Alejandra Chavez de la Luz
Expediente 350/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandra Chavez de la Luz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
? Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la sentencia resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento; por tanto, dicha resolución no les irroga prejuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno y sistema correspondientes. ? Valoración y archivo del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a los artículos 21, incisos a) y c) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se negó a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 350/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito y anexos presentados el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas 3 a 22), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "[.] Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS se reclama la expedición y firma del 'DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación', publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero de 2020. De la COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR se reclama la OMISIÓN de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior, así como los vicios formales de su intervención previa a la emisión del DECRETO impugnado. Del SECRETARIO DE HACIENDA Y DE CRÉDITO PÚBLICO se reclama el REFRENDO del 'DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación', publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero de 2020. Del SECRETARIO DE ECONOMÍA se reclama el REFRENDO del 'DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación', publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero de 2020. Del SECRETARIO DE SALUD se reclama la OMISIÓN DE DAR REFRENDO del 'DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación', publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero de 2020". Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; igualmente expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda bajo el número 350/2020-I, y la desechó al considerar que la quejosa carecía de interés legítimo (fojas 23 a 33). Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto siguiente, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja, en contra del proveído anterior, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la radicó con el número **** y dictó sentencia el nueve de abril de dos mil veintiuno, estableciendo en sus puntos resolutivos lo siguiente: "PRIMERO.- Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo pronunciado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Celaya, que desechó la demanda del juicio de amparo número 350/2020-I, promovido por la ahora recurrente en contra de los actos y autoridades señalados en el resultado primero de esta resolución, en los términos precisados en la parte final del considerando cuarto de la misma. Notifíquese." Así, por auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno (fojas 79 a 82), este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento ministerial; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama un acto de carácter administrativo, cuya ejecución puede darse en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados los siguientes: La expedición, firma y refrendo del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mi veinte. Actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a las siguientes autoridades: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Economía. La omisión de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior, así como los vicios formales de su intervención previa a la emisión del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mi veinte. Actos reclamados, a la siguiente autoridad: Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La omisión de dar refrendo del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mi veinte. Acto reclamado a la siguiente autoridad: Secretario de Salud. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Salud, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar refrendo del Decreto reclamado. Lo anterior, al precisar que de acuerdo a lo establecido por los artículos 90 primer párrafo y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente lo signa el Secretario al que le corresponda el despacho de la materia sobre lo que versa el reglamento, decreto, acuerdo u orden del Presidente Constitucional, ya que el refrendo implica la necesidad de que, quien refrende, tenga pleno conocimiento de la materia inherente al acto refrendado, precisamente porque quien lo hace, puede y debe advertir al Presidente de las implicaciones de determinada legislación, para que, en su caso, éste ejerza oportunamente su derecho de veto para realizar libremente las observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, lo que exige que, en lo posible, prevalezca el principio de especialidad, en cuanto al Secretario del ramo responsable del respectivo refrendo. Asimismo, precisó que la materia del Decreto que se reclama corresponde enteramente a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, respecto a fracciones arancelarias que se prohíben, por lo que en ningún punto se ventila algún tema relacionado con el área de Salud o Ley General de Salud, materia que corresponde exclusivamente a la Secretaría de Salud y su Titular; sin embargo, acotó que si bien no está refrendado por el Secretario de Salud, por no corresponderle, lo cierto es que fue refrendado por la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, el Director General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, quien preside la Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, por conducto de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que la parte quejosa le atribuyó consistente en la omisión de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior, así como los vicios formales de su intervención previo a la emisión del Decreto impugnado. Así, un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades que ineludiblemente aquélla está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine; o bien, en forma aislada y espontánea. En esas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva debe acudirse a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad la autoridad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque, de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Sustenta estas consideraciones, la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 196080, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, (Junio de 1998), visible en la página 53, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama de la Comisión de Comercio Exterior, la omisión de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior, respecto de la expedición del Decreto impugnado; por ende, a fin de determinar si existe la obligación por parte de la citada autoridad responsable de satisfacer la omisión que se le reclama, es necesario señalar que los artículos 4 y 6 de la Ley de Comercio Exterior, en la parte que interesa, respectivamente disponen lo siguiente: "Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: [.] II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.]" "Artículo 6o.- La Comisión de Comercio Exterior será órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con las materias a que se refieren las fracciones I a V del artículo 4o. de esta Ley. Esta Comisión estará encargada de emitir opinión en los asuntos de comercio exterior de conformidad a lo establecido en la presente Ley." De los preceptos legales transcritos se desprende que entre las facultades con que cuenta el Ejecutivo Federal se encuentra la relativa a regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la Comisión de Comercio Exterior es el órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los asuntos ahí previstos, de conformidad con el propio ordenamiento. Ahora, del contenido del Decreto impugnado, particularmente de su parte considerativa, se advierte que las medidas arancelarias a que se refiere dicho ordenamiento, cuentan con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior; en ese sentido, se advierte que para su expedición, el Ejecutivo Federal consultó al referido órgano y tomó en consideración su opinión; en ese sentido, no es posible considerar que dicha autoridad haya sido omisa en ese aspecto, por ende, no es cierto el acto reclamado que se atribuye a la referida comisión. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la opinión de la Comisión de Comercio Exterior no se encuentra descrita o desarrollada en el referido ordenamiento; no obstante ello, se estima innecesario tal proceder en virtud de que, en todo caso, tratándose de las facultades extraordinarias que otorga el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Presidente de la República, para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, crear o derogar otras, restringir o prohibir las importaciones; la opinión que aquella emita no es obligatoria ni vincula al Titular del Ejecutivo Federal, pues la razón fundamental de tal atribución es la urgencia en el ejercicio de dicha potestad, lo que lo exime de seguir un proceso para crear una disposición que constitucionalmente tiene el mismo rango que una ley emanada del Congreso de la Unión, e impide condicionar esas facultades a procedimientos o requisitos de valoración, como pudiera ser sujetarlo a la opinión que emita dicha comisión. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis II.8o.(I Región) 4 A (10a.), Décima Época, emitida por el Octavo Tribunal Colegido de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con número de registro 2001254, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, (agosto de 2012), tomo 2, visible en la página: 1665, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. LAS OPINIONES QUE EMITE NO OBLIGAN NI VINCULAN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CUANDO EJERCE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Conforme al artículo 6o. de la Ley de Comercio Exterior, la Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía será órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en relación con las materias a que se refieren las fracciones I a V del artículo 4o. de dicha ley, y estará encargada de emitir opinión en los asuntos de comercio exterior de conformidad con lo establecido en el propio ordenamiento. Asimismo, el artículo 9o., fracción I, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior dispone que para los efectos del referido artículo 6o., la citada comisión tendrá a su cargo emitir opinión sobre la conveniencia de adoptar medidas como el establecimiento, aumento, disminución o eliminación de aranceles o preferencias arancelarias a la exportación o importación de mercancías, previamente a su expedición y durante su vigencia. Sin embargo, la opinión que aquélla emita no es obligatoria ni vincula al Presidente de la República, cuando en uso de las facultades extraordinarias para legislar que le otorga el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aumenta, disminuye o suprime las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, crea o deroga otras, restringe o prohíbe las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Lo anterior es así, porque si se atiende a que la razón fundamental de tal atribución es la urgencia en el ejercicio de la potestad legislativa, ello exime al titular del Ejecutivo Federal de seguir un proceso para crear una disposición que constitucionalmente tiene el mismo rango que una ley emanada del Congreso de la Unión, e impide condicionar esas facultades a procedimientos o requisitos de valoración." Sin que la parte quejosa haya aportado elemento probatorio alguno con el que desvirtuaran la negativa que hicieron las responsables de mérito, y así estar en posibilidad de acreditar lo contrario, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes rendidos por éstas, por lo que recayó en ella la carga de la prueba, para acreditar de manera alguna la existencia de dichos actos. En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades en mención. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, materia común, correspondiente a la Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Economía, pues la certeza de los anteriores actos deriva además porque esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, en razón de tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en virtud de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII (Agosto de 2000), visible en la página 260, con número de registro 191452, que indica: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualiza una causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, por lo que respecta a la intervención del Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Economía, esto es, el refrendo del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." En efecto, acorde a la disposición en cita, el juicio de amparo será improcedente cuando en el ejercicio de la acción constitucional resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; por tanto, el quejoso podrá señalar como responsables a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o en la publicación de la ley impugnada, únicamente, cuando sus actos se combatan por vicios propios, lo que en la especie no aconteció. Ciertamente, de la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa no expresó razonamiento alguno a partir del cual pueda estimarse que se hicieron valer conceptos de violación contra los citados actos. En consecuencia, al subsistir la causa de improcedencia anunciada, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos anunciados. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación, Décima Época p. 2248, l. 23, octubre de 2015, t. III, r. 2010097, del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Por otro lado, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto del acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza la prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene interés jurídico o legítimo para promover el sumario constitucional en que se actúa. Para demostrar lo que se propone, en primer lugar, se estima oportuno reiterar que la parte quejosa reclama Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Al respecto, se impone señalar que el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución, prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; [.]" "Artículo 107. "[.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la propia legislación de la materia. Ahora, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el relativo al interés legítimo y no el de interés jurídico, toda vez que el perjuicio que alega la promovente lo hace depender de la especial situación frente al ordenamiento jurídico que refiere tener, con respecto a la norma general combatida. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, tomo 2, página 1736, marzo de dos mil trece, materia común, Décima Época, con número de registro 2003067, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Por otra parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 690, tomo II del libro 33, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en agosto de 2016, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2012364, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como normas autoaplicativas, tratándose de interés legítimo, como aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2006964, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, (Julio de 2014), tomo I, visible en la página 149, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." Del criterio citado, se advierte que en los casos en que los promoventes aduzcan un interés legítimo para combatir una norma de carácter autoaplicativo, no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante. b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para analizar si los quejosos cuentan con interés legítimo para impugnar una norma autoaplicativa, debe responderse a la siguiente pregunta: "¿La puesta en operación de la norma impugnada genera a la quejosa una afectación jurídicamente relevante?". Tiene sustento lo anterior en la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2009198, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, (Mayo de 2015), Tomo I, visible en la página 445, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." Al efecto, conviene precisar que el Decreto impugnado señala lo siguiente: "Artículo Primero.- Se crean las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, que a continuación se indican: Artículo Segundo.- Se adiciona la Nota Explicativa de Aplicación Nacional al Capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, para quedar como sigue: "Capítulo 85 Notas. ... Notas Explicativas de Aplicación Nacional: ... La fracción arancelaria 8543.70.18 comprende dispositivos constituidos por al menos una fuente de alimentación o batería (integrada o no); una unidad de calentamiento; una boquilla y una cámara de vaporización, contenedor o receptáculo, entre otros elementos que, mediante el calentamiento de diversas sustancias o materias, líquidas/sólidas (por ejemplo: mezcla de propilenglicol, glicerina y aromatizante o, en su caso, nicotina, tabaco y sus sucedáneos), por descomposición térmica generan vapor, aerosol, etc., los cuales son inhalados vía oral. Entre los citados dispositivos, generalmente, se pueden encontrar los siguientes: a) Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN): Son dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras sustancias. b) Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son dispositivos con función similar a los dispositivos SEAN, sin embargo, los vapores o aerosoles generados no contienen nicotina. c) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN): Son dispositivos que mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con tabaco (laminado, granulado, picado y otras presentaciones) generan un vapor o aerosol que contiene nicotina." Como se ve, el citado precepto prohíbe importar I) sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN); II) sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN); III) sistemas similares sin nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares; o IV) los aditamentos de éstos, tales como las soluciones o mezclas que utilizan tales sistemas o máquinas y/o aparatos eléctricos con función propia, no expresada ni comprendida en otra parte del capítulo 85 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación de las utilizadas en los sistemas de administración de nicotina o similares a los que alude el código arancelario 8543.70.18 En otras palabras, la norma impugnada prohíbe la importación y exportación de cigarros electrónicos, vapeadores, y diversos sistemas de administración de nicotina y sus respectivos aditamentos, teniendo consecuencias tanto en los comerciantes como en los consumidores de esos productos. En el caso particular, la quejosa alega que conforme a la prohibición contenida en el Decreto impugnado se vulneran los artículos 1°, 4° y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, pues le impide gozar de su libre desarrollo a la personalidad, sin que exista una justificación necesaria, idónea y proporcional sustentada en evidencia científica que permita restringir el disfrute de ese derecho. Sin embargo, incumplió con la carga probatoria que le corresponde de allegar al juicio los elementos necesarios a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el suscrito estuviera en posibilidad de verificar que en efecto le asiste el interés legítimo que aduce para controvertir el referido acto de carácter general. Esta falta de pruebas lleva a concluir que lo que asiste a la parte quejosa es un interés simple, esto es, aquel con que cuenta cualquier individuo por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, el cual resulta insuficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. En efecto, tratándose de la defensa de los derechos que alega la parte quejosa, era necesario que demostrara tener una especial situación frente al orden jurídico; sin embargo, no ofreció ningún medio de convicción con el que demuestre ser usuario de los dispositivos vaporizadores a que hace referencia el decreto impugnado o consumidor de los productos relacionados con ellos, pues únicamente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo se limitó a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que es una persona física que padece dependencia al cigarrillo y sus nocivos efectos para la salud, y asevera que encontró como alternativa a su consumo el uso de vaporizadores. Agregó que optó por el "vapeo" de forma libre e informada y sostuvo haber obtenido notables mejorías en su salud y condición física en el corto, mediano y largo plazo. Resaltó que, debido a la prohibición establecida por el gobierno federal en el decreto combatido, ha tenido dificultad para encontrar y adquirir de diversos vendedores los productos que le permitan seguir "vapeando". En tales condiciones, la quejosa aduce ser una consumidora/usuaria, que sostiene la afectación que le causa el decreto reclamado sobre la base de que ha tenido complicaciones para continuar consumiendo vaporizadores a consecuencia de la emisión del decreto impugnado. No obstante, y contrario a lo aseverado por la quejosa, el referido decreto no contiene una prohibición para el uso de dichos dispositivos electrónicos, lo que en el caso evidenciaría una posible afectación a los derechos fundamentales de dignidad humana y a la libre determinación de la salud y la persona; sino que establece una prohibición a su legal importación al territorio nacional. En efecto, en todo caso, para acreditar que la norma general que reclama, efectivamente, irrumpe en su esfera de derechos, de tal forma que le produzca una afectación en mayor grado que a otros individuos por una especial posición frente al orden jurídico, es necesario que la norma establezca alguna obligación a un tercero que le impacte colateralmente; es decir, que se estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecten, y que del contenido de la norma le genera una afectación inmediata. En ese sentido, resulta incorrecto considerar que la operación de la norma impugnada le causa una afectación jurídicamente relevante, esto es, que derivado de ella no pueda conseguir los productos que refiere y menos aún que le impida su uso, puesto que si bien se prohíbe su importación, esa circunstancia no obstaculiza su comercialización o consumo en territorio nacional. Por lo anterior, queda evidenciado que la quejosa no se encuentra situada en una especial posición frente al marco legal a diferencia de otro individuo y que al impugnar la norma general, le pueda generar un beneficio en su esfera de derechos. En tal virtud, toda vez que el ordenamiento combatido, no trastoca el interés legítimo del justiciable, ya que si bien tal norma existe para efectos del presente juicio de amparo, lo cierto es que no acredita ubicarse en esa especial posición frente al marco normativo de modo que se le afecte un derecho, y que de lograr su invalidación le revele un beneficio. Al no acreditar ese extremo de su reclamo, este órgano jurisdiccional considera con lo único que cuenta es con un interés simple, asemejado al de cualquier gobernado, sin demostrar el beneficio que la invalidación revelaría en su esfera de derecho. Por tanto, la promovente del juicio no acreditó su especial posición frente a la norma y el acto de autoridad actual y real, a fin de establecer ese interés cualificado y hacer patente que defiende un interés legítimo. Es decir, pretende realizar un control de legalidad generalizado o abstracto respecto de la actuación de la autoridad en materia de comercio exterior; sin embargo, no demuestra cómo el acto reclamado o sus consecuencias afectan real, indirectamente su especial situación frente al orden jurídico, tampoco demuestra cuál sería esa situación concreta que se vería beneficiada con la concesión y menos aún, cuál sería el beneficio inmediato o mediato que, con la regulación de la legalidad de los actos que reclaman, podría obtener en su esfera jurídica concreta. Máxime que la quejosa no tiene como actividad la importación ni exportación de cigarrillos eléctricos ni dispositivos vaporizadores con usos similares; sino que únicamente se ostenta como usuaria y/o consumidora de esos productos; por lo que se impone señalar que tratándose de una norma general, reclamada en su carácter autoaplicativa, en el caso de una eventual concesión de amparo, el efecto sería únicamente para que la norma no le sea aplicada a la promovente en lo futuro, no así para que sea adicionada, reformada o derogada, ni mucho menos para que no se aplique a diversas personas (importadores o exportadores), atendiendo al principio de relatividad de la sentencias de amparo, pues de considerar lo contrario, implicaría que a través del juicio de amparo, se podría exigir tanto al Ejecutivo como a autoridades legislativas, emitir leyes o disposiciones de carácter reglamentario, en un determinado sentido. En conclusión, si la quejosa no exhibió medio de convicción a partir del cual se pudiera verificar que le asiste interés legítimo para acudir al juicio de amparo; entonces, lo único que quedó de manifiesto es que cuenta con un interés simple como el que tiene cualquier individuo por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, el cual no encuentra tutela a través del juicio de amparo. En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés legítimo de la quejosa, con fundamento en los artículos 61, fracción XII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto del acto reclamado al Presidente de la República. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por la parte peticionaria del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, Registro 239006, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos reclamados al Presidente de la República; Comisión de Comercio Exterior; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Secretario de Economía; y Secretario de Salud, todos con residencia en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta resolución.
- Principal
Hecho notorio De manera inicial debe decirse que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los informes previos rendidos por la directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional en suplencia del coordinador de lo Contencioso, en representación del presidente de la República (registro 3452), de la Secretaría de Economía (registro 3407 y 3451) y de la Comisión de Comercio Exterior de dicha Secretaría (registro 3408 y 3453), los cuales se ordenan agregar al presente asunto en copia certificada, para que surtan los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, vistos los oficios de las autoridades responsables: presidente de la República, Secretaría de Economía y Comisión de Comercio Exterior de dicha Secretaría, por conducto de la directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional en suplencia del coordinador de lo Contencioso de la Secretarías de Economía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese con vista a las partes y relaciónense en la audiencia Constitucional. Téngase a las citadas oficiantes, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, designando como delegados a los profesionistas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Asimismo, se les tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezcan vías de contacto efectivo en los supuestos que se estime conveniente. ? Difiere audiencia constitucional En atención a lo citado con anterioridad, y a efecto de que las partes se impongan del contenido de los informes que en este auto se agregan, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las trece horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para su desahogo.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, no han rendido informe justificado, ni obra el acuse de recibo mediante el cual se les solicitó, aunado a que varias dependencias se encuentran en su periodo vacacional, por tanto, la audiencia constitucional programada para el día de hoy no es factible de celebración. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las catorce horas con diez minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno, para su verificativo.
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