Alejandra García Ramos

Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
9/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Alejandra García Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.2.1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 1.2.2. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 1.2.3. DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA. De conformidad con el artículo 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberán DEPURARSE los cuadernos principal y original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 1.3. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 1.4. CUADERNO POR SEPARADO. De la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos se advierte que el personal encargado de su tramitación (secretario y oficial) incurrieron en una falta de cuidado en cuanto a vigilar que se declare ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio, aunado a que del expediente no se observa dato concreto que permita advertir la existencia de algún obstáculo legal o material para que se llevase a cabo el seguimiento del mismo. En esas condiciones, dado que las constancias del sumario permiten advertir la posible existencia de responsabilidades administrativas por falta de cuidado en el desempeño de las funciones propias del personal a cargo de este expediente, se ordena dar cuenta al titular por separado y con las constancias pertinentes de este asunto, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.2.1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 1.2.2. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 1.2.3. DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA. De conformidad con el artículo 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberán DEPURARSE los cuadernos principal y original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 1.3. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 1.4. CUADERNO POR SEPARADO. De la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos se advierte que el personal encargado de su tramitación (secretario y oficial) incurrieron en una falta de cuidado en cuanto a vigilar que se declare ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio, aunado a que del expediente no se observa dato concreto que permita advertir la existencia de algún obstáculo legal o material para que se llevase a cabo el seguimiento del mismo. En esas condiciones, dado que las constancias del sumario permiten advertir la posible existencia de responsabilidades administrativas por falta de cuidado en el desempeño de las funciones propias del personal a cargo de este expediente, se ordena dar cuenta al titular por separado y con las constancias pertinentes de este asunto, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo I-9/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado en el doce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito; ****** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Una vez admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por actos emitidos por un tribunal judicial que reside dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De La fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, prevé que en las sentencias de amparo se fijará y precisará el acto o actos reclamados. La quejosa reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, la negativa a utilizar los medios de apremio que el caso amerita para hacer que la autoridad ejecutora cumpla cabalmente su orden emitida consistente en una orden de protección previamente ya autorizada en su favor, y que se refiere a que se monte guardia permanente policiaca a su persona debido a que su vida se encuentra en riesgo por un agresor, misma orden que fue otorgada al tenor de lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI de la Ley por Una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres del Estado de Michoacán. Y del Director de Seguridad Pública Municipal de Irimbo, Michoacán el negarse a montar guardia policiaca permanente previamente ordenada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito judicial de !limbo, Michoacán, estando en riesgo su vida, negándose a montar guardia permanente aun y cuando les fue mandado por la autoridad ORDENADORA. TERCERO. Existencia de actos reclamados. No son ciertos los actos que se atribuyen al Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Hidalgo y del Director de Seguridad Público de Irimbo, ambos del Estado de Michoacán, ya que al rendir el informe con justificación negaron haber incurrido en las omisiones que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar su contenido; por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio. En efecto, con base en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad del Estado no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, si bien las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones, cuando se reclaman en el juicio de amparo estas últimas la distribución de la carga probatoria atiende a un principio lógico y uno ontológico, el primero se refiere a la facilidad que existe de probar lo actos positivos, ya que los negativos sólo pueden acreditarse de manera indirecta, y el segundo, consiste en atribuir la carga a quien tiene mayor posibilidad atendiendo desde luego a la forma en que se manifestó su voluntad. De lo anterior deriva el principio general del derecho que establece que el que afirma está obligado a probar, el que niega sólo lo estará cunado la negativa implique una afirmación. Ahora, en el caso particular, la quejosa asevera que el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, otorgó una orden de protección en el marco de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán, que consisten en lo siguiente: De emergencia. En la que se prohibió a ********************, de forma directa o por interpósita persona, intimide o moleste a la quejosa así como menores hijos, en su domicilio o en su entorno, prohibición de acercarse a una distancia menor a doscientos metros a menos que se realiza en presencia de una autoridad, y en el entendido de que tales restricciones abarcan también la prohibición de realizar llamadas telefónicas a la quejosa o a sus menores hijos. Separación de personas. Reintegración de la quejosa y sus menores hijos en el domicilio familiar (depósito de personas). Preventivas. Girar oficio a la dirección de Seguridad Pública de Irimbo, Michoacán a efecto de brinden la protección preventiva a la quejosa y sus menores hijos así como, montar una guardia permanente en el domicilio en el domicilio conyugal hasta que las víctimas dejen de estar en riesgo. Determinación judicial en la que se apercibió a la Dirección de Seguridad Pública que de hacer caso omiso, los funcionarios encargados de cumplir el mandamiento podría hacerse acreedores a los medios de apremio señalados por el artículo 923 y 924 del Código Familiar del estado. Circunstancia que se encuentra demostrada con la copia certificada que el Juez señalado como responsable remitió el veintidós de abril de dos mil veintiuno. Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública de Irimbo, Michoacán, al rendir el informe justificado negó haber incurrido en la omisión que la quejosa le atribuye, pues señaló que se montó una guardia permanente de agentes "de a pie", para justificar tal aserto acompañó la bitácora que abarca del dieciocho de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con lo que se justifica que se ha dado cumplimiento a la orden de protección emitida por el Juez de Primera Instancia. Lo anterior permite concluir, que no son ciertos los actos que la quejosa reclama, porque la aplicación de los medios de apremio a que alude, se encuentra condicionado a que se desobedezca el mandato de la autoridad judicial, ya que por su naturaleza, tales medios se establecieron para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad judicial. En ese contexto, si en autos consta que el Director de Seguridad Publica de Irimbo, Michoacán, por conducto de sus subalternos cumplió con el mandamiento que le incumbe observar, no se actualiza la hipótesis de aplicación de los medios de apremio, de ahí que si no existe la obligación a cargo del juez, la omisión que se reclama es inexiste. Al respecto cobra aplicación la tesis XVII/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En virtud de lo anterior, al ser inexisten el acto que se reclama a la autoridad ordenadora, por las mismas razones también es inexiste el acto que se reclama a la autoridad ejecutora; por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÙNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****** en contra de los actos que reclamó, dada su inexistencia.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las quince horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 9/2021-I-D; estando en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del Secretario Pablo Antonio Munguía Arzate, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaro abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". PRUEBAS A continuación, se abre el período probatorio y el Secretario certifica: que obran las documentales que la parte quejosa y las autoridades responsables allegaron al juicio; con lo que se cierra el periodo y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS Se abre la fase de alegatos en la que el Secretario hace constar: que las partes no hicieron manifestaciones en esta etapa; por tanto, se cierra dicha fase. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Doy fe.

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