Alejandra Esperanza Saenz Grijalva
Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juzgado Segundo Letrado En Materia Civil En Torreón, Coahuila
- Alejandra Esperanza Saenz Grijalva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se declara que la sentencia de mérito, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo. De las constancias de autos se desprende que obran documentos que exhibió la promovente junto a su demanda, que por su naturaleza ameritan ser devueltos; por tanto, antes de proceder a la destrucción de este expediente, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo, del acuerdo general indicado, se autoriza la devolución oficiosa de dichos documentos. En consecuencia, se apercibe a la parte promovente que en caso de no acudir a recoger los documentos dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente auto, serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Se declara que la sentencia de mérito, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo. De las constancias de autos se desprende que obran documentos que exhibió la promovente junto a su demanda, que por su naturaleza ameritan ser devueltos; por tanto, antes de proceder a la destrucción de este expediente, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo, del acuerdo general indicado, se autoriza la devolución oficiosa de dichos documentos. En consecuencia, se apercibe a la parte promovente que en caso de no acudir a recoger los documentos dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente auto, serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 950/2022-IV, promovido por ALEJANDRA ESPERANZA SAENZ GRIJALVA, contra actos del JUZGADO SEGUNDO LETRADO EN MATERIA CIVIL EN TORREÓN, COAHUILA, con sede en Gómez Palacio, Durango y solicitó el amparo y protección de la JUZGADO SEGUNDO LETRADO EN MATERIA CIVIL EN TORREÓN, COAHUILA, negaron la Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 950/2022, de acuerdo con los siguientes: ANTECEDENTES. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós ante la autoridad responsable, Alejandra Esperanza Sáenz Grijalva, promovió demanda de amparo directo, en la que en su calidad de tercero extraño en esencia reclamó el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, por el que se autorizó en los autos del juicio ejecutivo mercantil 2195/2019, del índice del Juzgado Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, a que la parte actora se constituyera en compañía del actuario judicial responsable, en el domicilio ubicado en Calle Artículo 123 sin número a la vista, es una casa color crema con rejas negras, al costado derecho de la casa marcada con el número 1915-A, de la Colonia Las Luisas de esta ciudad, que la aquí quejosa refiere es de su legítima posesión. La referida demanda fue turnada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, tribunal que por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma, ordenando remitir dicha demanda al Juzgado de Distrito en La Laguna en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna. La parte quejosa invocó como preceptos constitucionales vulnerados, los establecidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y ordenó prevenir a la parte quejosa, por lo que una vez desahogara dicha prevención, en acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo promovida por Alejandra Esperanza Sáenz Grijalva; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, mismo que fue realizado oportunamente, y se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. La audiencia constitucional en sus fases de pruebas y alegatos consta en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza; es competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque se reclaman actos con ejecución material en esta ciudad, localidad comprendida dentro del ámbito territorial sobre el cual este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en las sentencias de amparo, el juzgador debe fijar en forma clara y precisa el acto reclamado. En el caso particular, el acto reclamado consiste en los actos de molestia derivados del auto emitido por el Juez Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, el cinco de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil 2195/2019, por el que se ordena el embargo de bienes en el domicilio ubicado en Calle Artículo 123 sin número a la vista, es una casa color crema con rejas negras, al costado derecho de la casa marcada con el número 1915-A, de la Colonia Las Luisas de esta ciudad, que aduce es de su posesión. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón y Actuarios de su adscripción, y Segundo Comandante de la Policía Civil de Coahuila, Región Laguna I, todas con sede en esta ciudad, no obstante que esta última negara los actos atribuidos, dicha circunstancia se desvirtúa dado el carácter de ejecutora que le asiste y al haber aceptado existencia de aquellos la autoridad mencionada en primer término, la cual resulta tener el carácter de ordenadora. Además, tal aspecto también quedó demostrado, con las constancias certificadas que remitió el Juez responsable a su informe justificado, relativas al juicio ejecutivo mercantil 2195/2019, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. CUARTO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio constitucional, es una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, el suscrito juzgador advierte de manera oficiosa, que respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, en atención a las consideraciones que se expondrán enseguida. En primer lugar, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Por su parte, los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De los dispositivos transcritos con antelación se desprende que, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional es justamente la demostración plena del interés jurídico. Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la Jurisprudencia 1º.A.J/17, publicada en la página treinta y cinco, de la Gaceta 60, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Así las cosas, para pedir amparo y en los supuestos en que la parte agraviada no aduzca ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad; de ahí que del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En este sentido, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En ese orden de ideas, de la documental pública valorada en el considerando que antecede, a manera de antecedentes en lo que aquí interesa, se desprende que: 1.- Joaquín Rodríguez Ramírez, en su carácter de endosatario en procuración de Martha Elvia Ramírez Contreras, demando en la vía ejecutiva mercantil a Ana Gabriela Romero Ochoa, el pago por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). 2.- De dicha instancia tocó conocer al Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, quien por auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, admitió a trámite la misma y ordenó emplazar a la parte demandada, así como requerir de pago de la cantidad precisada y en caso contrario embargar bienes suficientes que garantizara el mismo. 3.- Así, en diligencia de emplazamiento de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el actuario adscrito al Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, se constituyó en el domicilio de la parte demandada Ana Gabriela Romero Ochoa, en compañía de la parte actora, ubicado en Calle Artículo 123 sin número a la vista, casa color crema con rejas negras, al costado derecho de la casa marcada con el número 1915-A, de la Colonia Las Luisas de esta ciudad, a fin de requerir de pago por concepto de suerte principal y en caso contrario señalara bienes para embargo, diligencia que se entendió con una persona del sexo masculino que afirmó ser pariente de la demandada, quien manifestó que no podía hacer el pago, así como que no era su deseo señalar bienes para embargo, pasando tal derecho al endosatario en procuración de la parte actora, quien se reservó a señalar bienes para embargo. 4.- Luego, en auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en contra de la nombrada demandada. 5.- El diez de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria. 6.- Lugo, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se autorizó al actuario adscrito al juzgado señalado como responsable, para que en compañía de la parte actora se constituyera en el domicilio de la parte demandada a fin de señalar bienes para embargo dado que se había reservado anteriormente la parte actora aquí tercero interesada. Al respecto, tales actuaciones fueron practicadas dentro del juicio ejecutivo mercantil 2195/2019, del índice administrativo del Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, promovido por Joaquín Rodríguez Ramírez, en su carácter de endosatario en procuración de Martha Elvia Ramírez Contreras, demando en la vía ejecutiva mercantil a Ana Gabriela Romero Ochoa, y se dirigen a la referida demandada. Así, el carácter de tercero extraño al juicio con el que se ostenta la quejosa se acredita con la documental pública que la autoridad jurisdiccional señalada como responsable aportó a este controvertido, de la que se desprende que la amparista no es parte formal ni material, en el juicio de origen; de ahí que justifica el carácter de tercero extraño a aquél. Luego, si la quejosa Alejandra Esperanza Sáenz Grijalva, no participa en tal procedimiento, es decir, no es parte en dicha controversia, tal circunstancia la sitúa en la categoría de tercero extraño al mismo, por lo que debe acreditar que los actos emanados de dicho procedimiento ocasionan en su esfera jurídica un agravio actual, inmediato y directo, por lo que, resulta necesario para efectos de la procedencia del juicio de amparo que, la quejosa acredite tener un derecho jurídico tutelado sobre el bien inmueble en el que se han realizado actos de molestia; en el caso concreto, es menester que acredite su posesión o propiedad, tal como lo alega en la demanda que originó este juicio de amparo. A fin de acreditar que es poseedora del bien inmueble ubicado en Calle Artículo 123 número 1913-B, casa color crema con rejas negras, al costado derecho de la casa marcada con el número 1915-A, de la Colonia Las Luisas de esta ciudad; y que, por lo tanto, los actos que reclama afectan su interés jurídico, el amparista allegó al presente juicio la siguiente documental: Original del contrato de arrendamiento celebrado entre la impetrante y Ana Gabriela Machado Romero (demandada en el juicio natural) ratificado ante la fe de la notario público Titular de la Notaría número 20, con ejercicio en esta ciudad; documental que resulta ser de fecha cierta al contar con la ratificación notarial de esa fecha. Sin embargo, el aludido medio de prueba que valorado atento a lo previsto por el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, no acredita el perjuicio que le causa al quejoso la emisión del acto que reclama, presupuesto necesario para la procedencia del juicio de amparo que se intenta. Ello pues en principio, es de observarse que aun cuando se trata de documento público con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del diverso 2°, de la Ley de Amparo, también es de considerar que la quejosa, con tal medio probatorio, no demuestra fehacientemente que en el lugar, sito en Calle Artículo 123 número 1913-B, casa color crema con rejas negras, al costado derecho de la casa marcada con el número 1915-A, de la Colonia Las Luisas de esta ciudad, se localice precisamente su domicilio en forma exclusiva (no así de la demandada en el juicio de origen); y que éste se pueda ver afectado con el acto de molestia de que se duele; por lo tanto, no se evidencia el perjuicio directo que refiere se le causa con el acto reclamado, y que ello cause agravio en su perjuicio al derecho de seguridad jurídica prevista en el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna. Aunado a que, el contenido del artículo 71 del Código Sustantivo Civil de esta Entidad Federativa, prevé que el domicilio de una persona física "[.] es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él [.]". A su vez, el Máximo Tribunal de la Federación, ha sustentado, que los elementos principales para determinar el domicilio son: la residencia constante y el asiento principal de los negocios, unidos a la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 155, cuyo rubro y texto dice: "DOMICILIO. Los elementos principales para determinar el domicilio son: la residencia constante y el asiento principal de los negocios, unidos a la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside". Luego, si se toma en consideración que la impetrante Alejandra Esperanza Sáenz Grijalva, en esencia reclama que se pretende ejecutar en su domicilio la orden de cateo de los bienes muebles embargados en el juicio de origen, es obvio que le corresponde justificar plena y fehacientemente que el inmueble del que se ostenta poseedora es de su exclusivo dominio, de manera total e independiente de la demandada en el juicio de origen. Máxime, que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 2195/2019, se advierte que la diligencia de emplazamiento realizada a la demandada Ana Gabriela Machado Romero, se efectuó en el domicilio que defiende la quejosa, el cual es el ubicado en Calle Artículo 123 sin número a la vista, es una casa color crema con rejas negras, al costado derecho de la casa marcada con el número 1915-A, de la Colonia Las Luisas de esta ciudad, la cual se entendió con una persona del sexo masculino quien refirió ser pariente de la demandada, sin que al efecto la quejosa hiciera manifestación alguna, en relación al porque en ese momento se encontraba en su domicilio la demandada en el juicio de origen, o bien si tiene o no algún parentesco con dicha demandada. Circunstancia anterior la que evidencia que, existe una presunción fundada de que la quejosa comparte dicho inmueble, con la demandada en el juicio de origen Ana Gabriela Machado Romero. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página doscientos noventa y cuatro, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que establece: "INTERÉS JURÍDICO. DOMICILIO DEL TERCERO EXTRAÑO. Cuando en un juicio de amparo se reclama de alguna autoridad una orden de cateo y de embargo, ostentándose el quejoso como tercero extraño al procedimiento de donde aquélla deriva y, durante la secuela del procedimiento de amparo no acredita que el domicilio en donde habrá de ejecutarse la referida orden de cateo y de embargo, sea de su exclusivo dominio y si por el contrario, se acreditó que el citado domicilio lo comparte el quejoso con el depositario depuesto en el juicio de origen, y con el propio demandado en el juicio mercantil, es claro inferir que el acto reclamado, por sí mismo, no lesiona el interés jurídico del quejoso, porque ello dependerá sólo del resultado de la diligencia que practique el actuario en cuanto afecten bienes de su exclusiva propiedad y dominio y el juez de los autos apruebe la correspondiente diligencia, pues bien puede ocurrir que el actuario respectivo se limite a secuestrar bienes de las personas con quienes comparte el domicilio de referencia." Bajo ese contexto, ante la ausencia del derecho subjetivo que debe asistir a la parte quejosa como presupuesto procesal para que los actos atribuidos a las autoridades responsables afecten su esfera jurídica, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, por lo que procede SOBRESEER de conformidad con la fracción V del artículo 63, disposiciones todas de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la autoridad ejecutora, en virtud de que el mismo no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia del acto impugnado a la ordenadora. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página setenta y uno, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, con número de registro electrónico 917,623, la cual, a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional". Dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, pues ello constituye el problema de fondo. Resulta aplicable al argumento que antecede, la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a página cincuenta y siete, del Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". La cita de criterios judiciales en que se interpretaron dispositivos de la abrogada Ley de Amparo se realizó con fundamento en los transitorios sexto de la Ley de Amparo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes, toda vez que no contravienen sus dispositivos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 950/2022, promovido por Alejandra Esperanza Sáenz Grijalva, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por medio de lista acorde a lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones en los Libros de Gobierno respectivos y publíquese esta resolución en términos del artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Así lo resolvió y firma electrónicamente Pedro Esteban Guevara Toscano, Juez Tercero de Distrito en la Laguna, que actúa ante Eligio Durán Mariscal, secretario del juzgado que autoriza y da fe, con lo que concluye la audiencia constitucional. Doy fe. Pedro Esteban Guevara Toscano Eligio Durán Mariscal
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Agréguese el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable SEGUNDO COMANDANTE DE LA POLICÍA CIVIL DE COAHUILA, REGIÓN LAGUNA I, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de dar cuenta con el mismo en la audiencia constitucional respectiva.
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