Alejandra Gabriela Cruz Salmerón

Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
149/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Gabriela Cruz Salmerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    PRAL 149/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el que comunica que se 1) registró, 2) formó el expediente impreso y electrónico del amparo en revisión ********************, y 3) se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este juicio; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 149/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Se remite recurso de revisión a Tribunal Colegiado. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obran las constancias de notificación de la A) sentencia autorizada de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, B) así como del acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, por el que se comunicó a las partes el trámite dado al recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, contra la referida sentencia y se les corrió traslado con copia simple del escrito de interposición y expresión de agravios, como se ilustró en el cuadro que antecede. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito: 1) original del escrito de interposición y expresión de agravios, así como 2) el expediente físico y electrónico del juicio de amparo 149/2023. Para ello, se instruye a la oficial judicial "A" de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este asunto a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 149/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Vistos los escritos firmados por la quejosa *** y ocho copias, mediante los cuales interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia dictada en este juicio de amparo: en su atención se acuerda: Trámite del recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia autorizada de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por ello, agréguese a este expediente copia del escrito de referencia con su anexo y distribúyase entre las demás partes copia de los mismos; y, en su oportunidad, remítase este expediente (físico y electrónico), el original del escrito de cuenta y su anexo, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para el trámite del referido recurso. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cuaderno de antecedentes. Por otro lado, intégrese el cuaderno de antecedentes únicamente con copia certificada de la demanda de amparo, sentencia y constancias posteriores; sin que haya lugar a deducir copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, pues, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, el expediente electrónico e impreso coinciden íntegramente; de ahí que, de requerirse la consulta de determinadas constancias físicamente, podrán deducirse de las que integran el expediente electrónico mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 149/2023 Acuerdo: P 149/2023, mesa 4 Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 149/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el trece de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y remitido el mismo día a este Juzgado, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, que hizo consistir en la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ***. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro y trámite de la demanda de amparo. Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés se acordó registrar la demanda de amparo con el número *** y se desechó por considerar que se actualizaba una causal de improcedencia. Inconforme con el desechamiento, la parte quejosa interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el cual al resolver el recurso de queja 89/2023, lo declaró fundado y ordenó la admisión de la demanda. En cumplimiento, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En auto de quince de junio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) ***, imputado en la causa penal ***, y al 2) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, que interviene en la causa penal ***; en auto de veintitrés de junio del año en curso se les tuvo por apersonados a este juicio. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de once de julio del año en curso se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General número 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque tiene ejecución en el territorio en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la quejosa son: De la 1) Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado: - La resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal ***, en la que confirmó el auto apelado consistente en la exclusión de medios de prueba dictado en el auto de apertura a juicio de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Del 2) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet: -La ejecución de la citada resolución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables a) Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y b) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Pues la primera autoridad manifiesta que al resolver el toca penal número *** confirmó el auto apelado consistente en la exclusión de medios de prueba dictado en el auto de apertura a juicio de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Por su parte, la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca aseveró que ordenó remitir el auto de apertura a juicio al Tribunal de Enjuiciamiento para el trámite del mismo. CUARTO.- Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción V , interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se interponga contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos. De la transcripción anterior se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución o de la ley; asimismo, los siguientes artículos disponen, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, de una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Estos últimos entendidos como aquellos que producen efectos que no pueden destruirse, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la resolución definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento o juicio correspondiente, a diferencia de los actos procesales, que sólo generan efectos de carácter meramente formal o intraprocesal, y las violaciones que pudieran cometerse con estos actos, quedan reparadas para la parte afectada con ellos, desde el momento mismo en que ésta obtenga una determinación favorable a sus pretensiones en el procedimiento respectivo. Ello se corrobora con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual prevé que procede el juicio de amparo contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; esto es, cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender que son de "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, mas no cuando afectan derechos adjetivos, como acontece en la especie. El anterior criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la página 11, del Tomo 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Con base en el criterio del Pleno, en relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales propiamente dichos, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Además, determinó que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento son: a) La primera, relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, resulta necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La preliminar o de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, alcanza desde que se emite el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341 , cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344 , el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio, en términos del artículo 347 del código en consulta. En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente; sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso y con base en un análisis hermenéutico, la exclusión de medios de prueba puede constituir un «acto de imposible reparación», que implique, per se, cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos (relacionados, verbigracia, con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado). Apoyan lo anterior, las jurisprudencias 1a./J. 6/2021 (11a.) y 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2023589 y 2023906, respectivamente, que dicen: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Así como la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2022565, Décima Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." Se precisa que la quejosa señaló como acto reclamado: -La resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés emitida en el toca penal ***, en la que confirmó el auto apelado consistente en la exclusión de medios de prueba dictado en el auto de apertura a juicio de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. De las constancias del toca penal se advierte lo siguiente: ? La parte quejosa es víctima en la causa penal ***. ? En audiencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós se celebró la audiencia intermedia y el juez excluyó el medio de prueba que ofreció, consistente en pericial en materia de psicología y victimología al establecer que no se llevó a cabo el descubrimiento probatorio, por lo que dictó el auto de apertura a juicio, en el que excluyó dicho medio de prueba. Como se ve, el acto reclamado no es de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la quejosa (relacionado, verbigracia, con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado), pues no le impone alguna carga injustificada de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos; sino que se trata de un acto de índole intraprocesal -adjetivo-, que únicamente incide en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el juzgador al dictar sentencia; es decir, los efectos de que haya excluido ese medio probatorio, no son materializables inmediatamente, ya que dependen de que, en su caso, trasciendan al sentido de la sentencia del proceso penal. En efecto, lo reclamado no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues en la etapa intermedia o de preparación a juicio oral tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. En ese sentido, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para la etapa a juicio, resulta claro que no componen un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, tampoco de la víctima, aquí quejosa, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe un plano puramente procedimental. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, se hace extensivo a la ejecutora, porque no se le atribuye por vicios propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 516, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, consultable en la página 339, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LA AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por la quejosa ***, contra los actos reclamados que atribuyó a la 1) Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 2) juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, consistentes en la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal ***, en la que confirmó el auto apelado consistente en la exclusión de medios de prueba dictado en el auto de apertura a juicio de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; y su ejecución; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

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