Alejandra Espino Díaz
Expediente 486/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alejandra Espino Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de treinta de agosto del año en curso (foja 35 a la 44), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 486/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas (fojas 10-11) y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su referido informe de ley (fojas 12) y con las anexadas a los oficios registrados con los números de folio 9245 y 9879 (fojas 19-20 y 23-24), respectivamente . A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes en formular alegatos, por no haber ejercido el derecho que tenían para hacerlo, y se da por concluida la presente etapa: luego, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia, y se procede a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 486/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Alejandra Espino Díaz demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas. Acto reclamado: "PRIMERO.- Que en fecha de 08 de mayo de 2017, siendo las catorce horas, se entregó la solicitud de informe al Director de Catastro en el H. Ayuntamiento de Trancoso Zacatecas, solicitando información respecto al número de lotes registrados en dicho Municipio asimismo el porcentaje de personas que pagar su impuesto predial. A lo que a la fecha la autoridad ha hecho caso omiso de contestar mi petición.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de diecinueve de mayo de la presente anualidad (fojas 4-7), se registró bajo el número de expediente 486/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Jefe del Departamento de Catastro de Trancoso, Zacatecas, al rendir su informe justificado (fojas 10-11), negó el acto que se le reclama, no obstante, del análisis de dicho documento se observa que tal negativa se limitó a la defensa de la constitucionalidad de su acto; sin embargo, informó, en lo que interesa, que el ocho de mayo pasado, la quejosa presentó un escrito, mediante el cual le solicita diversa información respecto de los predios ubicados en dicho municipio, así como de los contribuyentes, sin que a la fecha en que rindió el referido informe de ley hubiera dado contestación a la petición solicitada. Por tanto, al existir manifestaciones de certeza en el informe justificado en análisis deben tenerse como existente el acto reclamado a la autoridad citada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, del rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Máxime que la autoridad responsable exhibió el acuse del escrito que presentó ante dicha autoridad (foja 12); documento que cuenta con valor probatorio suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, ya que, como se destacó, el ayuntamiento responsable realizó manifestaciones de certeza sobre su existencia. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. 1. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, ante la Jefatura del Departamento de Catastro Municipal de Trancoso, Zacatecas, la hoy quejosa, en esencia, solicitó información respecto de lotes registrados en el citado municipio, así como el porcentaje de personas que enteran el impuesto predial respectivo (foja 12). La omisión de respuesta al escrito anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión reclamada ha dejado de surtirlos, toda vez que ya se dio contestación a su petición de ocho de mayo de dos mil diecisiete, la cual se notificó el dos de junio pasado (foja 24). Por tanto, procede sobreseer el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia citada En efecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Entonces, la fracción citada establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En este juicio de amparo, la quejosa reclama esencialmente que la autoridad responsable no ha contestado su petición de ocho de mayo de dos mil diecisiete, en relación con la base de datos de los predios registrados en el municipio de Trancoso, Zacatecas y de sus contribuyentes. Es decir, el núcleo de la causa de pedir de la parte quejosa radica en que no ha recaído contestación a la petición que realizó en su referido escrito de ocho de mayo de dos mil diecisiete. En éste, el promovente solicitó, en concreto, información respecto del número de lotes registrados en el municipio de Trancoso, Zacatecas y del porcentaje de contribuyentes que pagan el impuesto predial en dicha localidad, ello a fin de realizar un estudio sobre las causas por las que los habitantes de la citada urbe no contribuyen al gasto público. En ese contexto, la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, sin que con anterioridad a esta fecha se advierta que se hubiera hecho del conocimiento del acuerdo u oficio recaído a las petición descrita. Sin embargo, mediante oficio registrado con el número de folio 9245 presentado en la oficialía de partes de este juzgado el cinco de julio del año en curso (foja 19), el director del departamento responsable informó que el uno de junio pasado se dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa, la cual quedó notificada en dicha fecha y, para corroborar su dicho, remitió copia fotostática simple del oficio por el cual se daba contestación a lo requerido, no obstante, mediante proveído de esa misma fecha (cinco de julio de dos mil diecisiete), se tuvo a la autoridad responsable realizando dichas manifestaciones y se le requirió a efecto de que remitiera el original, o en su caso, copia autorizada del referido oficio de uno de junio pasado (foja 21). Así, en cumplimiento de lo anterior mediante auto de diecinueve de julio siguiente (foja 25), se tuvo a la citada autoridad dando cumplimiento con lo requerido, esto es, remitió el original del oficio por el cual se dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa, del que además se advertía la firma en que lo recibió la promovente del amparo (foja 24). De lo anterior, se desprende que el Jefe del Departamento de Catastro dio contestación a la solicitud realizada por la quejosa, para lo cual por medio del oficio sin número de uno de junio de dos mil diecisiete, comunicado del que se desprende que: En Trancoso, Zacatecas, se encuentran registrados 6,375 (seis mil trescientos setenta y cinco) lotes urbanos de los cuales 1,308 (mil trescientos ocho) se localizan dentro del fundo legal de las 64-00-00 hectáreas. De la última cantidad precisada con anterioridad únicamente han pagado su impuesto predial 547 (quinientos cuarenta y siete) contribuyentes, lo que equivale a un 40% (cuarenta por ciento) del total de los lotes registrados. Se encuentran registrados 5,067 lotes o viviendas dentro de la mancha urbana, es decir, fuera de las 64-00-00 hectáreas en régimen ejidal. De la cantidad mencionada en el punto que antecede únicamente 252 (dos cientos cincuenta y dos) contribuyentes han pagado su impuesto predial, equivalente a un 5% (cinco por ciento) del total de los predios urbanos mencionados. Se encuentran 553 (quinientos cincuenta y tres) lotes rústicos registrados de los cuales únicamente 198 (ciento noventa y ocho) han pago el impuesto de referido que equivale al 34% (treinta y cuatro por ciento). Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntadas por la autoridad de mérito, se acreditó que dicho oficio fue notificado de manera personal a la quejosa el uno de junio del año en curso (foja 58). De lo anterior, se deriva que la solitud referida ya fue respondida y hecha del conocimiento de la quejosa. Por tanto, se reitera, con el oficio sin número de uno de junio de la presente anualidad y notificado a la solicitante en esa misma fecha, la autoridad responsable dio respuesta a la petición realizada por la aquí quejosa, la que constituye el objeto de la omisión reclamada (fojas 24). Lo precedente es equivalente a los efectos que hubiera tenido un fallo protector de la Justicia Federal, ya que en ese caso el efecto de la sentencia hubiera sido obligar a la autoridad responsable a emitir la respuesta correspondiente a la petición. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable comunicó la respuesta a la petición realizada por Alejandra Espino Díaz, en su escrito de ocho de mayo de dos mil diecisiete y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin que la parte quejosa ampliara su demanda respecto de la respuesta dada a su petición, no obstante habérsele hecho de su conocimiento tal derecho como se advierte del proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad (fojas 25-26). Por tanto, se insiste, al haber dado respuesta a la petición realizada por la quejosa, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, toda vez que éstos han desaparecido, o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular, conforme se indica, por las razones que indica, en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, la respuesta del acto reclamado en comento implica la conclusión de sus efectos, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a la contestación que se dio a la quejosa. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee el presente juicio constitucional. Por tanto, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandra Espino Díaz, contra el acto que reclamó del Jefe del Departamento de Catastro del Municipio de Trancoso, Zacatecas, consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de ocho de mayo de dos mil diecisiete; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que del veintiséis de julio al quince de agosto de dos mil diecisiete transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, concedido a la quejosa Alejandra Espinoza Díaz por auto de diecinueve de julio del mismo año, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión reclama, sin que realizara dicha ampliación. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, concedido a la quejosa Alejandra Espinoza Díaz por auto de diecinueve de julio del mismo año, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Catastro del Municipio de Trancoso, Zacatecas, en contestación a la petición cuya omisión reclama, sin que realizara dicha ampliación; en consecuencia, se hace efectivo en perjuicio de la parte quejosa el apercibimiento contenido en dicho proveído, y se ordena continuar el trámite de este juicio de amparo, únicamente respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda; lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que del veintiséis de julio al quince de agosto de dos mil diecisiete transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, concedido a la quejosa Alejandra Espinoza Díaz por auto de diecinueve de julio del mismo año, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión reclama, sin que realizara dicha ampliación. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, concedido a la quejosa Alejandra Espinoza Díaz por auto de diecinueve de julio del mismo año, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Catastro del Municipio de Trancoso, Zacatecas, en contestación a la petición cuya omisión reclama, sin que realizara dicha ampliación; en consecuencia, se hace efectivo en perjuicio de la parte quejosa el apercibimiento contenido en dicho proveído, y se ordena continuar el trámite de este juicio de amparo, únicamente respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda; lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Aldo Manuel de Casas de la Rosa2687/2014
- Aldo Sifuentes Linares1580/2022
- Alejandra Benitez Romero3385/2014
- Alejandra Cortés Márquez2481/2014
- Alejandra Dávila Olangues216/2021
- Alejandra del Rosario Rangel780/2013
- Alejandra Fabiola Huitrado Mora127/2018
- Alejandra Garcia Murillo3511/2014
- Alejandra Guadalupe Robles Escalera1173/2022
- Alejandra Jaramillo Avitud2568/2014
- Alejandra Jaramillo Valdez872/2017
- Alejandra Jiménez Díaz862/2021