Alejandra Díaz Carrillo
Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alejandra Díaz Carrillo
- Director del Hospital de Ginecopediatría Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida en este sumario. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios respectivo, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese ******************** a la ******************** de la adscripción, por oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y Resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y un minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su ampliación, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en nombre de las autoridades responsables al escrito inicial de demanda y a la ampliación de demanda efectuada por la accionante de tutela constitucional. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que ya les transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de los informes apenas precisados. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa; y las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en doble aspecto -legal y humana- ofrecidas por las autoridades responsables por conducto del apoderado legal del instituto responsable; igualmente, el secretario hace constar que la parte restante no ofreció medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las probanzas en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional; por otro lado, téngase por perdido el derecho de la parte restante para ofrecer medios de prueba. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa formuló alegatos, no obstante, las demás partes omitieron realizarlos. El juez acuerda, ténganse en consideración las aseveraciones hechas por la solicitante de amparo, por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes restantes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 611/2023 A - II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Alejandra Díaz Carrillo, en representación de su menor hijo U.I.D.D. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al director del Hospital de Gineco-Pediatría Número Catorce, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Luego, el veintiocho de abril siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, Posteriormente, mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de derechos, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado, y se notificó personalmente a la representación social de la adscripción. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: Del director y subdirector, ambos del Hospital de Gineco-Pediatría Número Catorce, del Instituto Mexicano del Seguro Social: La inadecuada atención médica proporcionada al menor quejoso. Del médico psiquiatra Pedro Salazar Armenta adscrito al Hospital de Gineco-Pediatría Número Catorce, del Instituto Mexicano del Seguro Social: La negativa de proporcionar el medicamento denominado Clozapina. Inexistencia del acto reclamado En el presente asunto se advierte la actualización de la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Lo anterior es así, ya que no es cierto el acto reclamado al director y subdirector adscritos al instituto responsable, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Ello en razón de que la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con la inadecuada atención médica proporcionada al menor quejoso, ni desvirtuó la negativa formulada por el apoderado legal del aludido instituto; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de tales actos reclamados. Lo anterior tiene sustento en que la solicitante de amparo asevera que le han programado sus citas con el respectivo especialista con muchos meses de distancia entre cada una de ellas. Empero, del expediente clínico del menor quejoso, se dilucidan las notas de atención médica de las citas que le fueron programadas y el resultado de estas. En el entendido de que se tomarán en consideración las datas concernientes hasta antes de la fecha de la presentación de la demanda; así las cosas, la existencia del acto reclamado debe analizarse al veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Ahora bien, para mejor proveer se incrusta la siguiente tabla ilustrativa donde se plasma lo relativo a las consultas: Fecha de consulta Resultado Treinta de julio de dos mil veintiuno No se presentó. Siete de marzo de dos mil veintidós No se presentó. Veinte de marzo de dos mil veintidós No se presentó. Dos de abril de dos mil veintidós No se presentó. Ocho de mayo de dos mil veintidós Se hizo la respectiva valoración, y se recetó diverso medicamento. Nueve de julio de dos mil veintidós No se presentó. Doce de julio de dos mil veintidós No se presentó. Diecisiete de octubre de dos mil veintidós No se presentó. Lo anterior pone de relieve que, en efecto, no es atribuible a las autoridades mencionadas la inadecuada atención médica reclamada, esto es así porque no pueden ofrecer el tratamiento si el derechohabiente no se presenta a las citas que le son programadas mucho menos valorar si este es adecuado o no. Tampoco se ofreció alguna probanza que evidencie que en realidad sea negligencia de esas responsables el acto que se les reclama. Sin que pase inadvertido por este juzgador, las manifestaciones respectivas y documentales hechas valer por la impetrante de amparo en relación con la justificación del porqué no acudió a las citas correspondientes, empero, ello no resulta suficiente como para hacer atribuible una deficiente atención médica a las responsables. Tampoco se soslaya que, el menor quejoso sufrió una fractura, a lo que la solicitante de amparo acudió al servicio de urgencias pediátricas del multicitado instituto el quince de septiembre de dos mil veintidós, para que se le proporcionara atención médica, la cual le fue proporcionada por diversa pediatra adscrita a dicho instituto, lo que hace patente que, nunca se le ha negado, o bien, otorgado de manera inadecuada el servicio médico del que se duele. Ya que dependiendo del tipo de atención que necesite, es conferido el derecho de servicio médico, pues dependerá del arbitrio de los expertos médicos lo que estos consideren urgente o no. De lo anterior se observa que, a la data de presentación de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa - el veintiséis de abril del año en curso-, no existía el acto reclamado consistente en la inadecuada atención médica, ya que no es atribuible a las autoridades. Conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Lo mismo ocurre, en lo concerniente al acto reclamado en la ampliación de demanda al médico psiquiatra Pedro Salazar Armenta adscrito al Hospital de Gineco-Pediatría Número Catorce, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su respectivo informe justificado, por conducto del apoderado legal del instituto mencionado, aseveró que el medicamento que pretende le sea otorgado la parte quejosa, no le fue prescrito por el profesionista en comento, por tanto, negó el acto que se le reclama. También, la parte quejosa aduce en su ampliación de demanda que, el veintinueve de abril del año que transcurre, acudió a consulta con el aludido especialista, donde, supuestamente le fue negado dicho fármaco bajo la justificación de que este no se encuentra contemplado en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no acreditó la negativa que refirió. Sin que pase inadvertido por este juzgador, que la consulta -nota de atención médica- de esa data obra en el presente juicio de derechos, en la que se denota que en el apartado "resumen clínico", se hizo una relatoría de los antecedentes del paciente, y se plasmó en esa parte que el menor quejoso estuvo internado en clínicas privadas y que se probaron varios antipsicóticos como tratamiento, quedándose con el medicamento clozapina. Ahora bien, en el referido resumen, se denota que la multicitada medicina fue recetada por una clínica privada y no por el especialista que aquí señaló como responsable. Lo anterior se corrobora con una de las pruebas documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, a saber, una receta médica prescrita por el psiquiatra Ricardo Garnica Gasca, donde se hace mención de la referida medicina, empero, dicho profesionista se encuentra adscrito a diversa institución privada. Por ende, el médico psiquiatra Pedro Salazar Armenta no puede negar la entrega de un medicamento que él no recetó ni en esa actuación ni en las anteriores, e incluso, la orden de suministro de cualquier medicamento se encuentra al arbitrio de su pericia o al tratamiento que tenga a bien determinar. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En el caso, tampoco ofreció algún medio de convicción que evidenciara que el médico responsable haya negado la orden de suministro del medicamento por las razones a las que aduce en su ampliación de demanda. Por ello, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados en el apartado III de la presente sentencia. En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados que en este apartado se analizan, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la citada porción normativa. Decisión En esa tesitura, al haberse actualizado la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el apartado III, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la aludida fracción y numeral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por --------------------------------, respecto de los actos reclamados indicados en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando IV del presente fallo. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto las pruebas anexas por auto de diez de agosto anterior. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y un minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas de instrumental de actuaciones, la presuncional, así como las pruebas documentales anexas al oficio que se atiende. Integración de escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal del quejoso y en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula (alegatos), las cuales serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos las pruebas documentales anexas, la cuales serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Estado procesal. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio recibido en este juzgado el ocho de junio de dos mil veintitrés, informó se programó cita al quejoso en el servicio de psiquiatría el dos de julio de dos mil veintitrés. Requerimiento de constancias. Visto el estado de autos, y con el objeto de contar con mayores elementos para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el presente asunto, con apoyo en lo establecido en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase al director del Hospital de Gineco Pediatría número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que, dentro de un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita copia certificada del expediente clínico del menor ********************. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con un minuto del catorce de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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