Alejandra del Rocío Vera Ruvalcaba

Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
591/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandra del Rocío Vera Ruvalcaba

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se ordena protección de identidad de menores de edad. Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28); Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena proteger la privacidad de toda participación infantil a través del resguardo de su identidad, sin importar la calidad con la que comparezca al presente juicio constitucional, esto es, si como quejoso o tercero interesado. Fijación de la litis constitucional. Desechamiento. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, aplicados en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos, textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (...)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Ahora bien, conforme al artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; mientras que el artículo 1º, fracción I, de dicha legislación, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por su parte, establece que por autoridad responsable debe entenderse "la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas"; precepto normativo que no constituye una norma legal aislada, sino que se encuentra sujeto a los principios constitucionales establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su carácter de norma primaria que rige la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, a través del juicio de amparo únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con tal carácter, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. Apoya lo anterior, la tesis P. XXVII/97, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." De los criterios referidos se obtiene que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable quien emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; por tanto, es autoridad quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto de autoridad. Para nuestro Alto Tribunal resulta innegable que el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos y que en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo. En ese orden de ideas, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por ello, la Suprema Corte ha sostenido que para determinar cuáles son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Al efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, esto es, existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; en el entendido de que el parámetro constitucional en el juicio de amparo de este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por otra parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; están reguladas por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General. Por tanto, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, son actos de autoridad, debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, conviene acotar que las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa, forman parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, al realizar funciones de determinación y recaudación de las cuotas obrero-patronales, caso en el cual, actúa como autoridad, con los atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, derivado del vínculo laboral entre el trabajador y patrón o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o dinero, al asegurado o a sus beneficiarios; supuesto en el cual, actúa en un plano de igualdad con éstos, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Ello es así, toda vez que a partir de la reforma a la Ley del Seguro Social, en su artículo 5°, se otorgó el carácter de organismo fiscal autónomo al Instituto Mexicano del Seguro Social, al gozar del poder para hacer efectivas las obligaciones a través de un procedimiento administrativo de ejecución regulado por el artículo 291 de la referida legislación y de manera complementaria en el Código Fiscal de la Federación, dentro del Capítulo III de su Título V. Ahora bien, por lo que respecta a su carácter de ente asegurador, debe tomarse en cuenta que si bien la relación jurídica que existe entre dicho Instituto y los asegurados, no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, lo cierto es que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación, están previstas en el artículo constitucional 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: [...] XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. [...] XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1580 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XCIII, cuyo rubro y texto disponen lo siguiente: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal." De lo anterior se obtiene que al Instituto Mexicano del Seguro Social no le reviste el carácter de autoridad, cuando realiza actos (positivos, negativos u omisivos) que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados, y por tanto, los mismos no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que se corrobora con el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./ J. 114/2001, cuyo texto y rubro dicen: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, relacionadas con las prestaciones que prevé el propio ordenamiento podrán plantearse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando se agote previamente el recurso de inconformidad. Ante tal condición o presupuesto procesal, tomando en cuenta que las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social tienen su origen en una relación jurídica en la que tanto los asegurados y sus beneficiarios, como el mencionado instituto, acuden desprovistos de imperio, pues aquélla deriva por lo general de una relación laboral o de la celebración de un convenio, y que a través de las diversas disposiciones aplicables el legislador ha reconocido, por su origen constitucional, la naturaleza laboral del derecho de acción que tienen aquéllos para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social, esta Suprema Corte arriba a la conclusión de que la referida obligación condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia que garantiza el artículo 17 de la Constitución General de la República, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal, máxime que en el caso en estudio la instancia cuyo agotamiento se exige debe sustanciarse y resolverse por una de las partes que acudió a la relación jurídica de origen; destacando, incluso, que tratándose de controversias de las que corresponde conocer a una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la propia Constitución, no se sujetó el acceso efectivo de los gobernados a requisitos de esa naturaleza. Debe considerarse, además, que la regulación del referido recurso administrativo, prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la mencionada acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo, generando un grave menoscabo a los derechos cuya tutela jurisdiccional puede solicitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje." En razón de lo expuesto, se determina que el director, delegado, subdelegado y subdelegado de Prestaciones Económicas, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes la parte quejosa les atribuye la omisión de fijar fecha de pago y como consecuencia, la dilación en el pago de su pensión por cesantía en edad avanzada, no tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, toda vez que la actuación de las mismas obedece a sus atribuciones como órgano asegurador, y por tanto, la relación con los asegurados es de coordinación, la cual, como ya se adelantó, tiene como característica que las dependencias actúan en un plano de igualdad y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, debiendo las partes involucradas acudir ante los tribunales ordinarios, en materia laboral, para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley; lo anterior, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo y el numeral 295 de la Ley del Seguro Social. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de fijar fecha de pago y como consecuencia, la dilación en el pago de su pensión por cesantía en edad avanzada, de lo que se advierte que se ostenta titular de un derecho que genera una obligación a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, es claro que antes de acudir al juicio de amparo, deberá acudir ante la autoridad laboral a promover el juicio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.66/2016 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de dos mil dieciséis, Tomo II, visible en la página ochocientos noventa y ocho, del contenido siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Lo resaltado no es de origen. Asimismo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, visible en la página mil quinientos once, del tenor siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Así como el diverso criterio jurisprudencial 2a./ J. 9/2008, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página seiscientos cincuenta y siete, del Tomo XXVII, correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la Ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De igual manera, el criterio sostenido por esta Juzgadora Federal encuentra mayor sustento en la jurisprudencia 2a./J. 19/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2024532, de rubro y texto siguientes: "PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN Y PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO SE CONSIDERAN EXCEPCIONES PARA AGOTAR LA INSTANCIA CONCILIATORIA PREJUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 TER, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si los conflictos inherentes a diversas prestaciones de seguridad social que se demandaron en los respectivos juicios laborales, concernientes a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la devolución y pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, pueden o no considerarse como hipótesis de excepción a la instancia de conciliación prejudicial en materia laboral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los conflictos inherentes a las prestaciones de seguridad social de pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la devolución y pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, no pueden considerarse como excepciones para agotar la instancia conciliatoria prejudicial, previstas en el artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación: La conciliación como instancia prejudicial obligatoria, elevada a rango constitucional en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye uno de los ejes centrales que motivó la reforma en materia de justicia laboral, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, acorde a la realidad nacional e internacional en esa materia, con el propósito de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable. Además, atiende la intención de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad y, de esta forma dar atención a la demanda de la sociedad mexicana, consistente en acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Por tanto, analizado el proceso legislativo que dio origen al artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, si bajo la óptica del legislador federal se suprimieron el supuesto de cesantía en edad avanzada y vejez del catálogo de trato, así como las prestaciones de seguridad social relativas a la devolución y pagos acumulados correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los rendimientos del Sistema de Ahorro para el Retiro, ello conlleva entender que tal situación particular la visualizó como un aspecto conciliable entre las partes. Considerar lo contrario implicaría el riesgo de desnaturalizar la vía conciliatoria que el Poder Reformador plasmó a nivel constitucional, como una de las piezas torales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia laboral de manera expedita y gratuita." Lo subrayado no es de origen. De la última jurisprudencia citada se puede inferir que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando se reclaman cuestiones inherentes a la pensión por cesantía en edad avanzada (como ocurre en el caso que nos ocupa), se debe acudir ante los tribunales laborales para tal efecto; consecuentemente, bajo esa premisa, el juicio de amparo se torna improcedente cuando se reclama dicho tópico. En similitud de circunstancias fueron resueltos los amparos en revisión 9/2020 y 127/2020 (por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito), así como el 110/2018 y 25/2021 (por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito). Por otro lado, se advierte que en el presente asunto también se actualiza de modo manifiesto e indudable la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. El precepto legal invocado, textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o; destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.)." La causal de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo a acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Por su parte, en el presente asunto comparece la parte quejosa ostentándose beneficiaria de la pensión de cesantía en edad avanzada, a reclamar la omisión de fijar fecha de pago y como consecuencia, la dilación en el pago de su pensión, de lo que se colige que la acción de amparo ejercida es improcedente, pues la controversia existente entre la parte quejosa y el Instituto, con motivo de la trasgresión a los derechos de seguridad social referidos, deben ventilarse ante los Tribunales Federales en materia laboral. Ello es así, toda vez que de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias entre los beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las prestaciones que dicha ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral. Por su parte, el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo establece que los conflictos en materia de seguridad social deberán resolverse a través de un procedimiento especial. Como se adelantó, los actos reclamados consisten en la omisión de fijar fecha de pago y como consecuencia, la dilación en el pago de su pensión por cesantía en edad avanzada, a la que aduce la promovente del amparo, ella y sus hijos tienen derecho. Por tanto, como la solicitante del amparo no controvirtió el acto que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Máxime que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. A la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento en sentido estricto, ni tampoco es tercera extraña por equiparación, puesto que se ostenta beneficiaria de la pensión de cesantía en edad avanzada. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió combatir los actos reclamados a través del procedimiento especial previsto en la Ley Federal del Trabajo, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Además, cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia contempladas en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, aplicados en contrario sensu, así como la prevista en el artículo 61, fracción XVIII; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." VII. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que pone fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. VIII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos del numeral 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por no contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma téngasele proporcionando correo electrónico, para establecer comunicaciones no procesales. IX. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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