Alejandra Cervantes Ibarra

Expediente 257/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
257/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2017

Partes del expediente

  • Alejandra Cervantes Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el que envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja civil 41/2017 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa *******, por propio derecho y en representación de la menor *********, en contra del proveído de veinte de febrero del año en curso, dictado en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguense en autos los escritos signados por la parte quejosa **********, quien promueve por propio derecho y en representación de la menor **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se le tiene presentando recurso de queja contra el proveído de veinte de febrero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, residente en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para la substanciación del recurso de mérito. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó, el veinte de febrero de dos mil diecisiete, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo. Finalmente, como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, previo recibo que deje en autos de su entrega; autorizando para recibirla a la persona que menciona.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho y en representación de la menor Fernanda García Cervantes, calidad que acredita en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo con copia certificada del acta de nacimiento con folio ********** expedida por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, contra actos del Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Juventino Rosas, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 257/2017-IV. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario observar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio C-503/2012 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Juventino Rosas, Guanajuato y otra autoridad, y reclama el desalojo del bien inmueble ubicado en finca urbana número **********, actualmente **********, de la calle **********, del ********** **********, manzana **********, de Juventino Rosas, Guanajuato, que arguye es de su posesión, así como todo lo actuado dentro del referido expediente. En ese orden, de las manifestaciones vertidas por la propio quejosa en su demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que desde el doce de mayo de dos mil catorce, tuvo conocimiento del acto que reclama, dado que refiere que en dicha data se presentó en el domicilio aludido el actuario adscrito al Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Juventino Rosas, Guanajuato, a efecto de ejecutar una orden de desalojo ordenada dentro del juicio C-503/2012 de la estadística de la citada autoridad. Aunado a ello, señala que con motivo del conocimiento del supracitado expediente promovió nulidad de juicio concluido precisamente respecto del juicio ordinario civil C-503/2012 del índice del referido órgano jurisdiccional, el cual fue radicado bajo el número C119/2015 por el mismo juzgado y resuelto el cuatro de noviembre pasado; por lo que se puede afirmar que el conocimiento del juicio de origen fue directo, exacto y completo y no con base en deducciones o presunciones. De manera que desde el doce de mayo de dos mil catorce, **********, estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo, pues desde esa fecha se llevó a cabo la diligencia en la que se materializó el acto de afectación al inmueble que aduce es de su posesión. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, para impugnar la orden de desposesión del bien inmueble que defiende transcurrió del trece de mayo al dos de junio de dos mil catorce. Máxime si se toma en consideración que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle su derecho fundamental; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecte su interés, como en la especie, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. Entonces, como el acto reclamado no constituye un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no se reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la promovente presentó la demanda que se estudia hasta el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, como se advierte de la papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesto e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. En el mismo orden, téngase a la promovente autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por así solicitarlo la parte quejosa. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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