ALEJANDRA DIAZ GOMEZ y Otros.
Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALEJANDRA DIAZ GOMEZ y Otros.
- Alejandra Diaz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que declaró que no existe materia para la ejecución de la sentencia dictada en autos; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el sobre que devuelve el jefe del servicio de mensajería acelerada Estafeta de México S.A. de C.V, que contiene los oficios*****...******** que contienen la transcripción de los proveídos de veintiséis y treinta de enero ambos del presente año, con la leyenda "falta de datos" y la observación siguiente: "Es Secretaría de Seguridad Ciudadana"; al respecto, de los mismos se advierte que se encuentran correctamente dirigidos con la denominación que se precisa, sin embargo, se desprende que el domicilio al que deben remitirse es el ubicado en Avenida Constituyente, número novecientos cuarenta y siete, Belén de las Flores, de la ciudad de México, por lo tanto, se ordena reexpedir dichas misivas a la dirección correcta, a fin de que la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana quedé legalmente notificada de las actuaciones de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Consultor Jurídico de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, por el cual devuelve el oficio número 624/2023 dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, librado en este asunto, pues refiere que la representación presidencial le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de conformidad al artículo Tercero, Fracción V, numeral 2, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario de la Federación el 25 de marzo de 2019. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 9º de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones al Ejecutivo Federal, realícense por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para tal efecto, reexpídase el oficio aludido como oficio inserto al presente auto, a fin de que la responsable esté debidamente notificada de la actuación de doce de enero del presente año, dictada en autos. Notifíquese.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vistos los autos, toda vez que por auto de doce de enero del presente año, se hizo del conocimiento a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en ejecutoria de trece de diciembre de dos mil veintidós, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este juicio, revocó la sentencia recurrida, en los siguientes términos: PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida, cuyo engrose concluyó el once de febrero de dos mil veintidós, dictada por el juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el juicio de amparo indirecto *****..****. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Alejandra Díaz Gómez, contra los actos que reclamó del Presidente de la Republica, consistentes en la aprobación, promulgación, orden de publicación, y efectos de los artículo 329, 332, 333, y 334 todos del Código Penal Federal; por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Ello, para los siguientes efectos: [.] "Efectos del amparo. En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto, en términos de lo previsto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad de los artículos 329, 332, 333 y 334, todos del Código Penal Federal, los cuales prevén la penalización del aborto. Por lo cual debe revocarse la sentencia recurrida y conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado materia de estudio. En el entendido que, los efectos de esta sentencia, se traducen en la desincorporación de las normas jurídicas declaradas inconstitucionales de la esfera jurídica de la parte quejosa, de manera tal que no se encuentre en obligación de observarlas, lo que se extiende por todo el tiempo que las normas permanezcan vigentes, y eso vincula a toda autoridad que, por sus funciones, deba aplicarlas en la esfera de la quejosa. De modo que las autoridades no podrán utilizarlas como base para negar a la quejosa beneficios o establecer cargas relacionadas con el derecho a decidir entorno a la interrupción en la fase inicial (12 semanas) de gestación, tanto en lo presente como en lo futuro; lo que es efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes. Lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada a la parte quejosa que obtuvo la protección constitucional solicitada, en esta fase inicial, pues su aplicación por parte de alguna autoridad implicaría la violación a la presente sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con la accionante." [.] Además, como se desprende de la certificación de cuenta la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudad de México, ya quedó legalmente notificada de lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, esto es, con fecha dieciocho de enero del presente año, según constancia que obra en autos. No existe materia para la ejecución de la sentencia Bajo ese tenor, y como ya se estableció en acuerdo de doce de enero del presente año, en el caso particular, no resulta procedente requerir a la autoridad responsable Presidente de la República, el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la misma únicamente participó en el proceso legislativo de creación de las normas declaradas inconstitucionales, siendo que conforme a los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dicha autoridad a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, en los términos y como lo estableció claramente el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en la ejecutoria de amparo citada con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXV/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, Tomo VI, Octubre de 1997, materia común, registro 197512, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. Máxime que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, para el cumplimiento de la ejecución de las sentencias de amparo, el Presidente de la República, no podrá ser considerado como autoridad responsable o superior jerárquico; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, y 214 de la Ley de Amparo en relación con la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, se declara que no existe materia para la ejecución de la sentencia dictada en autos. Comuníquese lo anterior a todas las partes para su conocimiento y los efectos legales a que haya lugar, no habiendo cuestión pendiente por tramitar en este asunto, se determina lo siguiente: Archivo del expediente como concluido En acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se sobreseyó en el juicio, sin embargo el Tribunal de Alzada, revoco dicho fallo y en su lugar concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Aldo Santillan Arranda ó Aldo Tomás Santillán Aranda19/2015
- ALDRIN ROBLEDO QUIROZ y Otros.44/2021
- ALEJANDRA ALTAMRANO CRUZ y Otros.624/2019
- ALEJANDRA CABALLERO HERNÁNDEZ y Otros.887/2022
- ALEJANDRA CARMONA JIMÉNEZ y Otros.778/2017
- ALEJANDRA DÍAZ GÓMEZ y Otros.704/2018
- ALEJANDRA DIAZ GÓMEZ y Otros.1105/2019
- ALEJANDRA DIAZ GÓMEZ y Otros.13/2019
- Alejandra Fabiola Martínez Luján1733/2014
- ALEJANDRA GARCÍA HERNÁNDEZ y Otros.838/2023
- Alejandra García Hernández839/2023
- Alejandra Gómez Candiani y Otros.1000/2014