Alejandra Dávila Galván
Expediente 1051/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandra Dávila Galván
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Del estado de autos se advierte que la quejosa no cumplió con el requerimiento formulado mediante acuerdo de veinticinco de septiembre pasado; por ende, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído antes citado y, se tiene por no presentada la demanda de amparo y se dejan sin efecto las providencias dictadas. Háganse las capturas pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Juez Cívico de la Policía Municipal, Delegación Poniente, en esta ciudad; y téngasele rindiendo informe en relación con el cumplimiento de la suspensión de plano concedida a la quejosa. Se tienen como delegados de la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, a los profesionistas que menciona en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que ahí precisa. Se tiene por desahogada la documental que exhibe; y se ordena dar cuenta con la misma en la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 1051/2023-IV y háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1, fracción I, 2, 3 párrafo segundo, 6 párrafo segundo, 15, 17 fracción IV, 20, 109, 117 y 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, en atención al escrito de demanda de amparo que presenta Alejandro Morales Lara, en favor de Alejandra Dávila Galván; contra actos de la autoridad responsable siguiente: Juez Cívico en turno de la Delegación Poniente de la Policía Municipal. Con sede en León, Guanajuato. SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en el artículo 15, párrafo segundo y 126 de la Ley de Amparo, SE ORDENA DE INMEDIATO LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que cese todo acto de incomunicación, así como cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecte la integridad personal de la parte quejosa del que pudiera ser objeto, para lo cual, la responsable deberá obedecer esta orden, bajo su más estricta responsabilidad. De igual manera, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, respecto de la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que si la parte quejosa se encuentra a disposición de una autoridad distinta del Ministerio Público (Juez Cívico), ésta deberá poner a aquélla de inmediato a disposición del representante social o dejarla en libertad; y en caso de que se encuentre a disposición del Ministerio Público, éste deberá permitirle entrevistarse con su defensor y en un plazo de cuarenta y ocho horas, que podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, consignarlo a la autoridad judicial o ponerla en libertad. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, rinda su informe sobre la suspensión de plano; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una medida de apremio conforme al artículo 260 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. SUPUESTO DE LA SUSPENSIÓN PARA EL CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ CÍVICO RESPONSABLE, CON MOTIVO DEL ARRESTO IMPUESTO POR CONDUCIR VEHÍCULO DE MOTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD O INTOXICACIÓN. En caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Juez Cívico responsable, con motivo de conducir un vehículo en estado de ebriedad o intoxicación, deberá ser dejada en libertad, única y exclusivamente si el estado de ebriedad o intoxicación ha cesado; el cual deberá ser corroborado con la opinión médica que se recabe. De lo contrario, es decir, si al momento en que la responsable reciba el oficio que comunique la suspensión, la parte quejosa continúa en estado de ebriedad o intoxicación, la autoridad deberá proceder a dejarla en libertad con motivo de la suspensión decretada, cuando se actualice alguna de las siguientes hipótesis: Cuando el estado de ebriedad o intoxicación cese; Cuando se cumpla el tiempo del arresto que le fue impuesto, o bien; En caso de que, a criterio de la propia autoridad administrativa, se cumplan los requisitos de conmutación del arresto, si es que ello fuera procedente. Cabe destacar que, si la suspensión se concediera para que la parte quejosa fuera puesta en libertad, sin condición alguna (incluso en caso de que persistiera el estado de ebriedad o intoxicación), se contravendrían los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que establecen que la suspensión debe ser concedida siempre y cuando con sus efectos no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; pues en ese escenario, la parte quejosa quedaría en libertad teniendo la posibilidad de conducir nuevamente un vehículo de motor en estado de ebriedad, con las graves consecuencias que ello pudiera acarrear para su propia seguridad y la de la sociedad en general. Por ende, esta forma de conceder la suspensión solicitada, armoniza la protección de los bienes jurídicos tutelados en favor de la parte quejosa, con el interés social que no debe ser afectado con el otorgamiento de la suspensión, según lo dispone el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la sociedad está interesada en que se apliquen medidas de prevención y combate al abuso del alcohol para evitar la proliferación de accidentes y muertes por ese motivo, debiendo por tanto, privilegiarse el interés colectivo. Sin que pase inadvertido que los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, regulan los requisitos para que sea decretada la suspensión a petición de parte (y no la suspensión de plano que aquí se solicita); sin embargo, la hipótesis de imposición de un arresto que en este apartado se desarrolla, implica la existencia de un procedimiento administrativo del que la propia parte quejosa debe formar parte, lo cual significa que de estar en ese supuesto, no se colmarían los requisitos previstos para el otorgamiento de la suspensión de plano, que procede entre otros casos, cuando se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, según el artículo 126 de la norma en comento. De ahí que resulte procedente, de conformidad con los artículos 128, 129 y 147 de la Ley de Amparo, condicionar la libertad de la parte quejosa a que haya cesado su estado de ebriedad o intoxicación, en caso de que se encuentre a disposición del juez cívico responsable con motivo del arresto impuesto por conducir vehículos de motor precisamente en ese estado; pues de esa manera se asegura que la medida cautelar no tendrá efectos que impliquen perjuicio al interés social o que contravengan disposiciones de orden público. Hágase saber al juez cívico requerido que la liberación de la parte quejosa por considerar que ha cesado su estado de ebriedad o intoxicación, deberá ser soportada con el examen médico respectivo que justifique dicha circunstancia, pues en caso contrario, la puesta en libertad del probable infractor y sus consecuencias, quedará dentro del ámbito de la exclusiva responsabilidad de la citada autoridad administrativa. En la inteligencia de que si la parte quejosa, por así convenir a sus intereses, manifiesta su deseo de cumplir con las horas de arresto que le fueron impuestas, el otorgamiento de la presente suspensión no será impedimento para que ello le sea permitido; en ese caso, la autoridad responsable deberá recabar constancia por escrito en la que se asiente la manifestación de voluntad de la persona arrestada para permanecer detenida hasta agotar el tiempo de la sanción impuesta. SE ORDENA LA RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Se ordena al actuario adscrito a este juzgado que se constituya en el Edificio de la Central de Policía (CEPOL) mencionado, en donde el promovente afirmó que se encuentra detenida, haga del conocimiento de la parte quejosa la radicación del presente juicio, y la requiera para que en un plazo de TRES DÍAS siguientes al en que quede legalmente notificada, se presente ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificada y en días y horas hábiles, a efecto de manifestar si es su deseo ratificar el contenido de la demanda de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada, por lo que quedarán sin efecto las providencias dictadas conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 26 fracción IV, se tiene a la parte quejosa señalando como dirección para oír y recibir notificaciones la cuenta electrónica correspondiente al usuario AlejandroMoralesLara, a quien desde este momento se autoriza para que consulte el expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción practiquen cualquier diligencia de carácter personal. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Morales Lara, quien cuenta con la cédula profesional 10041352, la cual se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Por otro lado, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese y cúmplase.
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