Alejandra Corona Albino

Expediente 2579/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2579/2014
Año
2014
Actuaciones
13
Última actuación
09/06/2015

Partes del expediente

  • Alejandra Corona Albino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil quince. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2579/2014, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del dieciocho de mayo de dos mil quince, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto reclamado que se transcribe a continuación: ".IV, LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME, a) De la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo protesta de decir verdad de la Autoridad Responsable la DENEGACION DE JUSTICIA, consistente en la señalar fecha remota para el desahogo de las pruebas ofertadas, así como no respetar los LOS TERMINOS y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, asimismo por la falta de NOTIFICACION A LOS DEMANDADOS el acuerdo de pruebas respectivo por parte del actuario." Así, conforme al estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclamó las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 01/782/11, así como de notificar a la parte demandada de las mismas. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que en el expediente laboral 01/782/11, el dieciséis de julio de dos mil catorce, dictó el acuerdo por el cual proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes, del que se aprecia que las fechas para su desahogo datan de tres, cuatro de septiembre y veintiséis de agosto, todas de dos mil catorce; asimismo, remitió la constancia de notificación realizada a la parte demandada de cinco de noviembre de dos mil catorce; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En ese sentido, respecto al acto que se hace consistir en el acuerdo por el cual la Junta responsable señaló fecha lejana para el desahogo de las pruebas ofrecidas pos las partes, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 77 fracción II del propio ordenamiento. El primero de los dispositivos legales contempla que, con relación a los hechos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia que se contenga en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo prevé que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de ahí que, para la procedencia del mismo es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno del mas alto Tribunal del país, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época cuyo rubro es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." De ahí que si la quejosa consideró inconstitucional el actuar de la responsable ya que la Junta Especial, dentro del juicio laboral 01/782/11 emitió el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil catorce, por el que señaló tres, cuatro de septiembre y veintiséis de agosto, todas de dos mil catorce, que a su juicio fueron señaladas lejanas; en estas condiciones, se pone de manifiesto que ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, puesto que no sería posible restituir a la quejosa en el goce de la garantía individual que eventualmente hubiera transgredido la autoridad responsable con el hecho de señalar fechas lejanas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y, en caso de que se concediera el amparo, no podría cumplirse con la ejecutoria a fin de que se señalara fecha más cercanas, lo que en la especie se advierte que ya acontecieron. Es aplicable al criterio precedente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración, visible en la página noventa y nueve, Segunda Parte, Segunda Sala, del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y uno, cuyo tenor es del siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE, POR IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA.". De igual forma, con relación al acto consistente en notificar a la parte demandada las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas, se aprecia que el cinco de noviembre de dos mil catorce, la Junta responsable, notificó por medio de instructivo a dicha parte, el acuerdo por el cual proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes y en el cual señaló las fechas para su desahogo, ello dentro del juicio laboral 01/782/11. De lo anterior se advierte que la responsable, el cinco de noviembre de dos mil catorce al haber notificado a la parte demanda el acuerdo por el cual proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes y en el cual se señaló las fechas para su desahogo, hizo cesar las violaciones reclamadas, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa: ALEJANDRA CORONA ALBINO, el auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto reclamado que se transcribe a continuación: ".IV, LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME, a) De la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo protesta de decir verdad de la Autoridad Responsable la DENEGACION DE JUSTICIA, consistente en la señalar fecha remota para el desahogo de las pruebas ofertadas, así como no respetar los LOS TERMINOS y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, asimismo por la falta de NOTIFICACION A LOS DEMANDADOS el acuerdo de pruebas respectivo por parte del actuario." Así, conforme al estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclamó las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 01/782/11, así como de notificar a la parte demandada de las mismas. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que en el expediente laboral 01/782/11, el dieciséis de julio de dos mil catorce, dictó el acuerdo por el cual proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes, del que se aprecia que las fechas para su desahogo datan de tres, cuatro de septiembre y veintiséis de agosto, todas de dos mil catorce; asimismo, remitió la constancia de notificación realizada a la parte demandada de cinco de noviembre de dos mil catorce; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En ese sentido, respecto al acto que se hace consistir en el acuerdo por el cual la Junta responsable señaló fecha lejana para el desahogo de las pruebas ofrecidas pos las partes, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 77 fracción II del propio ordenamiento. El primero de los dispositivos legales contempla que, con relación a los hechos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia que se contenga en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo prevé que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de ahí que, para la procedencia del mismo es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno del mas alto Tribunal del país, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época cuyo rubro es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." De ahí que si la quejosa consideró inconstitucional el actuar de la responsable ya que la Junta Especial, dentro del juicio laboral 01/782/11 emitió el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil catorce, por el que señaló tres, cuatro de septiembre y veintiséis de agosto, todas de dos mil catorce, que a su juicio fueron señaladas lejanas; en estas condiciones, se pone de manifiesto que ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, puesto que no sería posible restituir a la quejosa en el goce de la garantía individual que eventualmente hubiera transgredido la autoridad responsable con el hecho de señalar fechas lejanas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y, en caso de que se concediera el amparo, no podría cumplirse con la ejecutoria a fin de que se señalara fecha más cercanas, lo que en la especie se advierte que ya acontecieron. Es aplicable al criterio precedente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración, visible en la página noventa y nueve, Segunda Parte, Segunda Sala, del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y uno, cuyo tenor es del siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE, POR IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA.". De igual forma, con relación al acto consistente en notificar a la parte demandada las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas, se aprecia que el cinco de noviembre de dos mil catorce, la Junta responsable, notificó por medio de instructivo a dicha parte, el acuerdo por el cual proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes y en el cual señaló las fechas para su desahogo, ello dentro del juicio laboral 01/782/11. De lo anterior se advierte que la responsable, el cinco de noviembre de dos mil catorce al haber notificado a la parte demanda el acuerdo por el cual proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes y en el cual se señaló las fechas para su desahogo, hizo cesar las violaciones reclamadas, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informa que ordenó diligenciar en los términos señalados el exhorto 92/2015-V, el cual fue girado para emplazar al tercero interesado Joaquín Díaz Rosales en el domicilio señalado. Para dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el diecisiete de abril de dos mil quince, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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