Alejandra Delgado Prieto

Expediente 275/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
275/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Delgado Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en contra de la resolución de ocho de julio del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia se declara firme la citada determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, así como los incidentes de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que el expediente principal, se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se sobreseyó el juicio respecto de todos los actos reclamados; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Asimismo, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos del numeral 21, inciso c) del Acuerdo General en cita, toda vez que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a la destrucción del expediente principal y cuaderno original del incidente de suspensión, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General mencionado. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Notifíquese por lista a la tercera interesada el auto de 8 de julio de 2021.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 8 DE JULIO DE 2021.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de veinte días que le fue concedido a la parte quejosa, para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de mayo anterior, es decir, para recoger los edictos, informar el periódico en el cual se realizaría la publicación de éstos, así como exhibir los recibos de pago para acreditar las publicaciones de los mismos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación de la República Mexicana, ello, a efecto de emplazar a la tercera interesada, *********, sin que hasta este momento haya cumplido con ello; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. En efecto, en el juicio de amparo en que se actúa, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), en concordancia con el diverso 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo. De las citadas porciones normativas se aprecia que en los juicios de amparo, en caso de no poder realizarse el emplazamiento al tercero interesado en forma personal, el mismo se practicará por edictos a costa de la parte quejosa, para lo cual, se pondrán a su disposición los ejemplares correspondiente para que los recoja y publique en el Diario Oficial de la Federación y en el de mayor circulación de la República Mexicana. En caso de que la parte inconforme no acredite haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el procedimiento constitucional. Lo anterior es así, porque la contumacia en que incurre la impetrante del amparo al no cumplir con lo anterior, impide observar un presupuesto procesal que se rige como formalidad esencial del procedimiento como lo es el emplazamiento del tercero interesado y en consecuencia, este Juzgado Federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Y, es que las determinaciones que se adoptan en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, de ahí que la falta de su emplazamiento al presente asunto es atribuible a la parte quejosa por la falta de publicación de los edictos y por ende, torna improcedente el presente asunto pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la contienda a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa- para lograr el emplazamiento del tercero interesado en cuestión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte solicitante de la protección constitucional. Sentadas las premisas anteriores, en la especie, se tiene que por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se tuvo como tercera interesada a *******************, por lo que se ordenó su llamamiento al presente sumario, diligencia que habría de practicarse en el domicilio proporcionado por la parte quejosa. Sin embargo, en proveído de seis de agosto subsecuente, el fedatario de este órgano jurisdiccional hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada en mención, por los motivos que en la misma expuso. Con motivo de lo anterior, este órgano jurisdiccional, en acuerdos de diez de septiembre y uno de diciembre siguiente, dictó las medidas conducentes para la localización del domicilio en el que pudiera llevarse a cabo el emplazamiento de mérito, tales como requerir a la parte quejosa y a la autoridad responsable el domicilio, así como girar oficios a diversas dependencias que cuentan con datos domiciliarios de personas. Cabe señalar que en dichos proveídos, se hizo del conocimiento de la parte quejosa que una vez agotados los medios para su localización y de no lograrse el citado emplazamiento, éste se practicaría por medio de edictos a su costa. Así, no fue posible obtener resultados favorables de dicha investigación. Consecuentemente, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la tercera interesada por medio de edictos, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso b) de este último ordenamiento. Asimismo, en dicho auto, se otorgó al inconforme un plazo de veinte días para para recoger los edictos, informar el periódico en el cual se realizaría la publicación de éstos y exhibir los recibos de pago para acreditar las publicaciones de los mismos en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación de la República Mexicana, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, ponderadas las circunstancias del asunto, podría sobreseerse el presente juicio de amparo. Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a lo ordenado en el proveído en mención, no obstante de encontrarse debidamente notificada, con lo que demuestra una falta de interés, no relativo al juicio, sino a su tramitación, pues con dicha conducta omisiva, la secuela procesal queda paralizada, lo que motiva que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.P.1K (10ª), de Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [El énfasis es añadido]. En vías de consecuencia, al haber transcurrido los veinte días que se concedieron a la parte quejosa para para recoger los edictos, informar el periódico en el cual se realizaría la publicación de éstos y exhibir los recibos de pago para acreditar las publicaciones de los mismos en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana para emplazar a la tercera interesada María Teresa Prieto y Estrada, sin que haya dado cumplimiento, SE SOBRESEE el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior por analogía, lo determinado en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." [El énfasis es añadido]. En ese tenor, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para este día. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa, así como a la tercera interesada, ******* y por lista a las demás partes.

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