Alejandra de la Torre Galvan
Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Alejandra de la Torre Galvan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causo estado el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha le transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de doce de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Juan José Álvarez Rodríguez solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se trascriben: "III. Autoridades responsables. Único. Presidente del Tribunal de Justicia Municipal (sic) de Torreón (sic), (.). --- IV. Actos reclamados. Único. La suspensión de mis labores, como Juez Tercero Unitario Municipal adscrito al Tribunal de Justicia Municipal, realizada el día 13 de marzo de 2020, en forma verbal, sin recibir por parte de la autoridad responsable notificación por escrito, de acta, acuerdo, queja comunicado, circular u oficio por escrito, mediante el cual se me dé a conocer dicha medida administrativa, y sin mediar procedimiento administrativo que haya concluido con una sentencia definitiva que de motivo a esta sanción administrativa u otra". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, previo acuerdo aclaratorio, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 396/2020-V-B, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Mediante proveídos de veintiuno de octubre de dos mil veinte y uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto de actos reclamados a nuevas autoridades responsables; por lo que, se solicitaron los informes justificados relativos. De conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresó al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, éstos fueron emitidos por una autoridad con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: i. La baja, cese o remoción en el cargo como Juez Tercero Unitario Municipal, residente en esta ciudad -juez calificador-, emitida por el Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, y en vía de consecuencia, la suspensión en sus pagos quincenales, que dejó de percibir a partir de la segunda quincena del mes de marzo de dos mil veinte. ii. La omisión incurrida por el Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, de iniciar el procedimiento sancionador con motivo de la recomendación 02/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. iii. La omisión de decretar la nulidad absoluta de la recomendación 02/2020, incurrida por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo; la prescripción en la ejecución del cumplimiento, así como el prescindir hacer efectivo el apercibimiento decretado al Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad. iv. La omisión incurrida por la Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en cuanto a llevar a cabo en tiempo y forma el procedimiento previsto en los artículos 130 y 134 de la Ley Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, Presidente y Visitadora General, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues al rendir sus informes justificados, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituyen confesiones expresas con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por las propias autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por otro lado, es cierto el diverso acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, sin que obste para ello que al rendir su informe justificado, niegue la existencia del diverso acto reclamado, toda vez que esa negativa se encuentra desvirtuada con las constancias que anexó la citada autoridad responsable; por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado, ya que quedó desvirtuada su negativa. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso numeral 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo. Esos dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Por acto de autoridad se entiende aquel acto unilateral a través del cual un órgano del Estado, en un plano de supra a subordinación y en ejercicio de una facultad decisoria, con fundamento en una norma legal crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para clarificar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, a través de la cual éstos actúan en un mismo plano; así, para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente, porque esas partes se encuentran en el mismo nivel; es decir, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En primer lugar, se estima que respecto de los actos reclamados que tienen injerencia con la recomendación 02/2020, emitida por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, de acuerdo con la ley que la regula es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones; éstas no pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad. Es así, pues las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, sólo tienen por objeto instar a las autoridades competentes para que practiquen la investigación correspondiente sobre la responsabilidad en que pudieron incurrir uno o varios de sus subordinados en el ejercicio de sus funciones; ya que, incluso, las consideraciones contenidas en tal documento, nada prueban por sí mismas en algún procedimiento de índole jurisdiccional. Por tanto, los actos derivados en cuanto a la emisión de la resolución final que dicte la citada comisión en las quejas y denuncias correspondientes, así como las omisiones en su respectivo cumplimiento, no tienen el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que ese tipo de determinaciones carecen de los atributos esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza. Apoya lo expuesto, la tesis VI.3o.16 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, abril de 1999, página 507, que señala lo siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley que la regula es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones; éstas no pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad en los términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ...". Por tanto la resolución final que dicte la citada comisión en las quejas y denuncias correspondientes no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la rige carece de los atributos esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza; puesto que además de que dichas recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza no anulan o modifican los actos contra los que se haya formulado la queja o denuncia; pues las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les recomienda; careciendo por tanto la recomendación de fuerza compulsora". Además, esas recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza, no anulan o modifican los actos contra los que se hubiere formulado la queja o denuncia, pues las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les recomienda; por tanto, carece la recomendación de fuerza compulsora. Sirve de apoyo, la tesis II.2o.P.76 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, página 1120, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1o., AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR ALGUNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONAL O INTERNACIONAL. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Ley Fundamental y de las derivadas de esas disposiciones fundamentadoras. Así, las autoridades como tales están obligadas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar su obligación de hacer aquello que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley le prohíbe. El potencial incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que repercute en la esfera jurídica de los particulares, es lo que da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que les permite, en términos del marco constitucional de la nación, acudir al juicio de amparo, instrumento de control constitucional que garantiza el respeto, tutela o reparación, según el caso, de los derechos fundamentales reconocidos y jurídicamente provistos de esa garantía de protección; de tal manera que de no existir un supuesto de obligación para una determinada autoridad, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una transgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos el actuar, por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del agente o ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo, tal es el caso de los actos de índole personal o del estricto ámbito ético y moral que no quedaron comprendidos por la normatividad aplicable. En consecuencia, es de concluirse que si las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos (que tampoco constituyen actos de autoridad para efectos del amparo), no tienen el carácter de vinculantes, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, ni un procedimiento constitucionalmente creado hasta el momento para lograr asignarles ese carácter, es evidente entonces que el comportamiento indiferente o de omisión respecto de acatar o no el contenido de las sugerencias (no órdenes) contenidas en la recomendación de que se trate, no representa el incumplimiento a un deber por parte del órgano estatal o Estado mismo al que se dirija, como acto de autoridad para los efectos del amparo, de acuerdo con la normatividad constitucional y legal existente en este país, hasta este momento; de manera que la pretensión de reclamar mediante el juicio de garantías, por sí mismo y genéricamente, un posible "incumplimiento" al contenido de una recomendación de alguna comisión de derechos humanos, sea nacional o internacional, produce la actualización de la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o., ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, respecto de los actos reclamados que tienen injerencia con la recomendación 02/2020, emitida por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la tesis III.1o.P.242 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XIII, junio de 1994, página 645, que señala lo siguiente: "RECOMENDACIÓN DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. VALOR PROBATORIO DE LA. La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo tiene por objeto instar a las autoridades competentes para que practiquen la investigación correspondiente sobre la responsabilidad en que pudieron incurrir uno o varios de sus subordinados en el ejercicio de sus funciones; en el caso particular, la arbitraria actuación de miembros del Ejército al detener a los coacusados. Sin embargo, las consideraciones contenidas en dicho documento, nada prueban por sí mismas en el proceso". Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado por el quejoso, consistente en la baja, cese o remoción en el cargo que fungía como Juez Tercero Unitario Municipal, residente en esta ciudad, emitida por el Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, se determina que no son actos que deriven de una relación de supra subordinación. Efectivamente, de los antecedentes expuestos en la demanda de amparo, se pone de relieve que el quejoso Juan José Álvarez Rodríguez ostentó el cargo de juez calificador adscrito al Tribunal de Justicia Municipal Administrativa de Torreón, Coahuila de Zaragoza, lo cual se corrobora con lo expuesto por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, al rendir sus correspondientes informes justificados. También se advierte que el quejoso señaló que el trece de marzo de dos mil veinte, tuvo conocimiento de manera verbal por parte del Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, de su baja, cese o remoción como juez calificador, sin que se le mencionara la causa y la facultad con la que se emitió la misma. De lo antepuesto, se colige, sin lugar a dudas, que el acto reclamado se dio en un plano de coordinación, ya que éste derivó de la relación de trabajo existente entre el quejoso Juan José Álvarez Rodríguez como juez calificador y el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Lo anterior es así, ya que el vínculo jurídico que rige la relación de trabajo entre el juez calificador y el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se contempla en los artículos 104, inciso B, fracción III, 256, 258, 259, 263 y 301 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consiguiente, al reclamarse el cese que originó la rescisión laboral regida por las disposiciones invocadas; entonces, es claro que el acto reclamado no corresponde a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo. Tales disposiciones normativas disponen lo siguiente: "Artículo 104. El presidente municipal, será el órgano ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento y tendrá las siguientes competencias, facultades y obligaciones: (.) B). Administración Pública Municipal: III. Nombrar y remover del cargo, a los servidores públicos municipales no previstos en la fracción anterior, así como conceder o negar licencias. Estas facultades las podrá delegar a los titulares de las dependencias o entidades". "Artículo 256. Las disposiciones de este título son de orden público y de observancia general para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, sus dependencias centralizadas, organismos descentralizados y entidades de la administración paramunicipal; a quienes en lo sucesivo, sólo para efectos de esta materia, se denominarán Entidades Públicas Municipales. Rige las relaciones jurídicas laborales entre las entidades públicas municipales y sus trabajadores". "Artículo 257. Trabajador es toda persona física que presta un servicio físico e intelectual a las entidades públicas municipales, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en la nómina de pago de sueldos". "ARTÍCULO 258. Para los efectos de este título los trabajadores al servicio de las entidades públicas municipales se dividen en: I. Trabajadores de base. II. Trabajadores de confianza. III. Trabajadores temporales". "Artículo 259. Son trabajadores de confianza de las entidades públicas municipales, todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter". "Artículo 263. Los trabajadores, prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo, o por estar sus sueldos incluidos en las nóminas de pago". "Artículo 301. Los efectos del nombramiento de los trabajadores de confianza se darán por terminados sin responsabilidad para los titulares de las entidades públicas municipales, en cualesquier tiempo y por acuerdo del funcionario autorizado por este código para hacerlo". De los preceptos transcritos se obtienen las categorías consideradas como de confianza en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, entre las que se encuentran todos aquéllos trabajadores del Municipio que ejerzan funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas. También se advierte que para cesar o despedir a un trabajador sólo se ponen condiciones tratándose de trabajadores de base, no así respecto de los de confianza, respecto de los cuales ni siquiera se atribuye responsabilidad para los titulares de las entidades públicas municipales. Ciertamente, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, coloca al ayuntamiento en una posición jurídica equiparable a la de un patrón, lo que demuestra que en dicha relación el ayuntamiento no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino en su calidad de patrón. Por tanto, en el caso, el amparo indirecto promovido por el quejoso es improcedente, pues la baja, cese o remoción que se le impuso como juez calificador, se emitió por una autoridad municipal en su calidad de patrón, al no actuar como órgano soberano, dada la relación laboral que les une, lo que no constituye un acto de autoridad, sino un hecho propio del nexo de trabajo existente, lo que hace improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, ya que dicho acto no es proveniente de un acto de autoridad en sentido material, aunque formalmente sí lo hubiere emitido un servidor público con facultades públicas. Norma este criterio, la jurisprudencia P./J. 10/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, página 92, que dispone lo siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución". Además, debe señalarse que en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, en el cual se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y los Estados, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular, destacan las disposiciones contenidas en la fracción XII de dicho apartado B, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Esa disposición coloca al Municipio en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinada causa de baja, los servidores cesados tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Municipio no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino en su carácter de patrón. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, julio de 2010, página 314, que señala lo siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 9/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, página 91, que dispone lo siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado en vía de consecuencia, consistente en la suspensión en sus pagos quincenales que dejó de percibir, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de 1988, página 690, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
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Juicio de Amparo 608/2019-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 184 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en el recibo de siete de mayo de dos mil diecinueve, expedidos por el Administrador Fiscal General a nombre de la quejosa con número de referencia 761186487. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades pagadas en el mencionado recibo. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo 36/2020, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenido en el recibo con número de transacción 761186487, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 21230, por la cantidad de $15,291.00 (quince mil doscientos noventa y un pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de ocho de noviembre del dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en el recibo con número de transacción 761186487, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. En otro entorno, notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con el promovente, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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