Alejandra Gisela Rodríguez Mata
Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/04/2022
Partes del expediente
- Alejandra Gisela Rodríguez Mata
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, uno de abril de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en el presente asunto, en la inteligencia que las que obren en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día 2 hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ******************, por el que, en desahogo a la prevención formulada en autos, refiere lo siguiente: "Que acudo a esta instancia de control constitucional por mi propio derecho, ya que la resolución recaída a la queja que mi esposo, el señor *********************, presentó ante la autoridad responsable indicada, me perjudica sobremanera junto con mis hijos, ya que le inmueble inmerso en dicha queja, donde hemos vivido desde el año 2011, con esa determinación de la propia Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México nos deja en total estado de indefensión.juicio donde se encuentran conductas dolosas y delictuosas y que dicha Comisión no analizó porque adujo son de orden jurisdiccional; amén de que el señalado como Tercero Interesado *************** Su Sucesión ****************, sin haber acreditado la propiedad del inmueble y sin haber acreditado la propiedad del inmueble y sin haber tenido jamás una relación jurídica con mi esposo, el citado juez civil tomo determinaciones cargadas de vicios de origen para emitir su aberrante sentencia, teniendo como consecuencia un lanzamiento del inmueble donde hemos vivido desde hace ya más de once años." Determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este Juzgado de Distrito advierte que al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte promovente carece de interés jurídico y legítimo para impugnar la "falta de pronunciamiento específico a la queja presentada por ***************** el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente A.D. ***********". Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Con la reforma al artículo 107 constitucional, así como la emisión de la nueva Ley de Amparo, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, con lo cual se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues, ya no es menester que la parte quejosa acredite la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o bien que demuestre un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. En efecto, la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando la parte quejosa acredita únicamente el interés simple, más no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los anteriores razonamientos están contenidos en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. . Lo anterior, no implica que resulte suficiente un interés simple o jurídicamente irrelevante, como el que tendría cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado; razón por la que el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa en ningún sentido. En tal virtud, se estima que el constituyente permanente mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que la parte quejosa pertenece a ella. Dicho criterio se contiene en la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), consultable en la página 1736, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. . Por su parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto considera que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de la parte quejosa, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto -en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico-. Esto es, que el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa. Continuando con la definición del interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue adictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Dicho criterio se contiene en la tesis P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). . Con base en lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que a fin de que la demanda de amparo sea procedente, es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa, ya que, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado al no cumplirse con el principio de parte agraviada. Atento a las razones dadas, lo procedente es analizar si en el caso la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo, para lo cual es menester atender al acto reclamado, el cual se hace consistir en la "falta de pronunciamiento específico a la queja presentada por ************** el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente A.D. *******". En ese tenor, resulta pertinente citar los antes del acto que por esta vía se combate: 1. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, ****************, presentó queja ante la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 2. Que el diez de febrero de dos mil veintidós la Secretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, le notificó a ***************, el resolutivo decretado en la determinación de treinta y uno de enero de este año, en el expediente A.D. **************. Así, de las constancias adjuntas al escrito que se atiende se observa copia de la determinación de treinta y uno de enero de este año, en la que se aprecia que la queja de que se trata fue presentada por *****************, por posibles irregularidades en el actuar de los servidores públicos *********************, adscritos al Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. De lo que se concluye que la queja de referencia no está directamente relacionada con la quejosa, y la determinación emitida en la misma tampoco le ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio. En tal virtud, este Juzgado de Distrito considera que la parte accionante del amparo no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. De lo relatado se aprecia que los actos por los que se promueve la demanda de amparo, no se encuentran dirigidos a afectar de manera directa el derecho de la parte quejosa, ni tampoco le ocasiona un perjuicio o le priva de un beneficio. El accionante del amparo pretende justificar su interés legítimo y jurídico, manifestando lo siguiente: "Que acudo a esta instancia de control constitucional por mi propio derecho, ya que la resolución recaída a la queja que mi esposo, el señor *****************, presentó ante la autoridad responsable indicada, me perjudica sobremanera junto con mis hijos, ya que le inmueble inmerso en dicha queja, donde hemos vivido desde el año 2011, con esa determinación de la propia Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México nos deja en total estado de indefensión.juicio donde se encuentran conductas dolosas y delictuosas y que dicha Comisión no analizó porque adujo son de orden jurisdiccional; amén de que el señalado como Tercero Interesado ************************, sin haber acreditado la propiedad del inmueble y sin haber acreditado la propiedad del inmueble y sin haber tenido jamás una relación jurídica con mi esposo, el citado juez civil tomo determinaciones cargadas de vicios de origen para emitir su aberrante sentencia, teniendo como consecuencia un lanzamiento del inmueble donde hemos vivido desde hace ya más de once años." Esto es, la parte quejosa sustenta la afectación a su interés legítimo y jurídico partiendo del supuesto que con la resolución emitida en la citada queja la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la deja a ella y a sus hijos en total estado de indefensión, pues no analizó conductas que estima dolosas y delictuosas; que el Juez Civil tomó determinaciones cargadas de vicios de origen para emitir su sentencia, la cual tuvo como consecuencia un lanzamiento del inmueble donde ha vivido por más de once años. Con base en lo expuesto, se concluye que la parte quejosa carece de un interés jurídico y legítimo para promover el presente juicio de amparo, toda vez que no basta que exponga un interés sobre el inmueble "inmerso" en la queja de la que deriva la determinación que pretende combatir, para que surja su interés legítimo, pues, como se dijo, para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso, ya que la afectación debe ser apreciable en un parámetro de razonabilidad, y no sustentarse en un supuesto hipotético. En ese sentido, conviene precisar que en todo caso, la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la determinación impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta; esto es, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente, esto es, se reconoce el interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. De ese modo, el interés de la parte quejosa en relación con la determinación emitida en la queja A.D. ************** reclamada no constituye en sí mismo un interés legítimo o jurídico, el cual es requerido para la procedencia del juicio de amparo, además tampoco se advierte su especial situación frente al orden jurídico, ni el trato diferenciado en relación frente al resto de la sociedad, ni mucho menos el beneficio directo que les asistiría en su esfera de derechos de concederse el amparo solicitado. No pasa inadvertido para este Juzgado Federal, que el acto reclamado deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio materialmente jurisdiccional; por tanto, el estándar de afectación tiene que derivar, a su vez, de un derecho subjetivo, empero, en el caso, la quejosa no acreditó haber interpuesto la queja a que alude, por ende, carece de interés jurídico para reclamar la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Habida cuenta de que el interés legítimo conlleva un principio de afectación palpable, real y directo; y, en el caso, no se advierte dónde se actualiza éste; además, sostener lo contrario, sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación con cualquier acto de autoridad que no cumpla con el marco constitucional y legal, aunado a que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez que una persona se sienta afectada por las acciones u omisiones de las autoridades. En tal virtud, como se adelantó, la parte quejosa sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades cumplan con sus obligaciones establecidas de manera constitucional y legalmente. Por esas razones este Juzgado estima que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés legítimo ni jurídico, en relación con la determinación emitida en la queja A.D. 813/2021; por lo que se estima la improcedencia del juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veinticuatro del mismo mes y año, cuyo texto es: Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Oficio con el que se da cuenta. Por recibido el oficio 2561/2022, del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 115/2022-II, de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por Alejandra Gisela Rodríguez Mata, contra actos del Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Acúsese recibo. En dicho oficio, comunica la determinación de diecisiete de febrero de este año, a través del cual declina competencia en favor de este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo referido; sin embargo, infórmese al Órgano Jurisdiccional declinante que se reserva realizar pronunciamiento respeto de la aceptación o no de la competencia declinada, en razón de lo siguiente. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Precisión del acto reclamado. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el promovente en los apartados correspondientes indica lo siguiente: a) Autoridad responsable: Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. b) Acto reclamado: "El resolutivo de fecha 31 de enero de 2022, Expediente A.D. 813/2021, relativo a la queja que mi esposo el señor ALEJANDRO DELSORDO HUIDOBRO, presentó con fecha 30 de septiembre de 2021, respecto de las irregulares acciones y conductas deleznables, realizadas por la Autoridad Responsable, C. ************* (Titular) del JUZGADO SEXAGÉSIMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Como se puede apreciar el quejoso señala como autoridad responsable al Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien, al parecer, el reclama el "resolutivo de fecha 31 de enero de 2022, Expediente A.D. 813/2021". Sin embargo, de la revisión de las constancias que adjuntó al escrito de demanda, concretamente de la copia de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se observa que el expediente del que deriva la misma es del índice de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, no así del Juzgado al que se señala como autoridad responsable. Las circunstancias descritas generan incertidumbre a este órgano jurisdiccional respecto del acto reclamado y la autoridad responsable a la que se le atribuye, lo cual en la especie, debe ser precisado por la parte quejosa a fin de proveer respecto de la competencia declinada Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del siguiente rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." En consecuencia, dentro del plazo concedido la parte quejosa deberá indicar de manera clara y precisa, cuál es el acto que por esta vía pretende combatir y a qué autoridad se lo atribuye. Una vez transcurrido el plazo concedido al quejoso, este juzgado proveerá lo conducente, tomando como base las manifestaciones expuestas en el escrito inicial de demanda. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, remite el diverso DNSyC/0391/2022, dirigido a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Regional de ese Instituto en la Zona Oriente de la Ciudad de México, en el que se requirió diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, informa la oficiante que no cuenta con el carácter de superior jerárquico de la Subdelegada de Administración en su carácter de suplente del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; sin embargo, señala la oficiante, requirió a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Regional en la Zona Oriente de la Ciudad de México, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, a fin de determinar el superior jerárquico de la autoridad directamente obligada Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 3 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dependiente de la Delegación Regional Oriente, Subdelegación de Prestaciones, en el caso, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional de ese Instituto en la Zona Oriente de la Ciudad de México, resulta necesario considerar el contenido de los artículos 9 y 14, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales establecen las atribuciones y funciones de dichas direcciones normativas, los cuales disponen lo siguiente: Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales Dirección Normativa de Supervisión y Calidad Artículo 9 "La Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales tiene la función de administrar, determinar y otorgar las prestaciones económicas, sociales, turísticas, culturales y deportivas que establece la Ley, así como de diseñar, establecer, ejecutar, vigilar y mejorar de forma continua, con los recursos disponibles, las políticas públicas, los programas y las acciones que se realicen para dicho fin en todo el territorio nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables. Es responsable de la oportuna atención a los trabajadores y derechohabientes en los ámbitos de su competencia en las entidades federativas. La Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales tiene las atribuciones siguientes: En materia de pensiones: I. Diseñar, normar, organizar, coordinar, ejecutar, vigilar, verificar, y controlar las actividades de los servidores públicos del Instituto para atender al derechohabiente en: a) La concesión de pensiones derivadas de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida, y de las reguladas en los artículos Décimo y Décimo Octavo Transitorio de la Ley; y b) La concesión de las pensiones de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez establecidas en la Ley, salvo aquellos temas que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y que la normatividad en la materia reserva para PENSIONISSSTE, las administradoras de fondos de retiro y las instituciones de seguros. II. Dictaminar, acordar, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones previstas en la fracción anterior y resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que se presenten con Artículo 14 "La Dirección Normativa de Supervisión y Calidad es responsable de verificar mediante la supervisión, el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios conforme a la Ley y al modelo de gestión de calidad establecido en el Instituto, así como de supervisar el funcionamiento de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, así como las Unidades médicas, además de coordinar la operación de las Delegaciones, teniendo como eje fundamental la atención de calidad a toda la población derechohabiente. La Dirección Normativa de Supervisión y Calidad tiene las atribuciones siguientes: I. Llevar a cabo supervisiones internas para verificar que los procedimientos que se desarrollen para la prestación de los seguros, servicios y prestaciones cumplan con el marco normativo aplicable y recomendar las acciones preventivas o correctivas necesarias; II. Verificar la ejecución de las acciones preventivas y correctivas que deriven del resultado de las supervisiones internas para garantizar la calidad de los servicios. En caso de incumplimiento, informar al Director General y dar vista a las Direcciones Normativas de Procedimientos Legales y de Administración y Finanzas, así como a la Comisión, y en su caso, a la instancia fiscalizadora competente; III. Proponer, al Director General, las directrices y reglas para las supervisiones a las que se refiere este artículo; IV. Verificar que los servicios y prestaciones cumplan con las políticas, planes, estrategias y programas; así como monitorear los resultados del sistema de indicadores para la evaluar el desempeño institucional; V. Proponer estrategias de atención y relación a las mismas; III. Informar a la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación la actualización de registros de pensionados; IV. Instrumentar acciones para facilitar la utilización de la mediación como mecanismo para una pronta y expedita solución de controversias con los derechohabientes, en los términos de lo establecido en este Estatuto Orgánico; V. Mantener actualizada la nómina pensionaria otorgada al amparo de la Ley, cuyo pago corresponda al Gobierno Federal; aplicar los incrementos periódicos de la misma, y el pago de gastos de funeral de los pensionistas, así como autorizar los pagos respectivos con base en el último sueldo básico, en función del porcentaje conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables; VI. Gestionar el presupuesto y el pago de la nómina pensionaria ante las Direcciones Normativas de Administración y Finanzas, y de Inversiones y Recaudación, respectivamente; VII. Proponer y aplicar políticas, normas y lineamientos para el acceso y transferencia de información de las dependencias y entidades afiliadas, o de otros organismos, con la base de datos institucional de derechohabientes, así como con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y con las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR; VIII. Determinar, las necesidades en materia de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) para conceder pensiones y otorgar prestaciones económicas; IX. Evaluar y emitir recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo a las dependencias y entidades afiliadas; así como promover la integración y funcionamiento de una Comisión Consultiva Nacional, de Comisiones Consultivas en las entidades federativas y de Comisiones de Seguridad y Salud en los centros de trabajo; X. Promover programas para prevenir riesgos y accidentes en el trabajo, así como fomentar una cultura de la seguridad e higiene en los centros laborales; para lo que puede realizar acciones de difusión y de capacitación, en coordinación con la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería, con quien puede, impulsar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad e higiene gestión derivadas de los resultados de las supervisiones y desempeño en coordinación con las Unidades Administrativas; VI. Recibir, canalizar y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y demandas individuales; así como promover la utilización de medios alternativos de solución de controversias entre las distintas áreas del Instituto, en coordinación con la Dirección Normativa de Procedimientos Legales; VII. Presidir los Comités de Quejas Médicas y establecer un Comité Técnico para la Dictaminación de Solicitudes de Reembolso de Gastos Médicos. Promover la adecuada atención y resolución de sus asuntos, conforme a los dictámenes administrativo, médico y jurídico que al efecto elaboren las Unidades Administrativas competentes, sin perjuicio de la delegación de facultades que corresponda; VIII. Fungir como enlace para las recomendaciones y conciliaciones que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la atención y seguimiento de los asuntos relacionados con el Instituto; IX. Supervisar que las áreas del Instituto atiendan las peticiones presentadas ante la Presidencia de la República debidamente fundadas y motivadas; X. Identificar proyectos y acciones de atención especial al derechohabiente en situación de riesgo o vulnerabilidad, para emitir las recomendaciones correspondientes; XI. Verificar que se garantice a las o los cónyuges y concubinos de los derechohabientes, con independencia de su sexo, el acceso pleno y no discriminatorio, al ejercicio de sus derechos institucionales; XII. Generar la información estadística resultado de los esquemas de monitoreo y supervisión implementados para las Unidades Administrativas; XIII. Colaborar con las áreas correspondientes en el seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de Gestión celebrados con las Unidades Administrativas; XIV. Supervisar y asegurar la calidad del desarrollo de los procesos de capacitación y certificación de competencias del en el trabajo; (...)". personal que presta los seguros, servicios y prestaciones institucionales; XV. Contribuir en la implantación de las políticas, estrategias y líneas de acción que establezca el Director General en apoyo de las unidades para el funcionamiento de las Delegaciones, en el ámbito de su competencia; XVI. Proponer al Director General, para su presentación ante la Junta, el reglamento orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto, así como sus reformas y adiciones; XVII. Coordinar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a la representación que del Instituto haga el personal de las Delegaciones, en los Comités, Consejos, Comisiones y otros espacios de vinculación con autoridades, de conformidad con los lineamientos que para este efecto desarrolle; XVIII. Proponer y promover, previa aprobación del Director General, los criterios y lineamientos para la coordinación de las Delegaciones con las instancias federales en las entidades federativas; XIX. Verificar que los trámites y atención a los derechohabientes a cargo de las unidades, se cumplan de conformidad con la normatividad; así como elaborar informes sobre el estado que guarden los asuntos del Instituto en materia de trámites y atención del derechohabiente en las entidades federativas; XX. Establecer los lineamientos para la compilación de información institucional que generan las Delegaciones, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes; XXI. Coordinar las reuniones de Delegados Estatales y Regionales, así como los Consejos Consultivos en las entidades federativas; y XXII. Las demás que le confieran este Estatuto Orgánico y la normatividad aplicable, así como las que le asigne el Director General. Conforme al artículo 6 de este ordenamiento, en sus ausencias, el Titular de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad es suplido por los titulares de Estrategia para la Calidad, Auditoría Médica, Supervisión de Servicios y Prestaciones, Atención al Derechohabientes y Subdirector de Delegaciones en el orden indicado". De los cuales se advierte que preponderantemente la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales se ocupa de administrar, determinar y otorgar las prestaciones económicas, que establece la Ley, como en la materia de pensiones, en la que entre otras cuestiones, deberá diseñar, normar, organizar, coordinar, ejecutar, vigilar, verificar y controlar las actividades atinente a la concesión de pensiones derivadas de riesgos de trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, entre otras, con excepción de los tópicos relacionados para PENSIONISSSTE. Por su parte, la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad, es responsable de verificar mediante la supervisión el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios conforme a la Ley y al modelo de gestión de calidad establecido en el Instituto, así como de supervisar el funcionamiento de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, coordinar la operación de las Delegaciones, entre otras funciones. Ahora bien, el artículo 27 del referido Estatuto, así como el numeral 10, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen lo siguiente: Artículo 27 "El Instituto cuenta con las Delegaciones Estatales y Regionales cuya creación acuerde la Junta. Sus titulares están jerárquicamente subordinados a la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad; y tienen funciones específicas para atender materias de su ámbito territorial. El personal del Instituto en las entidades federativas está subordinado a las Unidades Administrativas Centrales, en el ámbito de su competencia". Artículo 10 "Las Delegaciones para el cumplimiento de su objeto, cuentan con las siguientes áreas administrativas: I. Delegación; II. Subdelegación Médica: a) Departamento de Programación y Desarrollo; b) Departamento de Atención Médica; c) Departamento de Enseñanza e Investigación; y d) Unidad Médica. III. Subdelegación de Prestaciones: a) Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas; b) Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene; c) Departamento de Acción Social, Cultural y Deportivo; d) Departamento de Vivienda; y e) Direcciones de áreas administrativas. IV. Subdelegación de Administración: a) Departamento de Recursos Humanos; b) Departamento de Adquisiciones; c) Departamento de Obras y Servicios Generales; d) Departamento de Finanzas; y e) Departamento de Sistemas. V. Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social; y VI. Unidad Jurídica. El Órgano Interno de Control en el Instituto cuenta en las Delegaciones con una representación, cuya sede es la que determine la Secretaría de la Función Pública y cuya integración y atribuciones son las que establezca su Reglamento Interior". De cuyo trasunto se advierte que los titulares de las Delegaciones Estatales y Regionales, están subordinadas a la Dirección Normativa de Supervisión y de Calidad, mientras que el personal de esas adscripciones lo está, respecto de las Unidades Administrativas Centrales "en el ámbito de su competencia"; además que, la Subdelegación de Prestaciones, para el cumplimiento de su objeto, cuenta entre otras autoridades administrativas el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene. Por lo que, si el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional de ese Instituto en la Zona Oriente de la Ciudad de México, tiene a su cargo el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, su competencia será la relacionada con las pensiones, de las que se ocupa la Unidad Administrativa Central, denominada Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, por lo que, se le tiene como superior jerárquico de aquél. Circunstancia que en deberá considerarse para futuros casos, por lo que se requiere a los Titulares de las Direcciones Normativas de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y de Supervisión y Calidad, para que de manera respectiva, en el término de diez días, informen las razones por las que consideren cuentan o no, con el carácter de superior jerárquico del mencionado Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional de ese Instituto en la Zona Oriente de la Ciudad de México. De ahí que, de conformidad con lo establecido por el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, como superior jerárquico del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional de ese Instituto en la Zona Oriente de la Ciudad de México, para que de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito en el plazo de diez días, acrediten el primero, que ordenó acatar la ejecutoria de amparo, y la segunda, remita las constancias que justifiquen tales extremos. Reiterando que, la concesión del amparo fue otorgada a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".Procede otorgar el amparo y protección que solicita la quejosa, para el efecto de que el Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 3 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dependiente de la Delegación Regional Oriente, Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una vez que quede firme esta determinación, realice lo siguiente: 1. Considere que el oficio UAPE-3/353/2021 de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el que se determinó que la quejosa se encuentra en el supuesto de incompatibilidad, ha quedado sin efectos con motivo de esta sentencia. 2. Emita otro en el que prescinda de la aplicación del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que contiene la restricción. 3. Realice el ajuste respectivo y reintegre a la quejosa las cantidades que correspondan. 4. Se abstenga de aplicar en lo subsecuente el artículo declarado inconstitucional." Es importante destacar que al tratarse de autoridades obligadas al cumplimiento, deben agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Apercibidas que de no hacerlo así: ?Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, es decir, se les impondrá, de manera individual, una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. ?Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; ?Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento del superior jerárquico y de la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes
- Albino González Sena255/2023
- Albino González Sena2034/2023
- Aldaco Demetrio Ortela975/2022
- Alejandra Ávila Monroy2081/2023
- Alejandra Cortina Mariscal2183/2023
- Alejandra Frayre Gurrola1350/2021
- Alejandra González Granados1505/2021
- Alejandra Ivett Hernández González12/2022
- Alejandra Jarquín Carrasco644/2022
- Alejandra López Ortiz1445/2023
- Alejandra Mijangos López1506/2021
- Alejandra Nicolás Hernández234/2023