanda de amparo; por lo que es evidente que su presentación resulta extemporánea. Sin que se inadvierta que la quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del auto que ordenó la entrega de las escrituras del bien inmueble adjudicado en su favor, hasta el quince de marzo de dos mil veintidós -fecha en que aduce, se presentó el adjudicatario en su domicilio para requerirle la entrega del bien inmueble adjudicado-, sin embargo, como ya se dijo, de las constancias que obran en el sumario de origen, mismas que fueron acompañadas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se observa que el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia Michoacán, practicó la notificación del referido auto desde el seis de agosto de dos mil veintiuno, por lo que, de acuerdo con lo antes expuesto, esta es la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento completo del auto reclamado y no la que aduce -bajo protesta de decir verdad- en su escrito de demanda. Se invoca como apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial VI.2o.C.J/194 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada. Asimismo, se cita a contrario sensu, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Máxime que la quejosa, al ser parte formal del juicio ejecutivo mercantil de origen -demandada-, no puede ostentarse como desconocedora de las actuaciones que integran dicho sumario; por el contrario, tiene a su alcance los medios de defensa previstos en la legislación aplicable. Así, al no haber expuesto inconformidad alguna en su demanda de amparo tendente a combatir la notificación del auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, es claro que la misma surtió sus efectos y por ende, debió haberse inconformado del auto que ordena la entrega de las escrituras relativas al bien inmueble adjudicado dentro del plazo de quince días previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. Por tales motivos, se concluye que la peticionaria del amparo consintió tácitamente el acto reclamado, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; en ese sentido, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de dicho ordenamiento, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandra González Rubio en su carácter de albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Celerino Guzmán Albor por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y en términos del considerando quinto, del presente fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy diez de junio de dos mil veintidós, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 309/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Alejandra González Rubio, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Celerino Guzmán Albor, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 4, 6, 8, 14, 16, 17 y 129 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 1410, 1411, 1412 del Código de Comercio, 5 y 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como 39, 40, 694 y 911 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto -previo cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciocho de marzo de la presente anualidad-, desechó la demanda por lo que respecta al acto atribuido al Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Morelia, Michoacán, y por otro lado, la admitió a trámite respecto de diversos actos y autoridades, registrándola con el número 309/2022, se ordenó el emplazamiento de las autoridades responsables y del tercero interesado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional: La falta de notificación en la etapa de ejecución y la orden de adjudicación en favor del tercero interesado Ramón Romero Mendoza, respecto del inmueble o inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil 394/2013 del índice del Juzgado Tercero en Materia Civil de Morelia, Michoacán. Cabe señalar que de un análisis integral de la demanda de amparo, en especial del primero de los conceptos de violación, se advierte que aquello de lo que se duele la quejosa es el auto por el que se ordena la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble rematado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, con motivo de la adjudicación directa realizada en favor de Ramón Romero Mendoza, en audiencia de remate en su cuarta almoneda, pues refiere que si bien, se le concedió un término para el cumplimiento voluntario, en ningún momento le notificaron dicho requerimiento. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al .dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron expresamente al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que anexó el juez a su informe justificado consistentes en legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 394/2013, con las cuales se ordenó formar tres tomos de prueba, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de éste último ordenamiento. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del juicio de origen. De las constancias remitidas por la responsable, consistentes en el testimonio del juicio ejecutivo mercantil 394/2013, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: El dieciocho de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 394/2013, promovido por los endosatarios en procuración de Fernando Guzmán Pérez, frente a Celerino Guzmán Albor, representado por su albacea María de Lourdes Guzmán Pérez, en la cual se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas; al pago de gastos y costas; y, se ordenó hacer transe y remate del bien embargado. Dicha resolución fue confirmada mediante ejecutoria emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el veinticinco de marzo de dos mil catorce. Por auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, se pusieron los autos en estado de ejecución; y, en ese sentido, se emitieron las sentencias interlocutorias de liquidación de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, diez de septiembre de dos mil diecinueve; siete de octubre de dos mil veinte y cinco de abril de dos mil veintiuno. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo al actor cediendo los derechos de los documentos fundatorios de la acción y sus accesorios a favor de Ramón Romero Mendoza -aquí tercero interesado-. Seguido el trámite procesal, se celebraron las audiencias respectivas y en la audiencia de remate en cuarta almoneda, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se adjudicó a favor del actor Ramón Romero Mendoza, el inmueble ubicado en la calle Nicolás Ballesteros, número 71, de la colonia Primo Tapia en esta ciudad, en la suma de $3´170,234.86 (tres millones ciento setenta mil doscientos treinta y cuatro pesos 86/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor que sirvió de base para la subasta. Lo anterior, sin requerir al adjudicatario cantidad alguna, toda vez que -se dijo- la suma en la cual fue adjudicado el inmueble es ligeramente inferior a las prestaciones a que ha sido condenada la sucesión demandada tanto en sentencia definitiva como en las interlocutorias de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, diez de septiembre de dos mil diecinueve, siete de octubre de dos mil veinte y cinco de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, que en total asciende a $3´280,382.52 (tres millones doscientos ochenta mil trescientos ochenta y dos pesos 52/100 m.n). Dicha audiencia se declaró firme en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno; como consecuencia de ello, se ordenó requerir a la parte demandada, mediante notificación personal, la entrega voluntaria de la escritura correspondiente al bien inmueble adjudicado en favor del actor. Notificación que de acuerdo a las constancias que obran en autos del juicio de origen fue practicada a Alejandra González Rubio, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Celerino Guzmán Albor, mediante instructivo que se dejó fijado en el domicilio que señaló para recibir notificaciones, el seis de agosto de dos mil veintiuno. Hasta aquí la narración de los antecedentes. QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Mediante pedimento ministerial de tres de mayo de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto el acto reclamado. Sin embargo, esta juzgadora advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el numeral 18 de la Ley de la materia dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.30/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. Lo mismo ocurre cuando al quejoso -siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo-, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que el quejoso se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción que la propia Ley de Amparo contempla en el referido artículo 17. En el particular, la quejosa Alejandra González Rubio reclama la orden de entregar de manera voluntaria las escrituras correspondientes al bien inmueble adjudicado en favor del actor Ramón Romero Mendoza, contenida en el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que contempla dicho numeral. Esto es así, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; no se controvierte la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión; el acto reclamado no priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no es un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ni la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Asimismo, para efectos de computar el plazo mencionado, se tiene que en el caso se surte la primera hipótesis que contempla el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rige. En el caso, la quejosa tuvo conocimiento de la orden de entrega de escrituras decretada en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, desde el seis de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que le fue practicada la notificación personal -en el domicilio que señaló para tal efecto-, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo indirecto le comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, esto es, a partir del diez de agosto de dos mil veintiuno, concluyendo el treinta de agosto de ese mismo año, toda vez que la notificación aludida surtió sus efectos el nueve de agosto de esa anualidad; lapso que se computa sin tomar en consideración los días inhábiles. En esa temática, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, según sello de recepción respectivo, a esa data ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa pudiera promover la demanda de amparo; por lo que es evidente que su presentación resulta extemporánea. Sin que se inadvierta que la quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del auto que ordenó la entrega de las escrituras del bien inmueble adjudicado en su favor, hasta el quince de marzo de dos mil veintidós -fecha en que aduce, se presentó el adjudicatario en su domicilio para requerirle la entrega del bien inmueble adjudicado-, sin embargo, como ya se dijo, de las constancias que obran en el sumario de origen, mismas que fueron acompañadas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se observa que el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia Michoacán, practicó la notificación del referido auto desde el seis de agosto de dos mil veintiuno, por lo que, de acuerdo con lo antes expuesto, esta es la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento completo del auto reclamado y no la que aduce -bajo protesta de decir verdad- en su escrito de demanda. Se invoca como apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial VI.2o.C.J/194 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada. Asimismo, se cita a contrario sensu, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Máxime que la quejosa, al ser parte formal del juicio ejecutivo mercantil de origen -demandada-, no puede ostentarse como desconocedora de las actuaciones que integran dicho sumario; por el contrario, tiene a su alcance los medios de defensa previstos en la legislación aplicable. Así, al no haber expuesto inconformidad alguna en su demanda de amparo tendente a combatir la notificación del auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, es claro que la misma surtió sus efectos y por ende, debió haberse inconformado del auto que ordena la entrega de las escrituras relativas al bien inmueble adjudicado dentro del plazo de quince días previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. Por tales motivos, se concluye que la peticionaria del amparo consintió tácitamente el acto reclamado, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; en ese sentido, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de dicho ordenamiento, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandra González Rubio en su carácter de albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Celerino Guzmán Albor por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y en términos del considerando quinto, del presente fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy diez de junio de dos mil veintidós, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes con justificación de las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; dése vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó fórmense tres cuadernos de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomos I, II y III. Tercero interesado. Sin que haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a Ramón Romero Mendoza y ordenar su emplazamiento, toda vez que por auto de veintiuno de abril del año en curso, se realizó lo propio. Hecho notorio. Finalmente, no se estima necesario realizar mayor pronunciamiento en torno a la diversa manifestación que hacen las autoridades responsables en el sentido que existe el juicio de amparo 863/2021, tramitado ante este juzgado federal por el tercero interesado Ramón Romero Mendoza; toda vez, que ya se tomó conocimiento de ello, pues constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como se corrobora con el proveído de doce de mayo del año en curso, dictado dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, lo que también se invoca como hecho notorio en términos del citado numeral. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

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