Alejandra Florencio Otontiopa

Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
367/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Alejandra Florencio Otontiopa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ESTA FECHA.

  2. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 247/2016, promovido por HOMERO VILLARREAL ÁLVAREZ contra actos del Alcalde del Municipio de Allende, Nuevo León y otras autoridades; se encuentra en audiencia pública Édgar Ulises Rentería Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asistido por Mayra Elizabeth Chirinos Sepúlveda, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe de sus actos, se declara abierta la audiencia incidental, sin la asistencia personal de ninguna de las partes. Apertura Cuenta: la secretaria hace relación de las constancias que integran los autos del incidente de suspensión, al tiempo que se da cuenta con lo siguiente: a). Informes previos correspondientes a las autoridades Alcalde y Director de Policía y Tránsito, ambos del municipio de Iturbide, Nuevo León, registrados con los folios 12019 y 12020. b). Oficio que presentó Roque Cázares Rodríguez, quien se ostenta como Delegado autorizado por las autoridades responsables del municipio de Iturbide, Nuevo León, registrado con el folio 12021. c). Oficio y anexo que presenta el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, registrados con el folio 12022. d). Oficio devuelto por la compañía de correo acelerado denominada Estafeta registrado con el folio 11937, por el cual se pretenden notificar los oficios 30132/2018 y 37998/2018, dirigidos a la autoridad Director Operativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [derivados de los proveídos que este juzgado dictó el 9 de abril y 4 de mayo del año actual], del que se advierte la leyenda "cambio de domicilio". El juez de distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de las constancias. 1. Ténganse por rendidos los informes previos de las responsables Alcalde y Director de Policía y Tránsito, ambos del municipio de Iturbide, Nuevo León, así como Alcalde del municipio de Hidalgo, Nuevo León. Se destaca que los informes previos con los cuales se da cuenta en la presente, no generan el diferimiento de la resolución, aun cuando no se haya dado vista a la parte quejosa, pues ello no implica que se le deje en estado de indefensión, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículo 140 y 144, ambos de la Ley de Amparo, se infiere que el incidente de suspensión está regido por el principio de celeridad, por lo que la audiencia incidental debe celebrarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 119/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintidós, Tomo XII, diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro número 190942, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, los quejosos están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo." También apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página ciento sesenta y seis, marzo de mil novecientos noventa y uno, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, registro número 223409, cuyo rubro y texto son: "INFORME PREVIO. NO ES INDISPENSABLE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a las partes con los informes previos rendidos por las responsables; además, el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con el informe previo de las responsables o sin él, de lo que se desprende la imposibilidad de conceder el diferimiento de la propia audiencia, por el hecho de que las partes no hayan tenido la oportunidad de conocer el contenido de dichos informes." 2. Sólo agréguese sin mayor proveído el oficio y anexos que presentó Roque Cázares Rodríguez, toda vez que de los informes previos antes mencionados no se advierte que las responsables lo hayan designado con el carácter de Delegado autorizado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo con el que dice contar. 3. En atención a lo señalado por la compañía de correo acelerado denominada Estafeta, y una vez realizada una investigación respecto al domicilio de la citada autoridad, se obtuvo como resultado que el correcto es el ubicado en Hegel, número 141, Cuarto Piso, colonia Polanco Quinta Sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México. Al respecto, se ordena girar oficio a la responsable Director Operativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al que se deberá adjuntar copia del escrito inicial de demanda y del proveído de 28 de marzo de 2016, para su conocimiento y efectos legales del caso. Requiérase a la autoridad responsable antes mencionada, a fin de que dentro del término de 24 horas, contados a partir de la notificación del presente proveído, acuse recibo vía telegráfica, del oficio en el que se le comunica el presente acuerdo, o bien al correo electrónico 1jdo4ctoa@correo.cjf.gob.mx, a fin de estar en condiciones de integrar rápidamente la presente incidencia. 4. Del estado procesal de los presentes autos no se puede advertir manifestación alguna de la quejosa respecto de la vista que se le otorgó por proveído de 14 de mayo del año en curso, relativa a la inexistencia de la autoridad denominada Director de Policía y Tránsito de Juárez, Nuevo León. Al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la citada determinación, y se tiene a dicha autoridad como inexistente, en consecuencia, es evidente que tampoco tienen existencia los actos que se le reclaman. 5. De igual forma, por auto de 28 de mayo de la presente anualidad, se declararon como inexistentes a las autoridades que la parte quejosa denominó como Director de Policía y Tránsito del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, Secretaría de Administración Tributaria y Director Operativo de la Administración General de Aduanas. 6. La autoridad señalada como responsable Alcalde del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificada tal y como se advierte de la constancia que obra en autos. 7. Que no obran en autos informe previo ni constancia que acredite que el restante de las autoridades responsables quienes tienen su domicilio fuera de la circunscripción territorial de este juzgado, se encuentren emplazadas al presente incidente de suspensión. Pruebas Cuenta: la secretaria hace relación de las siguientes: 1.- Pruebas de la parte quejosa. Las documentales glosadas en autos. 2.- Pruebas de las autoridades responsables. No ofrecieron. 3.- Pruebas de los terceros interesados. No existen. 4.- Pruebas recabadas de oficio. No se recabaron. El juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas. Alegatos Cuenta: la secretario hace constar que se tienen por reproducidas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, las cuales se traducen en alegatos. El juez de distrito acuerda: se tiene por hecha la constancia secretarial. Pedimento ministerial Cuenta: la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento. El juez de distrito acuerda: se tiene por hecha la constancia secretarial. Al no existir diligencia pendiente, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia incidental y se dicta la sentencia interlocutoria respectiva. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 247/2016, promovido por HOMERO VILLARREAL ÁLVAREZ contra actos del Alcalde del Municipio de Allende, Nuevo León y otras autoridades. Resultando Único. Por acuerdo de 28 de marzo de 2016 se formó y tramitó por duplicado el incidente de suspensión. Considerando Primero.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León es competente para conocer y fallar la presente controversia, por disponerlo los artículos 17, 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; así como el precepto 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo.- Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. HOMERO VILLARREAL ALVAREZ. B.- Terceros interesados. No existe C.- Autoridades responsables por las que se resolverá esta incidencia. 1.- Alcalde del municipio de Allende, Nuevo León. 2.- Alcalde del municipio de Hidalgo, Nuevo León. 3.- Alcalde del municipio de Iturbide, Nuevo León. 4.- Alcalde del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. 5.- Director de Policía Tránsito de Iturbide, Nuevo León. D.- Acto reclamado. "(.) todo aquel mandamiento, orden, acuerdo, resolución, acto, decisión que tenga como finalidad u objetivo la desposesión, circulación, confiscación y privación del bien mueble automotor de procedencia extranjera del cual tengo la posesión (.)". Tercero.- Efectos. Ahora bien, el juez de Distrito solamente debe conceder o negar la suspensión de los actos reclamados para los efectos específicos que solicite la parte quejosa. En el caso particular, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados de manera genérica Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Cuarto.- Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Alcalde del municipio de Allende, Alcalde del municipio de Hidalgo, Alcalde del municipio de Iturbide y Director de Policía Tránsito de Iturbide, todas del Estado de Nuevo León, negaron los actos que se le reclaman. Lo anterior, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario que desvirtuara tal negativa. En tales condiciones, lo que procede es negar a la quejosa, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a la potestad señalada en líneas anteriores, por no existir materia sobre la cual pueda recaer la medida cautelar solicitada. "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Quinto. Presunción de certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Alcalde del Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificada según constancia de notificación que obra en autos. Por consiguiente, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que de ella se reclaman en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. Sexto. Negativa de la suspensión por no acreditar interés suspensional. De la intelección de los artículos 107, fracción I, del Pacto Federal y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De conformidad con lo previsto en la porción Constitucional en cita para la procedencia del juicio de amparo y, por tanto, para estar en posibilidad de conceder la suspensión definitiva, es requisito indispensable que quien lo promueva cuente con interés suficiente, que puede ser legítimo o jurídico, según la naturaleza del acto reclamado y la posición del promovente frente al mismo. El interés legítimo es la situación jurídica material favorable cualificada por una facultad impugnatoria otorgada a quien sufre en su esfera jurídico-protegida una afectación producida por una actuación antijurídica de la autoridad. Representa una institución mediante la cual se faculta a aquella persona que, sin ser titular del derecho lesionado por un acto de autoridad, tiene interés en que la violación al ordenamiento jurídico sea reparado, por el impacto que éste le ocasiona virtud de su ubicación frente al orden jurídico, distinta al de la generalidad de las personas. Sirve de sustento, en lo conducente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Por su parte, el interés jurídico se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ha afectado directamente por el acto de autoridad, ocasionando con ello un perjuicio a su titular, presente o bien inminente. Ello supone una lesión a los intereses jurídicos, ya sea en la persona de la parte quejosa o en su patrimonio. La tutela del derecho solo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, de modo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir en perjuicio. De esa forma, cuando se solicita la medida suspensional debe acreditarse en los autos del incidente, indiciaria o presuntivamente, que la parte quejosa cuenta con interés suficiente [sea jurídico o legítimo], mediante la aportación de pruebas idóneas y suficientes que revelen que hay cierta veracidad de la afectación que le produce el acto reclamado y/o sus consecuencias, ya sea por ser titular de un derecho, o bien, por la especial situación que se tiene frente al acto de autoridad. Un indicio de la existencia de ese derecho y la posibilidad de su afectación que se predica bajo protesta de decir verdad en los hechos y abstenciones que le consten al agraviado, son los elementos de prueba que el peticionario allegue al juicio, como pudieran ser documentos públicos o privados de fecha cierta, anterior al juicio natural, medios de convicción que en ocasiones, por sí mismos, no son aptos para acreditar plenamente la posesión, la propiedad o la titularidad de los derechos que se estimen violados y que son susceptibles de desvirtuarse en la secuela del procedimiento, pero que sin embargo, para efectos de la suspensión, deben considerarse suficientes para establecer en forma indiciaria o presuntiva que la quejosa realmente es titular de ese derecho, que podría afectarse con la ejecución; esto es así, porque la finalidad es únicamente decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En ese contexto, de conformidad con lo previsto en la porción constitucional en cita, para la procedencia del juicio de amparo y de la suspensión provisional y definitiva, es requisito indispensable que quien lo promueve cuente con interés suficiente. Cabe destacar que en tratándose de vehículos de procedencia extranjera, para que la propiedad o posesión de un vehículo de procedencia extranjera pueda protegerse provisionalmente a través de una suspensión, decretada en un juicio de amparo, se requiere acreditar el derecho a que el citado bien se encuentre en el país, esto es, que la estancia del automóvil se encuentre amparada por un permiso de importación temporal o definitiva. Es decir, para tener por existente la afectación del interés jurídico de la parte quejosa, es necesario que ésta demuestre el derecho jurídicamente tutelado que estima afectado, para lo cual no basta justificar que tiene derecho de propiedad y/o posesión sobre un vehículo de procedencia extranjera, sino que fundamentalmente debe acreditar que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, lo que únicamente puede lograr comprobando con la documentación correspondiente la legal estancia del vehículo en territorio nacional. De aplicación a lo anterior, resulta el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 69/2010, que a la letra dispone: VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO, ADEMÁS DE LA PRUEBA DE POSESIÓN O PROPIEDAD, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN DE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/94 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El criterio aplicable para determinar sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados por el promovente del amparo, vinculados con vehículos de procedencia extranjera, es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 19/94, de rubro: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.", que establece que para acreditar la procedencia de la medida suspensional, en términos del artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, no basta justificar que se tiene derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo de procedencia extranjera, sino que también debe acreditarse que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, para lo cual debe demostrarse la legal estancia del automotor en el territorio nacional, aun cuando sólo se reclamen actos de desposeimiento no relacionados con la materia de importación. Igualmente, es aplicable el criterio emitido por la misma Segunda Sala del Tribunal Supremo del País, en la Jurisprudencia 19/94, que establece: VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS. Para que la propiedad o posesión de un vehículo de procedencia extranjera pueda protegerse provisionalmente a través de una suspensión, decretada en un juicio de amparo, se requiere acreditar el derecho a que el citado bien se encuentre en el país, esto es, que la estancia del automóvil se encuentre amparada por un permiso de importación temporal o definitiva. Es decir, para tener por existente la afectación del interés jurídico de la parte quejosa, es necesario que ésta demuestre el derecho jurídicamente tutelado que estima afectado, para lo cual no basta justificar que tiene derecho sobre un vehículo de procedencia extranjera o que haya pagado el impuesto general de importación, la tenencia o el impuesto al valor agregado, sino que fundamentalmente debe acreditar que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, lo que únicamente puede lograr comprobando con la documentación correspondiente la legal estancia del vehículo en territorio nacional. En el presente caso, Homero Villarreal Álvarez, quien se ostenta posesionario y propietario del vehículo descrito en la demanda de amparo, no acreditó su interés suspensional, toda vez que no acompañó medios de pruebas que acrediten la legal estancia en el territorio nacional del vehículo sobre el cual solicita el otorgamiento de la medida suspensional, contario a ello, el propio impetrante de amparo manifestó que se encuentra en trámite la legalización o nacionalización del mismo, sin embargo, omitió allegar algún medio de convicción que acrediten tal manifestación y que en su caso, que la estancia del vehículo en el país se encuentra plenamente autorizada por las autoridades competentes, de ahí que no sea posible otorgar la suspensión aun cuando sólo se reclamen actos de desposeimiento no relacionados con la materia de importación. Séptimo. Diferimiento de audiencia. No obra en autos informe previo ni constancia que acredite que el restante de las autoridades responsables quienes tienen su domicilio fuera de la circunscripción territorial de este juzgado, se encuentren emplazadas al presente incidente de suspensión. Se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, únicamente por lo que hace a las autoridades mencionadas en el párrafo que antecede. Se fijan las 9 horas con 55 minutos del 22 de junio de dos mil dieciocho. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo se, Resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a HOMERO VILLARREAL ALVAREZ, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta interlocutoria, por los motivos y para los efectos ahí especificados. SEGUNDO. Se difiere la audiencia constitucional en términos de lo señalado en el considerando séptimo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y lístese. Así lo resolvió y firma Édgar Ulises Rentería Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asistido por Mayra Elizabeth Chirinos Sepúlveda, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ESTA FECHA.

  4. Principal

    Notifíquese

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