Alejandra Díaz Silveti de León

Expediente 1497/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1497/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Díaz Silveti de León

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1497/2023, promovido por Alejandra Díaz Silveti De León, contra actos del Presidente ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Alejandra Díaz Silveti De León, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos.La omisión de emitir acuerdo respecto del escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, etapa de ejecución del juicio laboral 01/559/13. SEGUNDO. El siete de noviembre de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1497/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar el escrito de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/559/13. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que acompañó la Junta responsable; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en ese tenor, se les tiene por cierto el mismo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que también hacen valer las autoridades responsables, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal afirmación, ya que la parte actora aquí quejoso Alejandra Díaz Silveti de León, reclamó de la autoridad responsable, la omisión de proveer el escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, registrado con el folio 143603, relativo al expediente laboral 01/559/13; sin embargo, como ya se estableció la autoridad responsable el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dio respuesta al escrito petitorio de referencia, en los términos ahí especificado, y lo notificó a la parte quejosa el diecisiete de noviembre siguiente, así la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su escrito y notificarlo, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Más aún que, la parte quejosa no se inconformó con la determinación emitida por la autoridad responsable al dar respuesta a su petición, pues al tratarse de un proveído dictado por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene a su alcance el medio de impugnación que provee la Ley Federal del Trabajo, cuando se trata de actos en etapa de ejecución de laudo. Aunado al hecho que el procedimiento de ejecución de laudo, no es oficioso, pues en términos del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, requiere de impulso procesal por parte de quien obtuvo laudo a su favor. Lo que genera que, cada vez que resulte necesario deberá instar a la autoridad responsable la prosecución de la etapa de ejecución. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el catorce de noviembre de la anualidad, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, registrado con el folio 143603, y el diecisiete de noviembre siguiente, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/559/13. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dichos informes dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexan las autoridades responsables a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las autoridades oficiantes, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indican, por ser el oficial en el que residen dichas autoridades. Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, por cuanto al correo electrónico y número telefónico que se proporciona, se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Finalmente, se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el cual se hace del conocimiento el proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés en el que se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto el cual se registró como 510/2023. Se toma conocimiento de lo anterior. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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