Alejandra Gissel del Moral Aguilar

Expediente 373/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
373/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Alejandra Gissel del Moral Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de treinta de abril de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda interpuesta por Alejandra Gissel del Moral Aguilar, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandra Gissel del Moral Aguilar contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 373/2019/3/A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, así como las constancias que anexó la promovente a su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO.  La resolución interlocutoria de veintiocho de marzo de la presente anualidad, dictada en los autos del expediente laboral 737/2018-V, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró improcedente el incidente de competencia promovido por la aquí quejosa Alejandra Gissel del Moral Aguilar, a través de su representante legal. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)". El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo precepto legal invocado dispone, en su fracción relativa, que cuando el efecto del acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, en el caso concreto, la causa de improcedencia invocada, se actualiza toda vez que la eventual concesión del amparo no puede ser materializada porque existe una imposibilidad jurídica para ello. Lo anterior obedece a que resultaría ocioso realizar un análisis sobre un acto u omisión que, de considerarse inconstitucional, no podrá ser reparado mediante la sentencia de amparo, tornando el juicio constitucional en algo meramente ilusorio y sin ningún beneficio para el justiciable. En el caso, la quejosa se duele de la resolución de veintiocho de marzo de la presente anualidad, en la que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, declaró improcedente el incidente de competencia interpuesto por su representante legal. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se aprecia que la impetrante de amparo señaló los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto que por esta vía combate, y que son los siguientes:  Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la aquí quejosa Alejandra Gissel del Moral Aguilar, interpuso demanda laboral en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz e Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, misma que fue turnada a la Junta Especial Número Seis.  En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la citada junta especial, radicó la demanda laboral bajo el número 1342/VI/2017, y se declaró incompetente para conocer de dicha demanda, turnando los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad.  Dicho tribunal de conciliación y arbitraje, radicó la referida demanda bajo el número de expediente 737/2018-V, la admitió a trámite, citó a las partes para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, que señaló para el veinte de noviembre de dos mil dieciocho.  En dicha audiencia, la representación legal de la parte actora, aquí quejosa, interpuso incidente de competencia, por lo que suspendió la referida audiencia de derecho y citó a las partes para el verificativo de la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de competencia planteado.  El doce de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en relación al incidente de competencia planteado, y se tuvieron por reproducidos los alegatos manifestados por las partes.  El veintiocho de marzo de la presente anualidad, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, determinó la improcedencia de dicho incidente, y se declaró legalmente competente para conocer del expediente laboral 737/2018-V, de su índice. De esta reseña se aprecia que inicialmente conoció de la demanda que originó el expediente natural, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, quien se declaró incompetente para conocer de la demanda laboral interpuesta por Alejandra Gissel del Moral Aguilar y determinó declinar su legal competencia en favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad. Una vez que el mencionado Tribunal recibió la declaratoria de declinación de competencia a su favor, aceptó ser legalmente competente para conocer del asunto, por lo que procedió a continuar el trámite correspondiente al juicio laboral, ordenó emplazar a las partes, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Posteriormente, el representante legal de la parte actora -aquí quejosa-, promovió incidente de competencia, el cual una vez sustanciado, la ahora autoridad responsable determinó declararlo improcedente y por ende, proseguir con el conocimiento del proceso de origen. Así las cosas, se debe considerar que desde el proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento que la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, había declinado su legal competencia y que los autos del expediente 1342/VI/2017, habían sido turnados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, quien aceptó la competencia para conocer de la demanda laboral, que sería en todo caso esta última determinación, dictada por la autoridad ahora responsable, la que le causó perjuicio, por ser en la que el citado Tribunal, aceptó la competencia para conocer del asunto declinado a su favor y ser la considerada como definitiva para efectos de la promoción del juicio de amparo. Así se determinó en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En esta tesitura, es incuestionable que el auto en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, aceptó la competencia declinada a su favor, es el que podría causar perjuicios a la solicitante de amparo y la que resolvió con efectos de cosa juzgada la cuestión en controversia, esto es, determinó de manera definitiva cuál era la autoridad competente para conocer del juicio de origen; por consiguiente, se debe considerar que es la determinación que actualmente rige, en cuestión de competencia legal en el procedimiento natural. Entonces, en nada práctico resultaría tramitar el juicio de amparo, y en su momento emprender el análisis para determinar si la resolución de veintiocho de marzo de la presente anualidad, emitida en los autos del expediente 737/2018-V del índice de la autoridad responsable, en la que se declaró improcedente el incidente de competencia, fue emitida con apego a la legalidad que toda autoridad debe acatar, dado que aun cuando se concluyera que la resolución reclamada fuese ilegal, se presentaría un impedimento jurídico para cumplimentar la sentencia de amparo que llegare a dictarse, porque los efectos de la posible concesión del amparo, en caso de ser procedente, alcanzarían únicamente a la resolución que constituye el acto reclamado, pero de ninguna manera podrían trascender a los efectos originados por el proveído en el que la autoridad responsable declaró ser legalmente competente para conocer del asunto de origen, aceptando la competencia legal declinada en su favor, por haber sido consentido por la parte quejosa al no haberse inconformado en esta vía constitucional en contra de esa resolución. En efecto, si la autoridad responsable en mención declaró improcedente el incidente de incompetencia; es patente que, aun y cuando pudiera asistir razón a la solicitante de amparo y se le concediera la protección constitucional que demanda, los efectos de tal concesión no podrían verificarse en el plano fáctico pues existiría un impedimento jurídico y material para cumplir con la sentencia de amparo que pudiera dictarse, ya que aún continuaría rigiendo la cuestión relativa a la competencia legal de la autoridad responsable, determinada en el diverso proveído en el que se aceptó la declinación de competencia que a su favor realizó la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." DESECHAMIENTO. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda en cuestión, conforme lo dispone el precepto 113, de la citada legislación. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Silva Rodríguez, Silvana Silvia Perea Romero, Miguel Ángel Domínguez Rosas, Jorge Luis Reyna Reyes Yolanda Hernández Sánchez y José Pavón Gómez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 12595, 12385, 130728, 16237 y 135168, sin que obste el hecho de que el último de los nombrados no cuente con el registro correspondiente en dicho sistema, toda vez que el referido precepto legal no obliga a la parte trabajadora, aquí quejosa, que sus autorizados estén legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a Julio César Silva Rivero, por así haberlo solicitado la quejosa. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano