Alejandra González Galindo

Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
703/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandra González Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del ********************, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de *****, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y toda vez que solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto de carácter personal, por dicho medio, en el entendido que las restantes notificaciones que no sean de esa naturaleza se le harán por lista de acuerdos. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que la impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificada vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: MOVAGA. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, con excepción de las que no sean de carácter personal, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de siete de enero de dos mil veintitrés, se ordenó notificar por lista de acuerdos a la parte quejosa el desechamiento de esa misma fecha; sin embargo, de la lectura del escrito acordado en esa misma fecha, se advierte que la promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en tales condiciones, se acuerda: Téngase como domicilio de la promovente el señalado en el escrito registrado en la Oficialía de Partes de este juzgado federal con el número 691 y dada la trascendencia del acuerdo de siete de los cursantes, se considera necesario notificarlo personalmente para que esté en aptitud de ejercer debidamente sus derechos; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que practique la diligencia en comento en el domicilio procesal señalado por la quejosa. Notifíquese personalmente a la parte promovente el auto de siete de enero de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe...AUTO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- Visto el escrito de la quejosa ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento contenido en el proveído de dos de enero de dos mil veintidós, al manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; agréguese a los autos y téngasele dando cumplimiento al requerimiento de mérito. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Se estima lo anterior, porque el precepto mencionado en último término establece que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y expresa que éstos son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, consideró que dicho numeral ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, mediante una fórmula legal, que los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Asimismo, estableció que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; una, la exigencia de que se trate de actos .que afecten materialmente derechos. , lo que sitúa a aquéllos supuestos en que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y, la otra, en que esos derechos afectados materialmente deben ser derechos sustantivos , y no de naturaleza formal y adjetiva, en los cuales la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo. Luego, estableció que conforme a la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no podía seguirse aplicando la jurisprudencia P/J. 4/2001 en la cual se estableció que el amparo indirecto procedía contra actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, porque dicha jurisprudencia se había generado al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación, lo que no acontece con la legislación de amparo vigente y, por tanto, debía prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a ese ordenamiento legal. Lo anterior se plasmó en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 337/2013, y que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª), cuyos datos de localización y contenido son: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos , lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos , expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación , no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo ; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos , y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Lo resaltado es propio) Lo que se reiteró en la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra señala: Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos , equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos , expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. y ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio) Precisado lo anterior, de la lectura integra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: (.) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, me causa un total agravio, toda vez que la misma es inconstitucional porque genera un menoscabo a mis derechos humanos de tutela judicial efectiva, patrimonio, debido proceso y garantía de audiencia, derivado de ellos En tanto, en los antecedentes narrados en el escrito aclaratorio de cuenta, precisó: (.) Manifiesto a este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad que los antecedentes del acto reclamado mediante los que fundamento mis conceptos de violación dentro del presente juicio, se constituyen desde el auto de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Especializado en Materia Familiar dentro del expediente 105/2020-V, en virtud de que mediante el mismo se violan mis derechos humanos de patrimonio, propiedad y tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículo 1, 4, 17 párrafo segundo, 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 21, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecerse en el auto anteriormente citado de manera literal lo siguiente: (.) Por cuanto se refiere a los escritos marcados con los números uno, como lo solicita, como se advierte de la certificación que antecede que la parte demandada ********************, se le tuvo por extemporánea su contestación tal y como lo consta del auto de fecha veintitrés de febrero del presente año, consecuentemente se le hace efectivo el apercibimiento decretado en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 218 y 220 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le acuse la rebeldía en que incurrió, se le tiene por contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos del juzgado, atento a la preceptuado (.) Es importante manifestar que la autoridad responsable refiere en su considerando IV párrafos cuatro y quinto de la resolución materia del presente juicio de amparo, de manera literal lo siguiente: .De inicio se le dice a la apelante que contrario a lo que afirma sin aportar fundamento a su dicho, el acto judicial de acuerdo a su diccionario jurídico se define como la decisión providencia, mandamiento, auto, diligencia o medida adoptada por juez o tribunal dentro de la esfera de sus atribuciones. El que las partes realizan con intervención de la autoridad judicial en la jurisdicción voluntaria o contenciosa. Esto expuesto en concordancia con la definición de acto jurídico de fuente doctrinaria en el Diccionario Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo conceptualiza como todo acontecimiento voluntario al que el orden legal ya le ha señalado las consecuencia a actualizarse por su verificación. De ahí que de la conjunción de ambas definiciones armonizadas del acto judicial y del acto jurídico, es incuestionable que el auto apelado fue dictado por el A quo dentro de las esferas de sus atribuciones mediante el cual otorgó a la inconforme el término de tres días para contestar la demanda de tercería excluyente de domicilio incoada por María del Carmen Gasca Amador, en atención al término judicial que ya se encuentra dispuesto en el ordenamiento legal, así como sus consecuencias y efectos, en la fracción V del artículo 98 del Procesal Civil y que se ajusta al caso concreto el que se transcribe para su mejor comprensión. Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho se tendrá por señalados los siguientes---V. Tres días para todos los demás casos. por tanto en ineficaz e infundado su argumento, pues constituye una afirmación que carece de asidero legal En ese orden de ideas, se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en los autos del toca 1413/2022, mediante la cual confirma el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Poza Rica, en el expediente 105/2022, en el cual se hizo efectivo un apercibimiento decretado en autos de la tercería excluyente de dominio, se acusó la rebeldía de la parte demandada y se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, ordenando que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por lista de acuerdos, lo que considera violatorio de sus derechos humanos. De esta manera, la citada resolución reclamadas, no son actos de los considerados de imposible reparación, ya que su finalidad fue dejar firme el auto que precluyó el derecho de la demandada para contestar la demanda instaurada en su contra. Lo anterior, pone en evidencia que la resolución reclamada, tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la impetrante del amparo; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, los actos que en esta vía se impugnan no constituyen actos reclamables en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa; y, a manera de ejemplo son, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, derechos de libertad, de secrecía de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a la promovente, en caso de estar en lo cierto, lo cual aquí no se prejuzga, solo se le infringirían derechos adjetivos o procesales. De ahí que, en la especie, no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, los actos que reclama la promovente en el presente juicio de amparo no la dejan sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituyen una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado en una eventual segunda instancia o en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 160910 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 54/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto . De igual forma resulta ilustrativo el criterio siguiente: Registro digital: 2011721 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T.43 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2786 Tipo: Aislada DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). .* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación los actos reclamados, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado en sentido contratio, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, como está ordenado en el auto de trece de enero de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de la quejosa ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento contenido en el proveído de dos de enero de dos mil veintidós, al manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; agréguese a los autos y téngasele dando cumplimiento al requerimiento de mérito. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Se estima lo anterior, porque el precepto mencionado en último término establece que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y expresa que éstos son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, consideró que dicho numeral ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, mediante una fórmula legal, que los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Asimismo, estableció que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; una, la exigencia de que se trate de actos .que afecten materialmente derechos. , lo que sitúa a aquéllos supuestos en que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y, la otra, en que esos derechos afectados materialmente deben ser derechos sustantivos , y no de naturaleza formal y adjetiva, en los cuales la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo. Luego, estableció que conforme a la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no podía seguirse aplicando la jurisprudencia P/J. 4/2001 en la cual se estableció que el amparo indirecto procedía contra actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, porque dicha jurisprudencia se había generado al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación, lo que no acontece con la legislación de amparo vigente y, por tanto, debía prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a ese ordenamiento legal. Lo anterior se plasmó en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 337/2013, y que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª), cuyos datos de localización y contenido son: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos , lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos , expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación , no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo ; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos , y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Lo resaltado es propio) Lo que se reiteró en la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra señala: Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos , equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos , expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. y ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio) Precisado lo anterior, de la lectura integra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: (.) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, me causa un total agravio, toda vez que la misma es inconstitucional porque genera un menoscabo a mis derechos humanos de tutela judicial efectiva, patrimonio, debido proceso y garantía de audiencia, derivado de ellos En tanto, en los antecedentes narrados en el escrito aclaratorio de cuenta, precisó: (.) Manifiesto a este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad que los antecedentes del acto reclamado mediante los que fundamento mis conceptos de violación dentro del presente juicio, se constituyen desde el auto de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Especializado en Materia Familiar dentro del expediente 105/2020-V, en virtud de que mediante el mismo se violan mis derechos humanos de patrimonio, propiedad y tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículo 1, 4, 17 párrafo segundo, 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 21, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecerse en el auto anteriormente citado de manera literal lo siguiente: (.) Por cuanto se refiere a los escritos marcados con los números uno, como lo solicita, como se advierte de la certificación que antecede que la parte demandada ********************, se le tuvo por extemporánea su contestación tal y como lo consta del auto de fecha veintitrés de febrero del presente año, consecuentemente se le hace efectivo el apercibimiento decretado en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 218 y 220 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le acuse la rebeldía en que incurrió, se le tiene por contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos del juzgado, atento a la preceptuado (.) Es importante manifestar que la autoridad responsable refiere en su considerando IV párrafos cuatro y quinto de la resolución materia del presente juicio de amparo, de manera literal lo siguiente: .De inicio se le dice a la apelante que contrario a lo que afirma sin aportar fundamento a su dicho, el acto judicial de acuerdo a su diccionario jurídico se define como la decisión providencia, mandamiento, auto, diligencia o medida adoptada por juez o tribunal dentro de la esfera de sus atribuciones. El que las partes realizan con intervención de la autoridad judicial en la jurisdicción voluntaria o contenciosa. Esto expuesto en concordancia con la definición de acto jurídico de fuente doctrinaria en el Diccionario Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo conceptualiza como todo acontecimiento voluntario al que el orden legal ya le ha señalado las consecuencia a actualizarse por su verificación. De ahí que de la conjunción de ambas definiciones armonizadas del acto judicial y del acto jurídico, es incuestionable que el auto apelado fue dictado por el A quo dentro de las esferas de sus atribuciones mediante el cual otorgó a la inconforme el término de tres días para contestar la demanda de tercería excluyente de domicilio incoada por María del Carmen Gasca Amador, en atención al término judicial que ya se encuentra dispuesto en el ordenamiento legal, así como sus consecuencias y efectos, en la fracción V del artículo 98 del Procesal Civil y que se ajusta al caso concreto el que se transcribe para su mejor comprensión. Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho se tendrá por señalados los siguientes---V. Tres días para todos los demás casos. por tanto en ineficaz e infundado su argumento, pues constituye una afirmación que carece de asidero legal En ese orden de ideas, se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en los autos del toca 1413/2022, mediante la cual confirma el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Poza Rica, en el expediente 105/2022, en el cual se hizo efectivo un apercibimiento decretado en autos de la tercería excluyente de dominio, se acusó la rebeldía de la parte demandada y se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, ordenando que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por lista de acuerdos, lo que considera violatorio de sus derechos humanos. De esta manera, la citada resolución reclamadas, no son actos de los considerados de imposible reparación, ya que su finalidad fue dejar firme el auto que precluyó el derecho de la demandada para contestar la demanda instaurada en su contra. Lo anterior, pone en evidencia que la resolución reclamada, tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la impetrante del amparo; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, los actos que en esta vía se impugnan no constituyen actos reclamables en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa; y, a manera de ejemplo son, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, derechos de libertad, de secrecía de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a la promovente, en caso de estar en lo cierto, lo cual aquí no se prejuzga, solo se le infringirían derechos adjetivos o procesales. De ahí que, en la especie, no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, los actos que reclama la promovente en el presente juicio de amparo no la dejan sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituyen una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado en una eventual segunda instancia o en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 160910 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 54/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto . De igual forma resulta ilustrativo el criterio siguiente: Registro digital: 2011721 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T.43 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2786 Tipo: Aislada DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). .* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación los actos reclamados, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado en sentido contratio, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, como está ordenado en el auto de trece de enero de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

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